J. FEDERICO MTNEZ. Teresa Ribera es la nueva ministra socialista de Transición Energética y, al igual que José Borrell, tiene su origen en Majadahonda, ciudad madrileña donde reside y en la que su marido, el profesor y abogado Mariano Bacigalupo, está muy vinculado a la vida política del PSOE. Este profesor de Derecho, que representa a los socialistas en los organismos estatales reguladores de Energía, es hijo de Enrique Bacigalupo, el abogado de Messi, que se hizo célebre en España por la instrucción del «caso Filesa» y su relación con el «caso Sogecable», aunque también por endurecer las penas por el fraude del «aceite de colza». Discípulo en Argentina del ilustre letrado socialista exiliado Luis Jiménez de Asúa, los Bacigalupo poseen una relación muy estrecha con el PSOE y una cercanía a Felipe González que no ha sido obstáculo para simultanearla con un apoyo cerrado a Pedro Sánchez. De ahí que Teresa Ribera fuera una «ministrable» fija que, en este caso y al contrario que la pareja Borrell-Cristina Narbona, se ha adelantado a su marido, que también figuraba en las quinielas. He aquí algunos datos biográficos que podrán ayudar a conocer a esta influyente familia de altos funcionarios que vive en Majadahonda. Y diez claves que ayudarán a entender su futura gestión política:

Fiel a Pedro Sánchez. «A caballo entre Madrid y París, Ribera estuvo al lado de Pedro Sánchez desde que este llegó por primera vez a la secretaría general del PSOE. En 2016 la eligió para su «Gobierno en la sombra» y ha sido la presidenta del CAPTE (Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía) que crearon los socialistas. Cada vez que Sánchez mencionaba la «transición energética» -algo que hacía a menudo-, más de un destacado socialista no podía evitar pensar en Ribera«, escribe Rafael Méndez en El Confidencial. Y añade: «Activa en Twitter, ha defendido que es el momento de abandonar el carbón, apostar por las renovables y hacerlo desde un impulso decidido desde las instituciones, de forma que el sector privado capte las señales para dirigir las inversiones».

Firmó el «caso Castor»: «Ribera fue, en su etapa como secretaria de Estado con Zapatero, la encargada de firmar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto del almacén de gas Castor. Esta instalación, que fue parada por el Gobierno de Rajoy tras sufrir sucesivos seísmos, es una de las cuestiones más espinosas en materia energética actualmente, dado que los bancos acreedores de la deuda del mismo han presentado una demanda contra el Estado después de que se les dejara de pagar».

La vuelta a la tortilla: ahora ella negocia con los bancos. «La Fiscalía de Castellón denunció a varios técnicos del Ministerio y del Instituto Geológico y Minero (IGM) por esa tramitación ambiental, pero nunca a Ribera. De haberlo hecho, probablemente el caso habría pasado a Madrid y la Fiscalía provincial habría perdido el control del asunto. Eso libró a Ribera de declarar ante el juez aunque sí hizo que varios técnicos fueran imputados. Eso, a su vez, llevó al bloqueo de facto de las declaraciones de impacto ambiental en España, pues los técnicos del Ministerio empezaron a poner todo tipo de cautelas antes de firmar. El caso generó una situación inusual: tras analizar los informes, la Abogacía del Estado asumió la defensa de los técnicos, algo que solo hace cuando no ve ninguna responsabilidad en los funcionarios. Eso hizo que se enfrentase a la Fiscalía, cuando lo normal es que vayan de la mano, como en el caso Gürtel o en el Puerto del Musel. Ahora será Ribera la que deberá llevar la compleja negociación con los bancos».

Podemos la apoya: «El co-portavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha valorado tanto el «giro político» que supone la creación de un Ministerio de Transición Energética como la elección de Teresa Ribera para dirigirlo y ha dicho que espera que el cambio climático centre sus políticas. «Teresa Ribera es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático aunque tenga algunas decisiones cuestionables, como fue el «caso del Castor». Esperamos que sea capaz de liderar la transición energética que necesitamos de forma urgente», ha apuntado el diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de Unidos Podemos. A pesar de estas buenas valoraciones, López de Uralde ha advertido de que estarán vigilantes para que «no sea el oligopolio energético quien acabe dominando la política de cambio climático, sino al revés». En este sentido, el diputado vasco considera «fundamental» impulsar la Ley de cambio climático y transición energética que la ex ministra ‘popular’ Isabel García Tejerina había prometido para el segundo semestre de este año. Pero, además, Equo avisa que la ausencia de esta norma no impide que «se puedan aprobar por fin algunas reformas urgentes» como la eliminación del impuesto al sol, y que se aborde el cierre nuclear y del carbón.

