EUROPA PRESS. La sección sindical de CPPM de la Policía Local de Majadahonda ha remitido a la Unidad Especializada de Policía Nacional (UDEF) contratos relacionados con las cámaras y videovigilancia de la Policía Local. Según ha informado el sindicato, el Ayuntamiento de Majadahonda ha realizado cuatro contratos. El primero en el año 1996 para gestionar la actividad burocrática de la Policía, como partes de incidencias o registro de documentos. Indican que en los años 2010 y 2011 se abonaron y firmaron otros acuerdos correspondientes a la certificación de cámaras de seguridad, traslado del centro de pantallas, suministro de un centro de control de videovigilancia y adquisición de un centro de comunicaciones.
“Los pliegos de condiciones técnicas fueron elaborados por el entonces Jefe de Policía Local, que para la primera mitad de esta legislatura fue nombrado Asesor de Seguridad del Ayuntamiento, y se dirigieron desde esta Policía Local”, relatan. Así, señalan que “por parte del grueso” de la Policía Local “se desconoce el alcance” en la supuesta “implicación” de los presuntos “hechos delictivos” por la Fiscalía investigados, ya que “los contratos eran elaborados desde la cúpula de Policía”. “El intercomunicador adquirido pretendía incorporar sobre la sala de pantallas, un mapa geográfico con el posicionamiento de los patrullas y los agentes en el municipio a fin de dotar de una respuesta policial más ágil y eficiente. Nunca llegó a instalarse”, aseveran.
De este modo, afirman que recientemente “parece ser” que por el Departamento de Nuevas Tecnologías, “dependiente también del mismo concejal que dirige Seguridad, “se habría pretendido sacar a concurso” un contrato de mantenimiento con la “empresa objeto de investigación”. “Recientemente por parte del algún responsable de Policía se decidió adjudicar una motocicleta oficial de esta Policía al responsable de Nuevas Tecnologías implicado en esta trama. Para ello retiraron la rotulación, distintivos y equipos electrónicos al objeto de facilitarle un medio de locomoción para sus traslados, así como una tarjeta para repostar combustible”, aseveran. Por ello, indican que desde CPPM se han puesto en contacto con la Unidad Especializada de Policía Nacional (UDEF) “a fin de hacerles llegar los contratos referidos”, ya que semanas atrás la colaboración que recibieron, “al menos desde Policía Local, fue nula”.
“Con independencia del resultado de la investigación judicial, parece deducirse que pudiera haberse producido algún error “in vigilando” por parte del algún responsable de este Ayuntamiento e imaginamos que se habrá decidido la apertura de algún expediente disciplinario o información reservada al objeto de dilucidar lo ocurrido. Mientras tanto, todo el colectivo de Policía continúa a la espera de que por parte del responsable de seguridad se decida el cumplimiento de la Ley”, concluyen.
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