Consejo de Europa culpa de corrupción a todos los partidos: intereses, bienes, viajes y regalos

Gobierno (PP) y Oposición (PSOE, Cs, Podemos) aparentemente discrepan pero en cuanto a corrupción todos se ponen de acuerdo en taparla. Y no solo no aplican las medidas del Consejo de Europa (GRECO) o Transparencia Internacional sino que evitan extenderlas a los Ayuntamientos. La independencia de poderes y la fiscalización de todos los cargos públicos de todas las administraciones, incluidos los Ayuntamientos, es la clave pues culpa a «todos los partidos políticos» por ponerse de acuerdo para evitar los controles. El grueso «tirón de orejas» se produce porque no se aplica la ley española (Ley Orgánica 3/2015) que incluye en su preámbulo el control sobre «todas las personas y entidades«, en alusión a todas las administraciones (local, autonómica, nacional, europea) tanto del Gobierno como de la Oposición y a sus familiares directos. Por ello recuerda que los cargos políticos que obtienen dinero público poseen «obligaciones»: «junto a la responsabilidad debe ser la ejemplaridad”. El Consejo de Europa pide controlar especialmente los «intereses» privados de los cargos políticos (empresas, clubes, asociaciones), sus «viajes» (de apariencia privada), «regalos» (monetarios o en especie), «participaciones o acciones empresariales» e «ingresos por dietas o compensaciones«. Reclama también que las cuentas anuales de los partidos se hagan públicas», un «código de conducta público» y «un sistema (externo) para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades» que consignan en las webs de las instituciones, ya que «echa en falta más detalles«.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual 2017 y tanto Transparencia Internacional España como el Foro Judicial Independiente (FJI) se han dirigido a MJD Magazin para que ayude desde la prensa a difundir sus comunicados sobre el mismo, que reproducimos junto con la noticia de la AGENCIA EFE (Estrasburgo/Madrid). El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018. España no sale bien parada de este documento donde se analiza a parlamentarios, jueces y fiscales. De las once recomendaciones que hace el GRECO para combatir contra la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”. El dictamen es que la situación de España es “globalmente insatisfactoria” y eso que en el anterior informe solo eran seis las recomendaciones que cumplía parcialmente. Un tema en el que insiste mucho el Consejo de Europa es que los parlamentarios deben detallar en sus declaraciones de bienes los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados. Además, también tendrían que añadir las participaciones o acciones empresariales y sus ingresos por dietas o compensaciones.

Sobre los cargos públicos, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan. Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año, el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalles. Así, pide que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias (incluidas dietas y compensaciones). Piden una comunicación transparente entre el fiscal general del Estado y el Gobierno. La otra recomendación parcialmente cumplida es regular la relación de los diputados y senadores con los “lobbies”. Le parece bien que se pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero duda que la propuesta sea adoptada durante la legislatura. Lea el informe completo.

Transparencia Internacional España (Jesús Lizcano) pide extender los controles a los Ayuntamientos: “este Informe del GRECO viene a poner de manifiesto la desidia del Gobierno y de los partidos políticos y grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el importante problema de la corrupción, ya que es realmente urgente cambiar el marco legislativo para realizar reformas legales e institucionales como las que pide el Consejo de Europa, y que venimos demandando igualmente la sociedad civil y los ciudadanos”. Desde Transparencia Internacional España se han venido haciendo numerosas propuestas a los partidos y grupos parlamentarios sobre los tres temas que aborda el Informe del GRECO: Se les ha enviado, en primer lugar, un conjunto de veinte propuestas relativas a un código de buenas prácticas parlamentarias, así como numerosas propuestas relacionadas con los jueces, sobre la necesaria autonomía e independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno, sobre la necesaria regulación legal de los lobbies, etc».

Principales medidas en las instituciones, incluidos los Ayuntamientos: «promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo poder de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos. Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país. Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción. Cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de sus contratos. De una forma tan inaceptable como preocupante una buena parte de las entidades públicas incumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios cargos electos a los que van a controlar».

«Empresas públicas: Necesario cumplimiento de unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de las empresas de titularidad pública en línea con los 10 Principios Anticorrupción para las Empresas Públicas recientemente publicados por Transparencia Internacional. Educación: Los partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia. Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente cuatro años después de haberse publicado la Ley.  Leer más.

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España: «Aunque es cierto que algunas de las propuestas se han incluido en un Proyecto de Ley integral contra la corrupción, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, hay sin embargo otras muchas cosas y aspectos muy importantes relacionados con la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción, que no han puesto todavía en la agenda legislativa de este país. Transparencia Internacional sigue instando a los partidos políticos a que se pongan a la altura de los ciudadanos y a lo que les vienen pidiendo sobre la necesidad y urgencia de que consideren la corrupción como una cuestión de Estado y de que lleguen a tal efecto a un pacto integral contra la corrupción. Cabe recordar a este respecto que Transparencia Internacional España ha publicado en 2016 una Guía con 20 principios éticos y de buenas prácticas parlamentarias, que sería conveniente que se utilizase como referencia por las instituciones parlamentarias. También TI-España, con motivo del Día Internacional contra la corrupción (9 de diciembre), ha publicado un conjunto de 20 medidas urgentes contra la corrupción, entre las cuales estaba la necesaria aprobación de un Código Ético por parte de la Fiscalía General del Estado». Leer el Código Etico completo.