MANU RAMOS. El magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, estaba decidido a primera hora de este martes 11 de agosto (2020) a «apartarse de forma voluntaria» y dimitir de la composición del Tribunal de Garantías para «no dañar la imagen de la institución» aunque la denuncia «no tenga ningún fundamento», según había admitido en una declaración al periodista Javier Álvarez. Según le reconoció al redactor, «la discusión fue verbal y algo subida de tono aunque en ningún momento hubo violencia verbal ni física. De hecho, no hay ninguna denuncia por parte de la pareja del magistrado, ni parte de lesiones». Horas después, sin embargo, se arrepintió: «El magistrado ha reiterado al presidente del Tribunal Constitucional en su reunión a solas de esta tarde que no hizo uso de ninguna violencia durante el incidente con su esposa, por lo que no ve motivos para presentar su renuncia al cargo. González Rivas tampoco se la pidió». ¿Qué ocurrió en el transcurso de esas horas? La reacción corporativa de tres asociaciones de jueces y del propio TC pudo influir en el cambio de postura, aunque la juez Elena Garde se mantiene en sus trece: hay indicios de delito. Tan solo el portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Luis Santamaría, ha aconsejado al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género, que dé «un paso atrás» para «salvaguardar la Institución», sin que ello «implique prejuzgar los hechos». El incidente se produce, además, 22 días después de una relevante sentencia del propio TC en la que se exige a los órganos judiciales una investigación «suficiente y eficaz» de los asuntos de violencia de género, a los que aplica un «canon reforzado del deber de actuación diligente y sin dilaciones«. La sentencia, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, lleva también la firma de Fernando Valdés.

La actitud decidida de la magistrada del Juzgado nº 7, Elena Garde, es mencionada por numerosos periódicos, ya que insiste en ver indicios de delito: «El Juzgado podía haber archivado las diligencias, pero no lo ha hecho. Fuentes jurídicas explicaron que se ha valorado el testimonio de los dos jóvenes que alertaron a la Guardia Civil. Uno de ellos manifestó que escucharon «gritos de auxilio» procedentes de la terraza en la que se encontraba la esposa de Fernando Valdés», señala El Español. «La jueza ha dejado en libertad a Valdés tras valorar su estado de salud y edad, además de tener en cuenta la epidemia sanitaria derivada de la Covid-19. No obstante, la magistrada afirma en su auto que existen indicios de un presunto delito de violencia de género y anuncia que, dado el fuero del implicado, remitirá las diligencias a la Sala Penal del Supremo», concluye la Cadena SER.

El periodista Juan José Fernández (El Periódico) señala que la orden de libertad sin medidas cautelares de la jueza Elena Garde se ha dictado en un auto en el que decide que no puede abrir la instrucción y remite el caso al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del magistrado del Constitucional. Juan José Fernández añade que «Valdés ha entrado en un estado de libertad provisional después de declarar esta mañana ante el juzgado que, en la localidad madrileña, se dedica a temas de violencia de género. Dirige ese juzgado 7 la jueza María Elena Garde, que en desde hace dos años es objeto de denuncias por una «Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción», encarnada por uno de sus encausados». Y concluye: «Cuando, mediada la mañana de este martes, el juzgado de primera instancia e instrucción 7 de Majadahonda (Madrid) ponía en libertad con cargos a Fernando Valdés Dal-Ré, concluía el primer capítulo del peor proceso al que se enfrenta este magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los más reputados expertos en el mundo del Derecho Laboral, ahora incurso en una casa por un supuesto delito de violencia machista.

El portavoz de Justicia del GPP en el Congreso de los Diputados, Luis Santamaría, ha aconsejado este martes 11 de agosto (2020) al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género, que dé «un paso atrás» para «salvaguardar la Institución», sin que ello «implique prejuzgar los hechos».En un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, Santamaría ha explicado que «por la enorme trascendencia» que la Constitución española «otorga al Tribunal Constitucional», Valdés debería dar «un paso atrás» tras la denuncia por un presunto caso de violencia de género. «Sería lo más aconsejable para salvaguardar la institución», ha reafirmado. No obstante, el portavoz de Justicia de los ‘populares’ en la Cámara Baja ha señalado que ese paso atrás no debería implicar «prejuzgar los hechos». «Y sin que ello implique prejuzgar los hechos», ha escrito en su cuenta personal de Twitter. Por su parte, el presidente del TC, Juan José González Rivas, interrumpió sus vacaciones en Galicia y se trasladó a Madrid para abordar la crisis derivada por este asunto en el seno del Constitucional.

«El presidente puede encontrarse la renuncia del magistrado Fernando Valdés encima de la mesa, en cuyo caso, si cumple los requisitos que contempla el Reglamento orgánico del Tribunal Constitucional, convocará un pleno gubernativo formado por todos los magistrados menos el afectado) que estudiará la renuncia», informaba la cadena SER antes de su «marcha atrás». Y recordaba que «aunque durante el periodo de vacaciones hay una sala especial de magistrados para tramitar asuntos urgentes, no podrán estudiar el caso dada su trascendencia y urgencia, por lo que el presidente convocará a los 11 magistrados de forma inmediata». Por último, numerosos medios señalan que esta es la segunda investigación penal sobre un magistrado del TC: «Fernando Valdés se convierte en el segundo magistrado del Tribunal de Garantías que se ha visto envuelto en una investigación penal y el primero en hacerlo por un caso de violencia machista. Enrique López (PP), actual consejero del gobierno de Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y apartado del Tribunal de Garantías».

El Tribunal Constitucional ha emitido además un comunicado en el que apela a respetar el derecho a la presunción de inocencia del magistrado Fernando Valdés tras ser detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género. En el comunicado, el tribunal de garantías afirma: «Mientras continúe el procedimiento judicial en curso, debe recordarse que el magistrado está amparado en su derecho fundamental a la presunción de inocencia». En el mismo sentido se han manifestado varias asociaciones de jueces que han defendido en declaraciones a Europa Press la presunción de inocencia de Valdés. El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha destacado la importancia de «dejar que la investigación avance para esclarecer lo sucedido y respetar la presunción de inocencia, porque tal vez es demasiado pronto sacar conclusiones». Lo mismo opinan la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, y la nueva portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ascensión Martín, que señalan que estos momentos se desconocen los términos de la denuncia y destacan que la dimisión es una decisión de «carácter personal».