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Enrique Ortiz Sierra, abogado de Majadahonda, recuerda que el Defensor del Pueblo ya ha tramitado quejas contra algunos alcaldes de Ayuntamientos por impedir los «ruegos y preguntas» formuladas por los vecinos

MANU RAMOS. Enrique Ortiz Sierra, letrado del bufete Ortiz Sierra Abogados ubicado en la calle Puerto de los Leones de Majadahonda, ha declarado a este periódico que «en relación con el trámite de «ruegos y preguntas» del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, nuestro dictamen jurídico es que el alcalde no puede suprimirlo», ya que sería «ilegal«. Enrique Ortiz Sierra alega que «se trata de la lectura literal del artículo 79 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) donde se habla de que el alcalde «establecerá» no de que «podrá establecer«, algo que sí figura en otros Reglamentos, además de venir regulado el procedimiento para el mismo en el mismo cuerpo legal». Por otra parte, «la ciudad de Majadahonda está adherida al Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios, donde habla del espíritu de participación directa (democracia directa) de los vecinos, por lo que cualquier restricción a este derecho a preguntar de quien esté verdaderamente interesado es una vulneración», señala el letrado. El abogado majariego recuerda que «por otra parte, ya ha habido varios casos de municipios donde se ha suprimido el turno de «ruegos y preguntas» por parte de un alcalde y el problema se ha solucionado mediante queja al Defensor del Pueblo, que ha recomendado a los municipios que lo incumplen incluir ese turno de ruegos y preguntas, como por ejemplo puede verse en la Queja nº 13002468″. Las decisiones del Defensor del Pueblo sobre instituciones que han sido apercibidas figuran posteriormente en la Memoria anual de la institución, que la distribuye a medios de comunicación y partidos políticos para que aperciban a sus cargos públicos de sus incumplimientos.


«Además, en todos los municipios que he consultado en sus páginas web, los principales de alrededor de Majadahonda y del Oeste de Madrid, recogen ese derecho a los «ruegos y preguntas» de forma explícita, por lo que Majadahonda sería una excepción si las está prohibiendo», indica el abogado. Enrique Ortiz Sierra (Granada. 1967) es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (1990) y Máster en Dirección Financiera por el Instituto de Directivos de Empresa (Madrid, 2006). En 1993 se incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de Granada y en 2007 al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha asesorado a empresas líderes del sector audiovisual, entidades bancarias de primer nivel, compañías aseguradoras, sindicatos, y compañías de diversos sectores como la automoción, construcción, consultoría, arquitectura y el sector agrícola, tanto a nivel nacional como europeo. Ha participado en la negociación y redacción de diversos Convenios Colectivos autonómicos y provinciales. También ha sido Consejero-Delegado y Administrador de diferentes empresas de sector inmobiliario, turístico y sanitario-farmaceútico y ha pertenecido al cuerpo docente del Instituto Nacional de Administración Pública (I.N.A.P.) y del Instituto Andaluz de Administración Pública (I.A.P.), además de impartir cursos y seminarios para diferentes asociaciones y agrupaciones, como la Confederación Andaluza de Empresarios. Recientemente ha impartido clases en el Máster de Derecho de los Negocios de Madrid School of Marketing.

 

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