Caso Vitaldent: Hacienda contradice a la jueza nº 2 de Majadahonda y dice que no hubo fraude fiscal

MANU RAMOS. «La primera intervención policial fue coordinada por la Fiscalía Anticorrupción e instruida desde el juzgado número 2 de Majadahonda y se llegaron a bloquear los saldos bancarios de las 13 personas detenidas, que tenían en 25 bancos diferentes. También se bloquearon los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) por importe de 5 millones de euros. En aquel momento, la Fiscalía Anticorrupción acusó a toda la trama de evitar impuestos a Hacienda, obligaciones fiscales y blanqueo de dinero. Ahora, a la vista del informe de los especialistas de la Agencia Tributaria, la Fiscalía tendrá que decidir si continúa adelante con la acusación y el Juzgado con la instrucción o si, por el contrario, archiva la causa tras cuatro años de investigación inconclusa».

Los periodistas de investigación Juan Luis Galiacho y Luis Miguel Montero revelan en «El Cierre Digital» como «han pasado ya cuatro años desde que estalló el escándalo Vitaldent, pero hasta ahora la Agencia Tributaria no había emitido un informe. Este exculpa de cualquier delito contra la Hacienda Pública a la cúpula de las clínicas dentales. «De esta documentación no se pueden obtener datos que cuantifiquen ingresos que no han sido declarados a la Hacienda Pública«, afirma. Sin embargo, cuatro directivos fueron detenidos y encarcelados acusados de delitos fiscales, contra la Hacienda Pública y estafa«. Según relatan tras leer este informe tributario, «cuatro años después de que estallase el escándalo Vitaldent, el 16 de febrero de 2016, los expertos de la Agencia Tributaria afirmaban este pasado día 30 de enero en un clarificador informe que obra en poder de elcierredigital.com que «de esta documentación no se pueden obtener datos que cuantifiquen ingresos que no han sido declarados a la Hacienda Pública«. Y recuerdan que «en febrero de 2016 fue la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda quien envió a prisión a los cuatro supuestos implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent; entre ellos, a su propietario, Ernesto Colman, y a su vicepresidente, Bartolomé Conde. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida cautelar para Colman, Conde, Javier Artega y Nicolás Sisinni, que fueron los primeros de los 13 arrestados en el marco del famoso caso Vitaldent en entrar en prisión. Una causa judicial iniciada a raíz de la denuncia de varios franquiciados, lo que obligó a cerrar muchas clínicas dentales en toda España».

«Luego el caso pasó judicialmente a la Audiencia Nacional, en concreto al Juzgado Central de Instrucción número 6, que pidió un informe a la Agencia Tributaria. Este documento, al que ahora ha tenido acceso elcierredigital.com, recoge que se han analizado tres tipos de documentos: «Las hojas de caja intervenidas (…), documentos informáticos en formato Excel (…), y documentos informáticos en formato Excel que recoge la contabilidad Ulises». El informe concluye sin poder determinar culpa alguna y explica que las «hojas de caja» eran documentos físicos «intervenidos en el registro reflejado en el acta de 16 de febrero».

Según el informe de la Agencia Tributaria, entregado en el Juzgado, «con las hojas de caja se ha podido completar el importe anual del total ventas del día correspondiente a un total de 43 clínicas o sociedades». No obstante, el experto de la Agencia Tributaria destaca que «en algunas sociedades se dan discordancias que no se pueden ignorar», pero que no se puede achacar a ninguna la causa el origen de las mismas».  El 16 de febrero de 2016 la Policía llevó a cabo la «Operación Topolino«, en la que resultaron 13 personas arrestadas, entre ellos toda la cúpula directiva de las clínicas dentales. Se les acusó de formar «un grupo diseñado para eludir impuestos y blanquear dinero«. La Policía realizó aquel día 15 registros, en los que hallaron 36 coches y hasta un avión, supuestamente comprados, según el inicial informe de la UDEF, para blanquear el dinero negro procedente de pagos en metálico en sus franquicias y que guardaban en cuentas suizas. El fraude del que se les acusó ascendía, supuestamente, a más de 10 millones de euros, aunque los investigadores cuantificaron finalmente todo en 17,2 millones de euros. Un montante que la cúpula de Vitaldent ingresaba anualmente, según la UDEF, en «dinero negro» a través de las 146 clínicas propias que tenía la cadena». Lea la noticia completa.