«La Fiscalía investiga la denuncia sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales. Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta»; «En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre»; «Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores. Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo DICO, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad»… La periodista Esther Sánchez ha desvelado los pormenores de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción del «caso Majadahonda», una de las derivadas de la trama púnica. Y el caso es de tanto calado que una nueva mayoría municipal debería abrir una comisión de investigación que aclarase la gravedad de las denuncias y, en su caso, la reapertura de este sumario por claras deficiencias judiciales. Estas son las acusaciones más relevantes que están aún sin respuesta:
