MAYTE ALCARAZ. Esta periodista de ABC se queja del retraso del juicio de la mafia Gürtel, tras la confesión del concejal de Majadahonda, José Peñas, que destapó el asunto como «arrepentido». Su artículo no tiene desperdicio:
«No cerrar en un tiempo medianamente razonable una investigación judicial es inversamente proporcional a la efectividad de la justicia. Provoca juicios paralelos, no atiende a la tutela efectiva de los imputados, encausados y defendidos y, sobre todo, no resarce a la sociedad y a las víctimas de la comisión del delito perseguido. Cuando hace cinco años José Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid), llevaba al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponía de manifiesto que controlaba una red de corrupción de cargos públicos, la opinión publicada se frotó las manos ante la golosa constatación de que una parte de la mano derecha del país era pillada tiznada de lodo. Los ingredientes no podían ser más sabrosos para un buen guiso mediático: la Policía se había topado con una trama liderada por un «Don Vito» que presuntamente sobornaba a responsables del PP con dinero y caprichos y después los chantajeaba para conseguir la adjudicación de contratos.
Era la tormenta perfecta. «Gürtel» se convierte en un seísmo que agita los bastiones más importantes del PP: Madrid y la Comunidad Valenciana, y tambalea los cimientos de Génova, con la implicación de su tesorero, Luis Bárcenas. Alcaldes, diputados, viceconsejeros y otros cargos autonómicos y municipales desfilan por los juzgados; y para salpimentar el caso, por el camino cae un juez –Baltasar Garzón– cuya mala praxis es castigada por el Tribunal Supremo con su inhabilitación. A la investigación le empiezan a crecer nuevas cabezas que lastran la instrucción y alejan inexorablemente el momento en que se pueda ver sentados en el banquillo a los responsables de tamaña estafa a los ciudadanos.
Es necesario analizar oscuras operaciones bancarias, desgranar la documentación llegada al juez, interrogar a centenares de testigos y, sobre todo, seguir el rastro de los flujos de dinero a paraísos fiscales. Y para ello, es preciso pedir comisiones rogatorias a países que, en muchos casos, no son muy proclives a colaborar destapando sus vergüenzas. Aunque el macroproceso apunta a un enriquecimiento personal de dirigentes del PP, no ha logrado desvelar una financiación irregular del partido. Pero se sigue indagando.
Mientras, en el imaginario colectivo fertilizó que el PP se lo había llevado, aunque desde entonces el aturdimiento informativo no ha dejado ver el sol. Nada haría más daño, advierten los juristas, que algún imputado pudiera agarrarse a la atenuante de dilación indebida para sacar tajada del retraso del procedimiento. No es fácil, porque para ello tendría que demostrar los perjuicios que la dilación haya podido generarle. Pero la causa no puede ya demorarse. Ruz dijo hace un año que quería mandar a juicio la matriz de la «Gürtel». Seguimos esperando. Pero el tiempo juega en contra de todos».
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