Rufino Aguado, BRS Auditores
Rufino Aguado, responsable de la firma BRS Auditores de Majadahonda, ha asistido como colegiado en Auditoría a la sexta edición del Auditmeeting, que reúne en Madrid a más de 600 auditores. Valentín Pich y Lorenzo Lara, presidente y vicepresidente del Consejo General de Economistas, inauguraron este cónclave en el que los especialistas debatieron sobre la transparencia y el control del sector público. “Uno de los puntos en los que más se incidió fue en lo relacionado con la mejora que debe de haber para la transparencia y control en el Sector Público, orientado a la fiscalización de la gestión de los fondos. Nuestro énfasis insiste en que las auditorías en el Sector Público deben ser de Gestión, no las financieras del Sector Privado y que tanto contribuyen a confundir a la opinión pública”, declaró Aguado a MJD Magazin. “Los auditores piden más transparencia y control en el sector público”, titulaba a su vez el periodista Ignacio Faes de “El Economista”.
Valentín Pich
La corporación de auditores Rea-Rega del Consejo General de Economistas ha exigido la elaboración de un código de buenas prácticas en la gestión del sector público. «Es fundamental que los ciudadanos puedan conocer el coste de las políticas públicas aplicadas, los resultados conseguidos y las desviaciones de los objetivos establecidos en su aprobación, así como las causas que las hayan motivado», subrayaron los economistas. Pich ofreció la colaboración del colectivo de profesionales que representa para la elaboración del código de buenas prácticas y para su implantación y el seguimiento de su aplicación. Sin embargo, valoró de forma «positiva» las reformas estructurales realizadas en materia de transparencia y los trabajos realizados desde la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora).
Lorenzo Lara
Los economistas piden que «la información elaborada por el sector público no se limite a la liquidación del presupuesto y sea enriquecida con la información de gestión adecuada para que los ciudadanos puedan conocer el coste de las políticas públicas aplicadas«. Además, destacan la «la necesidad de informar sobre el funcionamiento de su control interno, como base para incrementar la confianza en la calidad de la información elaborada por la entidad». En concreto, los especialistas proponen un «un código ético en el que se precisen los valores a los que se compromete el sector público«. Además, apuestan por que «los empleados públicos tendrán la obligación de comunicar cualquier irregularidad de potencial relevancia, que hayan identificado en el ámbito financiero, contable o de cumplimiento, dotándolos de la adecuada protección legal para evitar posibles represalias».
El sistema de control que plantean debe contemplar, también, la dotación a los órganos internos de control de la independencia necesaria para realizar su labor sin injerencias de los órganos sometidos a su control. Por otra parte, piden «la dotación a los órganos de control de los recursos adecuados, en cantidad y perfil profesional, para el cumplimiento de sus fines, así como la posible colaboración de auditores externos».
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