JORGE RUBIO. El Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra directivos de Bantierra en un caso de blanqueo de capitales que fue denunciado por Mar Uriarte, vecina de Boadilla, muy vinculada a Majadahonda y afiliada a Ciudadanos (Cs). Uriarte fue testigo de estas presuntas actividades ilegales que se estaban realizado en la sucursal bancaria de la Caja Rural de Aragón (Bantierra) donde trabajaba. Tras un proceso lleno de dificultades a la hora de sacar a la luz estos hechos, la denunciante recurrió a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid al ser el «único organismo de mi máxima confianza ahora mismo en España» al tiempo que lamentaba que «no hay interés en perseguir la corrupción en este país«. Ahora, la justicia admite a trámite esta denuncia en la que se investiga el proceso de venta de 15 oficinas de Bantierra ubicadas en Madrid, Barcelona, Valencia y Tarragona así como el traspaso de 40 trabajadores a Arquia Banca. Un proceso en el que se determinará si se produjo el presunto blanqueo de capitales a través de un «alzamiento de bienes» que según detalla Mar Uriarte en un comunicado fue «autorizada por el Banco de España, quien pudo vulnerar su función como supervisor  y que ha dado lugar a una denuncia ante el Banco Central Europeo contra la autoridad monetaria española». A continuación reproducimos íntegramente dicho comunicado: 

«El Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra directivos de Bantierra, entre los que se encuentra el expresidente José Antonio Alayeto, que serán citados a declarar próximamente en calidad de investigados, tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ante el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, puesto que inicialmente fue archivada la querella por el juez de instrucción. También han sido citados como testigos el ex responsable de la OCI y auditoria interna de Bantierra, Marcos Puyalto, que curiosamente fue nombrado en diciembre de 2017, tras la querella de Anticorrupción, Consejero Delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón dependiente del Gobierno aragonés. Otro testigo es el ex secretario general de la Agrupación del Sector Financiero de CCOO en Aragón, Jesús Gracia, que dejó su cargo sindical en noviembre de 2017″.

«En 2012 y 2013, la ex empleada de Bantierra y abogada, Mar Uriarte empezó a detectar operaciones irregulares de la entidad Bantierra con ciudadanos de origen chino, que blanqueaban efectivo a través de operaciones hipotecarias y cambio de billetes por millones de euros. Los directivos de Bantierra intentaron obligarla a la comisión de los presuntos delitos, negándose a ello y comenzando un calvario de acoso, común para todos los denunciantes de corrupción, que finalmente afectó a su salud psicofísica. Siguiendo el protocolo establecido por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y la IV Directiva Europea, emitió un informe interno a sus superiores, incluido el presidente, que la entidad hizo caso omiso, sin comunicar indicios de blanqueo de capitales al Sepblac, continuando con operaciones de blanqueo. Tras reunir la carga de pruebas necesaria al amparo de la propia Ley 10/2010, se acogió a una baja médica y en mayo de 2015 presentó denuncia ante el Sepblac y la Fiscalía Anticorrupción».

«Cuando tuvo lugar su reincorporación de la baja médica, la denunciante de corrupción fue despedida disciplinariamente por la nueva dirección de Bantierra, mediante una trampa urdida por la entidad financiera. Al conocer Bantierra, antigua Caja Abogados, en mayo de 2017, que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella por blanqueo de capitales a través de operaciones hipotecarias y cambio de billetes en efectivo, procedió a vender en julio de ese mismo año a Arquia Banca (Caja de Arquitectos ), las 15 oficinas de Bantierra ubicadas en Madrid, Barcelona, Valencia y Tarragona donde se produjeron los presuntos delitos, además de traspasar a Arquia Banca los 40 trabajadores, muchos de ellos en situación de investigados, y el fondo de clientes. Esta operación puede presentar signos de un presunto alzamiento de bienes, que por otra parte fue autorizada por el Banco de España, quien pudo vulnerar su función como supervisor, y que ha dado lugar a una denuncia ante el Banco Central Europeo contra la autoridad monetaria española».

«Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha incoado diligencias de investigación, que han recaído en la Fiscalía de Madrid, ante la denuncia presentada por Mar Uriarte contra determinadas autoridades y funcionarios, que han vulnerado derechos fundamentales de la denunciante, y ante todo el derecho de protección de la empleada de Banca denunciante de indicios de blanqueo de capitales, regulado por el art. 30 y 65 de la Ley 10/2010 y por el art. 61 apartado 3 de la V Directiva Europea, frente a cualquier amenaza o acción hostil en el área laboral como fue el despido disciplinario. Esta normativa de protección para los empleados del sector financiero, es un derecho ya reconocido por la IV y V Directivas Europeas, frente a las reivindicaciones de otros colectivos de denunciantes de corrupción en otros sectores, que esperan entre en vigor la Directiva de protección de whistleblowers, aprobada por el Parlamento Europeo y la Comisión, que permitirá la transposición a la retrasada proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de Denunciantes que se tramita en el Congreso de los Diputados».