SONIA BLUE. «Antes de llegar aquí ni me imaginaba lo que implica gestionar la vida de una persona multiplicado por más de 3.000, es una tarea ingente», señala García Durrif, que habla con verdadera pasión del trabajo por el que cambió el Juzgado de Majadahonda hace casi seis años. «Esto no sería posible sin la ayuda de un sistema informático propio que nos permite tener toda la información digitalizada», resume la ex magistrada a Marta Belver en el diario El Mundo. Y es que estamos en la Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad, un organismo que ejerce de padre y madre de 3.367 personas mayores de 18 años incapacitadas por decisión judicial. La cifra se ha incrementado un 18% los últimos tres años y en el Gobierno regional prevén que la tendencia va a seguir por la misma senda alcista en los siguientes.«Cuando asumimos un nuevo caso la responsabilidad es nuestra de principio a fin», explica Carolina García Durrif, directora de este servicio autonómico y jueza de profesión. «Como representantes legales de ellos que somos, gestionamos la vida entera de nuestros tutelados: desde sus cuentas bancarias, unas 6.000 en la actualidad con un millón de movimientos al año, hasta la elaboración de sus declaraciones del IRPF, ya que como ciudadanos de pleno derecho también son obligados tributarios», apostilla.

«Debido al volumen de trabajo que ha asumido la agencia en dos décadas han tenido que crearse tres nuevos departamentos especializados:el de testamentarias, que tramita 150 herencias anuales; el de inmuebles, que gestiona 2.000 viviendas que implican 800 avisos de averías, alrededor de 600 alquileres y 30 ventas previa autorización judicial cada 12 meses; y el tributario, para los pagos periódicos y multas de las distintas administraciones. Según apunta García Durrif, los adultos que precisan del manto de protección institucional padecen sobre todo enfermedades mentales, alguna discapacidad intelectual o incluso pluripatologías. La mayoría de ellos sí tienen red familiar detrás pero o los allegados no son considerados idóneos por el juzgado que decide sobre la situación de la persona dependiente o bien rechazan ocuparse de ellos esgrimiendo argumentos como la imposibilidad por motivos laborales, problemas médicos o enemistad. La franja de edad con un mayor número de tutelados es la de 51 a 60 años, hay más mujeres (53%) que hombres y 3 de cada 4 residen en centros, básicamente de la Comunidad. «El criterio y la voluntad es que permanezcan en su domicilio siempre que sus circunstancias personales lo permitan», dice la directora de la agencia, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales», concluye el reportaje.

La ex magistrada fue noticia por ser denunciada en 2015 ante el CGPJ al juzgar el divorcio de una funcionaria suya (CONFILEGAL): Fernando Cortés Luengo presentó en 2015 una queja contra la entonces magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Majadahonda, Madrid, Carolina García Durrif, ante el CGPJ por haber celebrado una vista de medidas provisionales de su procedimiento de divorcio, no teniendo supuestamente jurisdicción para hacerlo. Según informó la web judicial Confilegal, Cortés Luengo también argumentaba en la queja presentada ante el CGPJ, con fecha 18 de febrero de ese año, que García Durrif era actualmente la superior jerárquica de su ex esposa en la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, lo que le llevaba a cuestionarse “la imparcialidad y la competencia para haber actuado en este procedimiento y para haber dictado la resolución de medidas provisionales que a mí y a mis hijos nos ha afectado”. Cortés y su ex esposa se hallaban inmersos en un proceso de crisis matrimonial, para el que eran necesarias las medidas provisionales. Cortés Luengo se preguntaba si García Durrif y su ex mujer, Paula Plaza Navascués, se conocían con antelación a la celebración de la vista o si los dos hermanos de la magistrada eran amigos también de su ex esposa, ya que todos son aficionados al deporte del “running”.

Paula Plaza era funcionaria de carrera (técnico de apoyo Grupo A/B) en la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura cuando asumió su cargo García Durrif. El 12 de septiembre de 2014 consiguió, por el sistema de concurso interno de libre designación, el puesto de técnico de apoyo Grupo A para la Agencia de Tutela de Adultos. Confilegal se puso en contacto con la directora de la Agencia de Tutela de Adultos para aclarar estos puntos de su relación con Paula Plaza Navascués y sobre la convocatoria, selección y nombramiento del puesto para el que fue elegida. García Durrif explicó que la comunicación de su pase a servicios especiales le llegó el 1 de marzo, en una mañana en la que tenía fijados un buen número de juicios con anterioridad. “Me metí en sala de vistas a las 9 de la mañana y seguí así hasta el mediodía”, cuenta la magistrada a Confilegal. Durante toda esa mañana tanto ella como la secretaria judicial estuvieron pendientes del fax, pero no recuerda a qué hora llegó ya que fue una mañana intensa de actividad. La magistrada entiende que su pase a servicios especiales se produjo el viernes, 1 de marzo, en el momento en que recibió la comunicación del CGPJ. Sobre su relación con Paula Plaza Navascués, García Durrif había hecho llegar a este periódico digital, a través de la Oficina de Prensa de la Consejería de Asuntos Sociales, una declaración jurada negando haber tenido amistad previa con la funcionaria. “En el momento en que celebré la vista, no la conocía de nada”, remachó después por teléfono. Por la misma vía llegaron a Confilegal tres declaraciones juradas de sus hermanos, negando conocer a Paula Plaza, y de la propia Paula Plaza.

El coordinador económico administrativo de la Agencia, Gregorio López de la Osa, por su parte, envió un escrito manifestando “Que en el año 2014, ante la inminente vacante del puesto 67993 denominado técnico de Apoyo de la Agencia, ocupado por Dª Carmen Centellas, decidí preguntarla si conocía a otros técnicos de su categoría que pudieran optar al puesto ya que ni la Directora, Dª Carolina García Durrif, ni yo conocíamos a ningún candidato. Fruto de ese comentario, a través de una persona conocida de Carmen Centellas, llamada Isabel de la Hoz, también técnico de la Comunidad de Madrid, se nos informó de una posible persona interesada, resultando ser Paula Plaza Navascués, a la que yo no conocía de nada, quien finalmente concurrió al puesto junto con otros interesados”. La publicidad del puesto se realizó mediante convocatoria pública, mediante el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con fecha 22 de julio de 2014, y se resolvió el 3 de septiembre de ese mismo año, concluía Confilegal.