

Audiencia MJD 2026
1,4 millones de lectores a lo largo de 2025


AGENCIA EFE. La Audiencia Provincial de Segovia ha celebrado el martes 23 de marzo (2021) la primera sesión del juicio contra el acusado de abusar sexualmente de Valeria, hermana de Diana Quer, cuando era menor de edad, en Carabias (Segovia) el 17 de septiembre de 2017, por el que la Fiscalía pide seis años de cárcel. La víctima acudió a la sede de la Audiencia de Segovia a declarar como testigo pasadas las nueve de la mañana acompañada de su padre, Juan Carlos Quer, y ambos se han negado a hacer declaraciones ante los medios de comunicación antes de iniciarse la vista, a las nueve y media. Valeria Quer es la hermana menor de Diana Quer, la joven de 18 años que desapareció en agosto de 2016 en Puebla do Carmiñal (A Coruña) y cuyo cadáver fue encontrado el 31 de diciembre de 2017, asesinato por el que fue condenado a prisión permanente revisable José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle‘. La primera jornada del juicio se desarrolló a puerta cerrada y fuentes judiciales informaron a Efe que durante la misma declararon el acusado, la víctima y otros testigos y se practicaron también parte de las pruebas periciales, que continuarán este miércoles, cuando el juicio quedará visto para sentencia. Piden seis años de cárcel para el acusado de abusar sexualmente de Valeria, hermana de Diana Quer.

LIDIA GARCIA. «Reflexiones sobre el MIR: modificaciones todavía pendientes» es el título del artículo que el Dr. Juan Antonio Vargas, Jefe de Sección de Medicina Interna y Jefe de Estudios del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, ha escrito en la revista «isanidad.com». El ex decano de Medicina de la UAM (2011-2019) explica que este sábado 27 de marzo (2021) se realiza el esperado examen MIR en el que tienen puestas sus esperanzas más de 14.000 aspirantes para intentar conseguir una de las cerca de 8.000 plazas ofertadas: «Esta proporción de prácticamente una plaza por cada dos aspirantes, aun siendo mejor que la de años anteriores, debe de seguir mejorando en próximas convocatorias para intentar igualar el número de egresados al de plazas de formación especializada, dado que la obtención de una especialidad es un requisito imprescindible para poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud. No sólo se trata de igualar números, sino de incrementar la oferta de aquellas especialidades deficitarias o en la que se prevén situaciones complicadas a corto plazo por el gran número de jubilaciones que se producirán en los próximos años. No obstante, también son necesarias algunas otras modificaciones del MIR».

LIDIA GARCIA. De las 9 personas que tiene el Grupo Popular como «personal de confianza» o asesor, 2 no cumplen los requisitos legales de inclusión en el Portal de Transparencia, según han indicado a este periódico fuentes municipales. La primera de ellas es la nueva asesora Marina Arines, de la que está su nombramiento, pero no su ficha con nombre y apellidos, cargo y sueldo, lo que supone un incumplimiento legal. La segunda irregularidad corresponde al también asesor José Francisco Pérez Rodríguez (PP de Murcia), del que no consta en la web del Ayuntamiento ni el nombramiento ni sus datos, lo que supone otro incumplimiento legal, ya que sí ha accedido a las dependencias municipales en calidad de asesor y «coordinador de atención ciudadana». De hecho, su nombramiento está en el BOE, pero no consta en el Portal de Transparencia. Tres fuentes internas del Ayuntamiento señalan que este asesor, licenciado en Derecho, se está dedicando a «estudiar oposiciones» para judicatura, lo que es juzgado como una situación «lamentable», ya que accede descaradamente al Ayuntamiento «con su mochila y los libros y apuntes de esa oposición», aunque su sueldo es de 40.000 € anuales y se le paga por trabajar. Su situación se compara en el seno del Grupo Popular con la que ya le ocurrió al anterior concejal, Ricardo Riquelme, «que se sacó la carrera de Derecho siendo concejal y eso se puede comprobar cotejando fechas», cuestión a la que se achacan los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. Tanto del ex-alcalde murciano como de la asesora de la Comunidad de Madrid apenas hay referencias en prensa de sus antecedentes, pero las que existen no son muy positivas.

CONSEJO DE REDACCION. “Que pregunten a los hosteleros, ellos pueden confirmar el ofrecimiento que hice a todos para que lo hiciesen y no salió adelante. Tengo las conversaciones en el grupo de WhatsApp que así lo confirman. Hay muchos otros servicios que solicita el Ayuntamiento que yo trato de que los otorguen a empresarios de Majadahonda, aunque no siempre se hace. Bares como de tapas, dan desayunos, catering, etc… ¿Qué problema hay?”. Con su habitual desparpajo, la gerente del Círculo de Empresarios de Majadahonda (CEM), Diana Martínez Calvo, reconoce que ella ejerce la intermediación en «muchos» de los procedimientos administrativos de contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Majadahonda. Y alguno, claro, se queda en casa. Tiene razón en caso de catástrofe sanitaria o climatológica, porque los procedimientos se relajan y así lo permite la ley, lo que ella explica con ese peculiar concurso -que ella misma ganó– y que realizó vía «grupo de WhatsApp». Martínez Calvo, que posee una empresa en Villanueva de la Cañada y con ella presta sus servicios en Majadahonda, tanto al Círculo de Empresarios como al Ayuntamiento, se vio beneficiada por ello con uno de estos «contratos menores» municipales.

LIDIA GARCIA. Un presunto aunque confuso caso de violencia de género se produjo en la noche de este lunes 22 de marzo (2021) en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, cerca de la Iglesia de Santa Catalina, según confirmaron a este periódico fuentes policiales. Según el relato de una testigo, una chica fue zarandeada por su pareja, aunque encontrándose ambos en estado etílico. «A la persona que la agredió, si lo lee, solo decirle que aunque tú digas que no la habías hecho nada malo, si está mal agredir a una persona, por muy borrachos que estéis y tenerla inconsciente tanto tiempo», relata una testigo, que asegura que «anoche en la zona de la iglesia presencié un caso de violencia contra una chica, cuyo resultado fue que estuvo entre 25-30 minutos inconsciente en el suelo hasta que despertó con mi reanimación».


JULIA BACHILLER. Los premios literarios que otorga el Ayuntamiento de Majadahonda sabíamos que no salen gratis (el Premio Umbral está dotado con los ya conocidos 12.000 € y una estatuilla de Alberto Corazón desconocido importe) pero se desconocía cuánto cobran los jurados que algún concejal elige «a dedo». Y nuevamente la Ley de Transparencia arroja luz sobre tan oculto enigma: el Portal de Transparencia municipal, que está obligado a publicar los contratos menores, menciona que el premio de Poesía Blas de Otero, además de los 6.000€ del galardón, conlleva otros gastos, como son la edición del libro (1.220,50€), la adquisición de algunos volúmenes del mismo (2.148,7€), los honorarios de los dos pre-jurados (800€) y de los cuatro jurados (2.200€), todo ello sumando un total de 6.369,2€. Se da la circunstancia de que en este premio fallaron los controles de estos mismos jurados, ya que la prensa detectó un caso de «plagio» entre uno de los ganadores, el supuesto poeta Darío Frías Paredes. No consta la devolución del dinero por parte de los que velan para evitar el fraude, ni que el Ayuntamiento se lo pidiera, aunque el galardonado sí que devolvió el dinero.