FEDERICO UTRERA. Se llama Juan Gil y era director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Majadahonda. Fue cesado fulminantemente, pero un halo de silencio y sombras rodea su despido. Como es funcionario, no solo no lo echan por inepto u otra cosa peor sino que se le busca acomodo en otro lugar y se le sube el sueldo. Es la Función Pública en España y un ejemplo se produjo en Majadahonda, donde el caso de este alto cargo puede ser emblemático. Nadie pronunció su nombre en el pleno del Ayuntamiento pero se describieron su vida y milagros. En su red social Juan Gil, que así ha querido denominarse a secas, ha puesto que es profesor asociado en la Facultad Derecho de la Universidad Complutense de Madrid además de funcionario majariego, porque en la España del paro más alto de Europa los trabajadores públicos pueden tener dos empleos. El pleno del Ayuntamiento de Majadahonda echó abajo su nuevo nombramiento, pues el Grupo Popular quería acomodarlo modificando la plantilla municipal para crear un puesto de trabajo de Coordinador Jurídico Grupo A1, Nivel 28 y aprobando un complemento personal transitorio como empleado municipal. Nadie habló tampoco de cifras, pero todos los grupos muncipales admitieron estos último porque en el sector público español así está establecido por ley a diferencia de la empresa privada, pero al menos no se guardaron ni un solo reproche hacia Juan Gil.
Manuel Ortiz (PP) se limitó a señalar que el cambio de puesto era “una cuestión meramente legal” porque “tenemos la obligación de pagarle un nivel 28” y “no podemos tenerlo dos años en el limbo”. Tampoco quiso trasladarlo a otro Ayuntamiento vecino porque “no podemos decirle a otro alcalde: ¡aquí te mando a uno!”. No hizo grandes alardes dialécticos en su defensa, como en sus habituales intervenciones. Tampoco David Ayuso (Ciudadanos), que negó que no hubiera una mesa en el Ayuntamiento para buscarle algo que hacer: “creemos que existe el puesto: hay 2 vacantes en Urbanismo y también se van a producir jubilaciones”, al tiempo que negaba utilidad al informe de la secretaria municipal por lo que parecía un tufo corporativista: “no nos vale para nada”. Tampoco Elisa Piñana (PSOE) lo vio claro: “No apoyamos la modificación de la plantilla”. Sin citarlo, dijo que Juan Gil “entró como funcionario en 2007 y se le nombró personal de confianza en 2009” y ahora “se le hace un traje a medida después de ser cesado” cuando “hay plazas disponibles” en el Ayuntamiento. También se quejó de la demora en la puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que fue aprobada en pleno y que Ortiz estimó en dos años para aprobarla. Alberto Moreno (Somos) también dijo que el citado alto cargo entraba “por la puerta de atrás” en su nuevo destino: “están inflando el número de funcionarios”, sentenció. Sugirió incluso que la ley permite enviarlo “a municipios aledaños” si éstos tienen huecos y recomendó “estudiar todos los supuestos”.
Más duro aún se mostró Juancho Santana, que aclaró la trayectoria de Juan Gil: “lo cesan el 25 de febrero como cargo de confianza política, pero el 24 la concejala de Educación reclama un puesto de coordinador de 3 servicios”. Esta coincidencia le escamó y aún más que el 10 de marzo “se haga una modificación de crédito” para remunerar su nuevo puesto de trabajo cuando para otros asuntos tarda meses: “El problema es suyo y es político”, le dijo al alcalde Narciso de Foxá, al tiempo que denunciaba la opacidad de las razones del cese: “fue una pérdida de confianza, se habla también de que los trabajadores municipales no se llevaban bien con él”. Y desveló la última hipótesis, de la que nadie habla: “es la versión menos amable, pero se dice que se le pudo abrir un expediente disciplinario por conductas inapropiadas”. Mercedes Pedreira lo resumió todo el debate así: “Es cada vez más serio y urgente hacer una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a la que además la ley nos obliga”.
