LIDIA GARCIA. La policía judicial ha concluido su informe sobre «Infancia Libre», la red feminista vinculada a Podemos que desde Majadahonda articuló una trama de denuncias falsas contra padres divorciados a los que se les acusó de abusar de sus propios hijos para quitarles la custodia compartida y obtener más beneficios económicos en la pensión. La fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, a quién se ha entregado el informe policial de 200 folios concluido el viernes y adelantado por la Cadena SER, tendrá ahora que decidir si efectivamente ve indicios de organización criminal en el relato del informe.

«Entre las actuaciones que puede tomar están las de abrir diligencias preprocesales (para investigar los hechos) y si cree que hay causa, presentarla a un juzgado, o puede archivar el informe», adelanta «Público». Y añade: «El informe también contiene otros 22 casos que aparentemente tienen puntos coincidentes y pueden estar vinculados de una u otra manera a Infancia Libre, y que fueron fruto las declaraciones tomadas a unos 50 padres desde abril, después de que la primera de las madres ligadas a la organización fuera detenida». Sobre este asunto existen dos versiones en las que se cita el papel jugado por la organización desde Majadahonda y las proporcionan los periódicos OK Diario y Público. Ofrecemos las dos:

OK Diario: «La Policía Nacional ha dado por finalizada la instrucción previa que investiga a la asociación Infancia Libre, vinculada con Podemos, partido al que asesoró en materia de infancia. En el informe, que fue entregado el pasado martes 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid, la Policía concluye que la asociación, dedicada supuestamente a la protección de los niños, en realidad opera como una red criminal dedicada a retirar la custodia de los menores a sus progenitores con la complicidad de distintos profesionales. El informe consta de 200 páginas en las que los investigadores concluyen que los casos denunciados de miembros de Infancia Libre, por secuestro, siguen el mismo patrón. Para los agentes, los parámetros delictivos son cinco: denuncias de violencia de género o abusos sexuales falsas, intervienen los mismos profesionales, los mismos abogados y se coordina desde la asociación de Infancia Libre. En dicho informe, la Policía asegura que Infancia Libre derivaba a las madres al psiquiatra Antonio Escudero, que ejercía en el Centro de Salud Mental de Majadahonda y previamente lo hizo en Puerta de Hierro. Escudero es el autor de los informes médicos donde se alegan cuadros clínicos de estrés familiar del menor debido a las visitas de los padres. También ponían en contacto a las madres con la abogada Carmen Simón y con las psicólogas vinculadas a la asociación, que desde Granada elaboraron informes para justificar el ausentismo escolar del menor o el perjuicio que les causa visitar a sus padres. Leer más.

Público: «El informe incurre en incongruencias y generalizaciones que no se corresponden con todos los casos. Tanto la abogada como la propia organización denunció ante la Fiscalía hace meses la actuación de la unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla. Según la información, el informe afirma que en muchos de los casos las denuncias por violencia de género o abusos sexuales fueron archivadas, o la policía las considera directamente falsas. Por estos hechos y por las aparentes similitudes en los cuatro casos, la Policía pide a la Fiscalía que considere instruir una causa contra Infancia Libre «por organización criminal, independientemente de que haya madres implicadas en procesos judiciales individuales por sustracción de menores y desobediencia judicial». Esta sería la única forma de hacer una causa común, puesto que tal como explicaron a Público fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es inconstitucional reunir casos distintos repartidos por distintos juzgados y relativos a personas diferentes bajo una misma misma investigación general. Se da la circunstancia de que hace tres meses (en mayo pasado) la abogada Carmen Simón, que representa a las cuatro mujeres ligadas con Infancia Libre, denunció ante la misma Fiscalía las actuaciones de la policía judicial, poniendo en conocimiento del ministerio fiscal los hechos «por si pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción».

«Estos hechos, que según lo que refleja la información se dan en cuatro de las mujeres relacionadas con la organización de defensa de la infancia, conformarían una red criminal dedicada a retirar la custodia de los menores a sus padres con la complicidad de distintos profesionales. Entre ellos el informe cita a tres profesionales de la sanidad pública, como el psiquiatra Antonio Escuredo, médico en el Centro de Salud Mental de Majadahonda; a una pediatra de Granada del Centro de Salud Las Flores, que según consta en el informe atendió a los hijos de las cuatro investigadas; así como a la psicóloga de la Unidad de Salud Mental-Infantil del Hospital Virgen de la Nieves de la misma ciudad. Todos ellos acusados en la investigación policial de realizar informes ad hoc que luego las madres utilizaban para denunciar a los progenitores y retirarles el régimen de visitas. Como hecho también presuntamente delictivo, el informe apunta a que las cuatro investigadas utilizaban a la misma abogada: Carmen Simón«. Leer más.