Redacción

CARLOS BERBELL. Si Valdés Dal-Ré fuera un juez o magistrado normal, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial lo suspendería justo en ese momento. Con ese auto. Tal como establecen los cánones del artículo 338.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cánones que no le son aplicables porque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es mucho más laxa. Le permitiría seguir siendo magistrado pasada esa línea roja. Hasta ser condenado, incluso, “por delito doloso o por culpa grave”, tal como establece el artículo 23 de esa ley. Sí, es cierto. Hay más manga ancha para los 12 magistrados del Constitucional que para los 5.500 jueces y magistrados que ejercen diariamente la jurisdicción en los cuatro puntos cardinales de España. Soy consciente de que el presidente, Juan José González Rivas, mira por la Institución, que es la niña de sus ojos, y que también aprecia a Valdés Dal-Ré. Le duele lo que está ocurriendo. Mucho. Pero se encuentra en un callejón sin salida. No tiene más remedio que “dejarlo marchar”, dicho en plan fino. El pasado jueves (8 de octubre de 2020) le dijo a Valdés Dal-Ré, de esa forma que la gente educada tiene de decir las cosas, sin decirlas, de forma oblicua, pero que todo el mundo entiende, que tenía que tomar la decisión de marcharse, de forma voluntaria. Le dejaba que lo hiciera a su manera, como la canción que canta Frank Sinatra y cuya letra compuso Paul Anka.

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