La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de la que depende la Dirección General de Comercio y Consumo que dirige María José Pérez-Cejuela, asegura en un comunicado enviado a MJD Magazin que «en el caso en concreto del local de Majadahonda, en la denuncia remitida por los agentes no se hace constar que los policías presenciaran directamente la venta de bebidas alcohólicas. De acuerdo con el criterio y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en estos casos, para que la denuncia pueda ser considerada válida y poder, con ello, iniciar un expediente sancionador, los agentes deben reflejar haber presenciado la venta directamente». Economía niega la falta de diligencia burocrática de su departamento y afirma que «si un expediente sancionador no llega a término, con la imposición de la sanción correspondiente al presunto infractor, no es por dejación de funciones de la Dirección General de Comercio y Consumo». E indica que «en muchas de las ocasiones en las que no se lleva adelante un expediente sancionador es porque las denuncias que los originan están mal confeccionadas, los agentes no han observado directamente la venta de alcohol, falla algún dato de relevancia (como la graduación de la bebida alcohólica) o los compradores no están filiados».
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