Rodolfo Campiña
Rodolfo Campiña Díaz-Agero, funcionario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda, firmó desde su departamento un contrato a la Gurtel sobre Infoeuro, pero se escudó en un permanente “no recuerdo” para rebotar todas las preguntas en torno al mismo. Dijo que había sufrido un “ictus” y que había perdido la memoria, además de que cuando estaba nervioso “me trabuco”. Sin embargo, tuvo que reconocer ante el juez y la fiscal que su firma estaba en los pliegos. “Es mi firma, sí”, admitió. ¿Quien le dio la información sobre Infoeuro siendo un técnico de Medio Ambiente? ¿Como averiguó el precio del servicio¿ ¿Y las condiciones? “No recuerdo”, era su invariable respuesta. También pagaba desde la “caja fija”, pues consta su rúbrica, pero solo “a Ferretería Maja y al Taller Notario”, que estaban cerca y para gastos de poca monta. El abogado de Peñas sí le sonsacó que su concejal era Juan Lantero Bastos (PP), pero el funcionario seguía con su letanía del “no lo sé, no me acuerdo” hasta el punto que el presidente del tribunal le advirtió: “¿no se acuerda por la pérdida de memoria o porque no lo sabe?. Fue la nota sarcástica de la jornada, por decirlo amablemente, aunque ahora habrá que ver las consecuencias de tan acusada pérdida de memoria acompañada de firma.
Javier Pulgar
Con el funcionario Javier Pulgar Ugena pasó exactamente lo mismo. Era programador informático pero a preguntas de la fiscal reconoció que también tenía competencias sobre telefonía. Pulgar otorgó 50.000 conectores a la Gurtel, pero se escudaba en “mis jefes” o “mi concejal”. ¿Quien le informó del precio? ¿Como hizo el pliego económico siendo informático?. “No lo sé”, “no me acuerdo” fueron sus respuestas más recurrentes hasta la hilaridad. ¿Era su concejal Juan Carlos Díaz? “Creo recordar que sí”, llegó a responder, causando sonrisas entre los abogados. ¿Quien elaboró el pliego del contrato de la Gurtel? “No lo sé, no lo recuerdo” o una tercera variante: “no me acuerdo”. Incluso le preguntaron con cierta intención si le había metido en el Ayuntamiento el funcionario procesado Luis Valor, con quien compartía la Informática o si recibía indicaciones verbales y no solo escritas: “No me acuerdo”. Y con ese olvido permanente acabó su declaración. La firma, eso sí, es imborrable.
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