Alejandro de Pedro con el anagrama de su empresa EICO, que se relacionó con el Ayuntamiento de Majadahonda. La Audiencia Nacional le pide al juez que «reabra» el caso para investigar a los políticos y funcionarios que se relacionaron con él

SERVIMEDIA. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón este miércoles 15 de marzo (2023) que vuelva a imputar a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar en el ‘caso Púnica’ junto a otros tres ex cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre. García Castellón decretó el archivo de las pesquisas para 71 personas, entre ellas la ex presidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, en la causa que investigaba la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011. La Sala entiende que el archivo de la causa para estos 3 imputados se acordó de manera incorrecta. En el momento de concluir la instrucción de la pieza separada 9 del ‘caso Púnica’, García Castellón acordó el archivo para todos esos imputados, pero la Fiscalía recurrió a la Sala de lo Penal, que ahora le da la razón. La Sala de lo Penal explica que el archivo acordado en la pieza 9 de ‘caso Púnica’, relativa a la existencia de una ‘caja b’ en el PP de Madrid, debió en realidad acordarse en la pieza 10, relacionada con ciertas adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro y Comunidad de Madrid a empresas vinculadas al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al ex alcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa.

La Audiencia Nacional también ordena que el ex concejal del PP en Majadahonda «arrepentido», José Luis Peñas, vaya otra vez a declarar por el «caso Gurtel»

EL CONFIDENCIAL. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha citado a declarar como testigo a José Luis Peñas en el juicio contra la rama valenciana de Gürtel por la que se sienta en el banquillo el ex presidente de la comunidad Francisco Camps, informa El Confidencial. «Peñas fue el concejal del municipio madrileño de Majadahonda que durante años estuvo grabando las conversaciones de la trama que sirvieron para investigar la corrupción en el PP. Una década después, la primera sentencia del caso provocó la moción de censura que descabalgó de la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy y aupó al actual líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez», señala el diario.

Telemadrid recuerda que Lucía Figar pagó a Alejandro de Pedro 21.000 € por un informe de 33 páginascon faltas de ortografía

TELEMADRID. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó en enero de 2011 un total de 21.240 euros a una empresa vinculada al presunto «conseguidor» de la red corrupta Púnica Alejandro de Pedro por un informe de apenas 33 páginas y con faltas de ortografía sobre la presencia de este departamento en Internet. El trabajo, titulado «Informe situación actual en la red», figura en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tenía como objetivo analizar la presencia en las redes del departamento dirigido entonces por Lucía Figar. La factura por este trabajo, que se incluye igualmente entre la documentación aportada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, fue girada por la empresa Redytel Ingeniería de Telecomunicaciones, perteneciente a la red de sociedades de De Pedro. Cada página del informe le costó a las arcas públicas 643 euros. La Sala ordena así que se vuelva a imputar a Lucía Figar, al ex viceconsejero Manuel Pérez, al ex director de Prensa de la Consejería de Educación Pablo Balbía, y el ex director de la Fundación para el Conocimiento Luis Sánchez.

Toda la prensa nacional vuelve a sacar el nombre de Majadahonda relacionado con la «trama Púnica» de corrupción en el PP

VOZ POPULI. El juez encarga un informe para detectar las ‘mentiras’ publicadas por la ‘Púnica‘. En un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la sección cuarta de la Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y devuelve la condición de imputados a Lucía Figar, al ex viceconsejero Manuel Pérez y a otros dos investigados en la pieza número 10 del caso, centrada en presuntas irregularidades en la contratación de empresas de la trama para realizar trabajos de reputación online. Anticorrupción sí entendía que había «indicios» de que Victoria «habría intervenido en el ilícito medio para abonar» trabajos realizados por un empresario relacionado con la trama «para políticos pertenecientes al Partido Popular con cargos en la administración pública», si bien el tribunal considera que la instrucción no permite llegar «inequívocamente» a la «versión incriminatoria» de la Fiscalía. La Sala de lo Penal aún debe pronunciarse sobre otros recursos formulados por acusaciones populares, que solicitan volver a imputar a Aguirre y González en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. PUBLICO. García Castellón había decretado el archivo para 71 personas, incluida la ex presidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, por la financiación irregular del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos. El magistrado finalizaba con esta decisión la instrucción de la pieza separada 9 del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción recurrió y ahora la Sala de lo Penal le da razón, explicando que aunque el archivo se acordó en la pieza 9, la relativa a la presunta existencia de una ‘caja b’ en el PP de Madrid, se debió haber decidido en la 10, sobre las adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro y Comunidad de Madrid a empresas vinculadas al ‘conseguidor’ de la trama Púnica Alejandro de Pedro y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa.

El País alude a los trabajos «on line» de Alejandro de Pedro con el Ayuntamiento de Majadahonda

EL PAIS. Los trabajos de reputación on line de Alejandro de Pedro forman parte de las piezas: la 9, sobre la financiación del PP regional, y la 10, sobre el pago de estos encargos con fondos públicos. En todo caso, el juez García-Castellón rechazó la petición de procesar a Salvador Victoria. En su recurso, la Fiscalía explicaba que Figar, Balbín, Sánchez y Pérez no se encontraban imputados en la Pieza 9 del sumario, sino en la 10, en la que se investigan una parte de los trabajos online prestados por De Pedro —se centra en los concernientes a los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Coslada, Alcobendas, Majadahonda, y los ocurridos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en terceros países iberoamericanos—. Además, el ministerio público alegó que existen indicios suficientes contra estos cuatro ex altos cargos. Impulsaron, autorizaron y “fraccionaron contratos” para concedérselos al informático, expuso Anticorrupción, que señaló de nuevo como la gran beneficiara a Figar, muy próxima a Esperanza Aguirre.