MANU RAMOS. «Siete años esperando a que Madrid pague el millón que costó buscar los restos de la víctima del descuartizador de Majadahonda. El gobierno de Ayuso, obligado por una sentencia judicial, aprobó en julio pagar a la empresa del vertedero de Pinto por la investigación que hizo en 2015″ son los titulares de un reportaje publicado por los periodistas Juan José Mateo y Patricia Segura este 20 de agosto (2022) en el diario «El País». Y en el texto explican como «sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. “Búsqueda del cuerpo”. “Delito”. “Restos”. Ocurre el 20 de julio, en la última reunión del cónclave de políticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel Díaz Ayuso con una sentencia judicial: el Tribunal Supremo les obliga a aprobar el pago de 1,4 millones de euros a la empresa gestora del vertedero de Pinto, en compensación por los gastos en los que incurrió esta para buscar los restos de una de las víctimas del descuartizador de Majadahonda. Aquello ocurrió en 2015. Son 7 años de espera con una factura millonaria pendiente. Y un misterio sin resolver que rodea a las dos mujeres asesinadas». El nombre del juez instructor que tomó la decisión no ha transcendido ni tampoco los del resto de sus compañeros que lo han avalado en instancias superiores.
