MANU RAMOS. El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha dado por concluida la investigación por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y la jueza ha acordado la apertura de juicio oral contra la ya célebre dirigente sanitaria Elena de Mingo, ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que la Fiscalía le solicita una pena de 4 años y 7 meses de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar un cargo público durante un periodo de 12 años, decisión que ha causado una honda consternación en el Partido Popular (PP). En este procedimiento judicial la empresa que gestiona el hospital también tendrá que responder en concepto de «partícipe a título lucrativo» por un presunto perjuicio al erario público de unos 10 millones de euros, informa el periodista Alberto Sierra. En un auto fechado el 5 de octubre, al que ha tenido acceso «The Objetive«, el juzgado acuerda sentar en el banquillo a Elena de Mingo, ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios entre 2008 y 2011, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la drástica reducción de 135 camas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. La juez ha tomado la decisión después de casi 2 años de instrucción y será en la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene aún pendiente de resolver un recurso de la acusada, donde se desarrolle el juicio.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita que la encausada indemnice a la Comunidad de Madrid en la cantidad que se determine en la sentencia «como consecuencia de los daños y perjuicios de los hechos denunciados, respondiendo directa y solidariamente el Hospital Majadahonda S.A., en concepto de partícipe a título lucrativo». A la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitario se le acusa de haber modificado de facto el contrato de explotación del hospital, «a sabiendas de su ilegalidad y omitiendo de forma absoluta» el procedimiento contemplado en la legislación vigente, para convertir en individuales las 135 habitaciones equipadas como dobles en el centro médico.

Aunque la Fiscalía admitía entonces que la orden de cambio solo tuvo «un coste para la administración de 84.500,55 euros», el Ministerio Público también cifraba en más de 10 millones de euros el presunto coste para las arcas públicas ya que «en la oferta del sector público efectuada por la concesionaria se recogía de forma expresa que el hospital contaría con 794 camas hospitalarias. La reducción de las 135 camas ha tenido un impacto directo en la retribución a la empresa concesionaria, teniendo presente que las mismas siguen siendo objeto de pago por parte de la Administración», indicaba el fiscal.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó en 2020 un recurso contencioso-administrativo promovido por el Servicio Madrileño de Salud contra una sentencia que condenaba a la Administración autonómica a devolver a la empresa adjudicataria, Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda S.A. (conformada por Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi S.A.), todas las cantidades pagadas por el contratista desde la adjudicación del contrato, en 2004, como consecuencia de la reducción de camas en el centro médico. Un total de 10.033.194 euros. Tras el fallo que obligaba a la Comunidad de Madrid a compensar al contratista, en diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena de Mingo, «la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitario entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro», recuerda el periodista. Lea el artículo completo pinchando aquí.