En el PSOE de Majadahonda: Javier Vales y Mariano Bacigalupo pugnaron por la secretaría general del PSOE de Majadahonda,según hizo público MJD Magazin, que contó como ambos aspiraban a la vacante por la inesperada dimisión de Borja Cabezón tras las elecciones de 2015. Más de un centenar de afiliados votaron la renovación del partido en un acto interno en el que no se sabía si habría dos candidaturas, se fundirían ambas o incluso alguno de los dos se retiraría a última hora, según anticiparon fuentes socialistas a este diario. Y así fue: Bacigalupo se retiró.

Intereses «poderosos» en conflicto: En una entrevista a Mariano Bacigalupo en la web Madrimasd.org le preguntaron qué tendencia seguiría en el futuro la regulación energética que ahora dirige su esposa y él respondió: «En el contexto actual no es fácil hacer prospectiva regulatoria, pero yo sí diría que la gran reforma pendiente de la regulación del sector eléctrico debería aportar inteligibilidad, transparencia y estabilidad a la regulación. Incluso para el experto, la regulación actual es extremadamente profusa, confusa y cambiante. Debajo de su artificiosa complejidad y de su opacidad, dispersión y mutabilidad se esconden muchas veces, y quizás deliberadamente, previsiones regulatorias abstrusas que encubren situaciones y beneficios injustificados e inconfesables. Eso se debe acabar. Pero es difícil. Los intereses en conflicto son, además de cualificados, poderosos». Y es que hace justo 1 año, el 9 de junio de 2017,  el  Gobierno cambió a dos consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) gracias a un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. De esta forma, los tres nuevos consejeros fueron Mariano Bacigalupo Saggese, Pilar Canedo Arrilaga y y María Ortiz Aguilar.  Él nació como su padre en Buenos Aires, el 13 de febrero de 1968 y es miembro de la Sala de Recurso (Board of Appeal) de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea (ACER), renovado para un segundo mandato de cinco años en 2016.  Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), director del Servicio Jurídico, vicesecretario del Consejo de la CNE y Letrado Jefe de la Sección de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forman parte de su curriculum enviado y visado por la CNMC.

Su padre («Don Enrique»), discípulo de Jiménez de Asúa. Jesús Barquín Sanz en la web Criminet.ugr.es cuenta que el doctor Enrique Bacigalupo nació en Buenos Aires, donde comenzó su trayectoria científica como discípulo del profesor Luis Jiménez de Asúa. Posteriormente, «las circunstancias trágicas por las que pasó la Argentina a partir de la década de los setenta determinaron que desarrollara un segundo tramo de su carrera académica en Alemania, fundamentalmente en la Universidad de Bonn, hasta que se incorporó a la Universidad Complutense de Madrid en 1978. Desde 1986 es catedrático de Derecho Penal y en 1987 ingresó como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (España), la que juzga a los políticos. «Además de su ingente producción en el Tribunal Supremo, que constituye una referencia insoslayable en la jurisprudencia penal española de, al menos, la última década del siglo XX, el profesor Bacigalupo es autor de una veintena de libros y más de un centenar artículos publicados en España, Alemania, Argentina y otros países. De entre los primeros, cabe destacar su laureada tesis doctoral «Delitos impropios de omisión» (dos ediciones: 1970 y 1983), «Delito y punibilidad» (1983 y 1999), o los «Principios de Derecho Penal» (cinco ediciones desde 1985 hasta 1998)».

El abogado de Messi y de las «tarjetas black»: ¿Quién es el nuevo abogado de Messi? se preguntaba Diariogol.com sobre su padre: «Enrique Bacigalupo (Buenos Aires, 1938) es el nuevo abogado de Leo Messi y tiene como misión evitar que el astro argentino se siente en el banquillo de los acusados. Magistrado de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo durante más de 20 años (1987-2008), Bacigalupo se formó jurídicamente en su Argentina natal (licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, 1960) y, posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid (1981), donde se doctoró. Es doctor honoris causa por muchas universidades extranjeras. En el Supremo, Bacigalupo estuvo entre los magistrados que resolvieron el ‘caso Sogecable’, por el que fue condenado Javier Gómez de Liaño y Botella a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. También participó en el ‘caso Filesa’ y el ‘caso GAL’. Muy vinculado a Felipe González en su momento, actualmente lleva la defensa de las famosas tarjetas black de Bankia».

