«El juez ordenó en mayo de 2015 a Urbaser, empresa que gestionaba el vertedero de Pinto, la búsqueda de los restos de una de las víctimas del descuartizador de Majadahonda entre la basura que les llega del municipio. Los trabajos implicaron contratar empleados y abrir un turno de tarde, y costaron 1,4 millones. El Gobierno regional se ha negado a abonar la cantidad, aunque estaba obligado por orden judicial. La empresa presentó un contencioso-administrativo que se ha suspendido hasta que se dicte sentencia firme en el proceso penal contra el descuartizador». La periodista Esther Sánchez se hace eco en El País de la reclamación de la empresa Urbaser en la que señala que debe ser la Consejería de Presidencia y Justicia la que se haga cargo de las costas de la búsqueda realizada en el vertedero de Pinto. Una situación que actualmente está paralizada a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por Urbaser aunque según su reclamación «la obligación de la Administración de pagar los gastos deriva de una orden judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda«.
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