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MANU RAMOS. El mediocentro de 23 años del At. Levante, filial del primer equipo, Jesús Bernal, ya es propiedad del Rayo Majadahonda, aunque el equipo levantinista se reserva un porcentaje en caso de su futura venta. El fichaje, que se produce tras un audaz golpe de efecto del director deportivo, Oscar Carazo, supone poner a las órdenes de Antonio Iriondo a un jugador que se ha valorado en 250.000 euros según Transfermarkt, y que ha jugado antes en la Cultural Leonesa e incluso en el Adarve. En el Grupo Tercero de la Segunda B donde estaba enmarcado, ha llegado a jugar esta pasada temporada un total de 27 partidos, unos números altos para un jugador tan joven como él, por lo que llega en espléndido estado de forma. Nacido en Zaragoza, Jesús Bernal fue incluso jugador de la plantilla del Real Zaragoza durante el ejercicio 2016-17.


J. FEDERICO MTNEZ. La detención por violencia de género y puesta en libertad del magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, Fernando Valdés, ha causado consternación entre los vecinos del Parque Clamart (Majadahonda), el mismo barrio donde tenía su casa (hoy en venta) y vivía la cantante Malú antes de marcharse al cercano barrio de La Florida con Albert Rivera (Cs) y donde convivió también con Gonzalo Miró, hijo de la cineasta Pilar Miró. La esposa del magistrado, la señora Verelst, francesa de origen, fue la víctima. Ambos son padres de tres hijos, el más conocido es Fernando Valdés Verelst, que hace un mes fue nombrado secretario de Estado de Turismo. Su hija Laura es una discreta médico y epidemióloga en Bélgica y su otra hija Reyes está en el equipo de KPMG Abogados como experta laboralista tras ser licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado, de 75 años, está muy arraigado en Majadahonda, su hijo Fernando está muy vinculado al PSOE de Majadahonda y sus nietos iban al Colegio Público Santa Catalina. En definitiva, una familia socialista «ejemplar«, según sus vecinos. Sin embargo, esa imagen idílica estalló la noche de este caluroso lunes 10 de agosto de 2020. La ministra Reyes Maroto renovó parte de su equipo y nombró este 14 de julio a Fernando Valdés como secretario de estado de Turismo. Esa fue la noticia de mayor impacto que alcanzó esta familia durante el mayor tiempo de su existencia.


MANU RAMOS. El magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, estaba decidido a primera hora de este martes 11 de agosto (2020) a «apartarse de forma voluntaria» y dimitir de la composición del Tribunal de Garantías para «no dañar la imagen de la institución» aunque la denuncia «no tenga ningún fundamento», según había admitido en una declaración al periodista Javier Álvarez. Según le reconoció al redactor, «la discusión fue verbal y algo subida de tono aunque en ningún momento hubo violencia verbal ni física. De hecho, no hay ninguna denuncia por parte de la pareja del magistrado, ni parte de lesiones». Horas después, sin embargo, se arrepintió: «El magistrado ha reiterado al presidente del Tribunal Constitucional en su reunión a solas de esta tarde que no hizo uso de ninguna violencia durante el incidente con su esposa, por lo que no ve motivos para presentar su renuncia al cargo. González Rivas tampoco se la pidió». ¿Qué ocurrió en el transcurso de esas horas? La reacción corporativa de tres asociaciones de jueces y del propio TC pudo influir en el cambio de postura, aunque la juez Elena Garde se mantiene en sus trece: hay indicios de delito. Tan solo el portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Luis Santamaría, ha aconsejado al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género, que dé «un paso atrás» para «salvaguardar la Institución», sin que ello «implique prejuzgar los hechos». El incidente se produce, además, 22 días después de una relevante sentencia del propio TC en la que se exige a los órganos judiciales una investigación «suficiente y eficaz» de los asuntos de violencia de género, a los que aplica un «canon reforzado del deber de actuación diligente y sin dilaciones«. La sentencia, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, lleva también la firma de Fernando Valdés.
MANU RAMOS. Han sido más de 200 opiniones expresadas en un foro de las redes sociales de Majadahonda y más de 100 en Las Rozas, una muestra lo suficientemente representativa para poder afirmar que la población de ambas ciudades se muestra prácticamente dividida al 50% entre quienes exigen más control policial por el uso peatonal de las mascarillas o por el contrario relajar algo su aparente severidad. Y es que las noticias sobre los»rebrotes» en la Zona Oeste de Madrid que están difundiendo las administraciones sanitarias nacional y autonómica comienzan a generar intranquilidad y desasosiego entre la población de riesgo. Fue la vecina que se hace llamar «Pepita Grillo», que se define como «funcionaria», quien lanzó el primer mensaje, reclamando «patrullas ciudadanas» que avisen a la policía sobre personas paseando sin mascarilla. Y lo hizo con un texto que acompaña al cartel que muestra la imagen: «, voy a recorrer las calles y quien no lleve la mascarilla, le voy a denunciar. ¡Si ellos no trabajan vamos a hacerlo nosotros!». Entre los 200 comentarios le replicó «Poli Majadahonda», otro conocido agente de la Policía Local muy activo en redes, que se expresó en estos términos: «Señora Pepita Grillo. No me voy a cansar de decir en este grupo y en todos en los que participo y en el que se pone en cuestión nuestro trabajo, que el nivel de incidencias que se producen en Majadahonda, dividido entre el número de efectivos, es enorme. Aún así hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos con vocación y absoluto respeto a las leyes, pero también a la ciudadanía».