Silvina Bacigalupo, la otra socialista de la familia.  A los 70 años, don Enrique se vio forzado a abandonar el Supremo por cuestiones de edad en base al artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que le llevó a buscar un hueco en la abogacía. Bacigalupo pasó a formar parte de la firma de abogados más grande del mundo, DLA Piper (2011), y actualmente asesora a otro prestigioso bufete internacional, Olswang. Pero fue su hija Silvina Bacigalupo quien llevó el día a día del ‘caso Messi’, algo que su padre asumió «como un auténtico reto tras toda una vida dedicada al derecho»: «Sus elevados conocimientos de las leyes y la doctrina, su posible influencia en el poder judicial por su larga estancia en el Supremo y su condición de argentino han sido aspectos vitales para que los Messi depositarán toda su confianza en él, tras quedar desencantados con Cristóbal Martell». Sin embargo, no fue Don Enrique el encargado de gestionar el día a día de las actuaciones del caso, sino que para ello situó a su hija, Silvina Bacigalupo, también catedrática en derecho penal. Además, contaon con la ayuda del abogado penalista Javier Sánchez-Vera, del despacho madrileño Oliva-Alaya, contó Diario Gol. Resultado: Messi y su padre fueron condenados a 21 y 15 meses de prisión por delito fiscal al defraudar 4,1 millones de € pero no entraron en prisión. Eso sí: pagaron 3,4 millones más.

Enfrentado a los militares golpistas de Argentina. «Don Enrique» comenzó su carrera académica en 1958 en la Universidad de Buenos Aires, como ayudante primero y asistente después de don Luis Jiménez de Asúa, que era director del Instituto de Derecho Penal y Criminología: «Mi relación con él fue muy estrecha y cotidiana y se prolongó hasta su muerte el 26 de noviembre de 1970. Fueron 12 años de una relación discipular extraordinariamente intensa. Luego, mi carrera fue alterada por los sucesos políticos argentinos y las intervenciones de los gobiernos militares en la universidad. En el año 1966, Jiménez de Asúa renunció a su puesto en  la universidad protestando por una salvaje intervención del gobierno militar y todos sus asistentes renunciamos con él», contó en la entrevista con Jesús Barquín Sanz.

Exiliado en Alemania. «Posteriormente, en 1971, obtuve una plaza de profesor ordinario, si bien desde 1967 hasta 1971 estuve la mayor parte del tiempo en Bonn. En 1974, se produjo otra situación académica, cuando el gobierno de Isabel Martínez, la mujer de Perón, “depuró”, por utilizar una expresión que es bien conocida en la experiencia histórica española, una lista de profesores de la universidad de Buenos Aires. Entonces volví a Alemania. En 1984, durante el gobierno presidido por Raúl Alfonsín, se declaró la ilegalidad del cese que me había perjudicado 10 años antes. En esta nueva estancia en Alemania permanecí hasta 1978 en la Universidad de Bonn y, en parte, también en el Instituto Max Planck en Friburgo, dedicado  exclusivamente a tareas académicas. Tenía lo que llaman en Alemania un «Lehrauftrag» en la Universidad de Bonn, por lo que daba dos clases semanales de Derecho penal sobre temas específicos y el resto del tiempo lo dedicaba a trabajos que publiqué más adelante. Por ejemplo, «Delito y punibilidad», que constituyó mi tesis doctoral española».

El conflicto con los Polanco, la guerra mediática con Pedro Jota y el «caso Filesa»: En una entrevista publicada en El Confidencial en julio de 2008, Gómez de Liaño denunció que los magistrados Bacigalupo y García Ancos «se pusieron entonces al servicio de los intereses del fallecido Jesús de Polanco (editor del Grupo PRISA y El País). “Mi comportamiento en aquel caso fue siempre correcto, como en todos los demás asuntos que he instruido”, explicaba el aludido. “Un comportamiento homogéneo que no gustó a alguien, ya se puede imaginar usted quién, y que con su Grupo inició una batalla muy dolorosa contra mí y que contó para ello con la ayuda, al menos, de dos magistrados del Tribunal Supremo, los dos, por cierto, ya jubilados”, dijo en implícita alusión a Pedro Jota Ramírez, entonces director de «El Mundo». Enrique Bacigalupo, alineado en el sector progresista del Tribunal, también heredó en 1995, tras la renuncia a la carrera judicial del juez Marino Barbero, los 22.000 folios del «caso Filesa», la trama de financiación irregular del Partido Socialista, que concluyó con varios condenados pero con Felipe González exculpado. El Gobierno de Aznar (PP), finalmente, los indultó.

La sentencia de la colza: Una de sus principales actuaciones como magistrado fue la sentencia del «caso del aceite de colza». Bacigalupo corrigió la polémica decisión de la Audiencia Nacional y cuadruplicó las penas a los principales implicados. Y del Supremo al despacho de abogados más grande del mundo: «Enrique Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal y magistrado emérito del Alto Tribunal, se pasó a la actividad privada como socio en Madrid de la firma internacional DLA Piper. El juez de procedencia argentina, que dio a la Justicia española tardes de gloria tan sonadas como la condena de Javier Gómez de Liaño (caso Sogecable) por prevaricación, reforzó el área de Procesal del bufete y para impulsar la práctica del Derecho Penal Económico, según hizo público este despacho de abogados.