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La comisión sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid ha arrojado nuevos datos sobre el fraude en las obras del Canal de Isabel II realizadas en Majadahonda. Una información de la periodista Alicia Ibarra en Publico.es desvelaba previamente que «tres técnicos del Canal de Isabel II certificaron indebidamente que unos servicios contratados se habían cumplido e hicieron que la empresa pública pagase 1,4 millones por unas obras que no se llevaron a cabo entre mayo y agosto de 2011 en Majadahonda». Estas irregularidades en la licitación y contratación de las obras se han saldado con sanciones para esos tres trabajadores del Canal y el despido de uno de los directores de esta entidad.
En la comisión sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión publica de la Comunidad desarrollada en la Asamblea de Madrid, el máximo responsable del Canal, Adrián Martín, compareció y aseveró que «sólo ha habido 30 contratos impugnados de los 3.000 ó 4.000 firmados en los últimos siete años en el Canal. Y que se hayan demostrado irregularidades, cuatro. Soy el responsable del Canal, no me debo saber todo lo del Canal», informa la agencia Europa Press. Ante estas palabras, el portavoz de Podemos en la comisión, Eduardo Gutiérrez, ha respondido que le da lo mismo si se trata de pocos contratos con irregularidades. «Si son ilegales y tienen indicios de comisión de delitos, nos preocupa. Me preocupa el argumento de que son muy pocos porque es el mismo que hace Esperanza Aguirre. Aunque sea uno necesitamos explicaciones», ha solicitado. Precisamente, Podemos fue el grupo que pidió la comparecencia del director del Canal tras conocer un informe interno de la compañía pública que revela que el Canal pagó una cantidad que ronda los 1,4 millones de euros a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A. «por obras no ejecutadas» entre mayo y agosto de 2011 en Majadahonda, según el diario ‘Público’.
Adrián Martín comenzó su intervención hablando de la deuda del Canal, que hoy se sitúa en 925 millones de euros, 30 más que cuando entró en la compañía en julio de 2009. «Desde entonces se han firmado 126 convenios de abastecimiento y se ha incrementado el negocio. En 2012 la deuda era de 1.100 millones de euros. A día de hoy es de 925 millones de euros, habiendo incrementado notablemente la actividad en abastecimiento y saneamiento», ha dicho. A continuación, ha respondido a las preguntas de los portavoces de la comisión sobre Joca. Adrián Martín ha indicado que el caso fue judicializado por un tribunal de Badajoz y luego por su Audiencia Provincial. «Fueron ellos los que nos demandaron a nosotros porque querían que les pagáramos 3 millones más. Allí hicimos nuestras alegaciones. La Audiencia Provincial de Badajoz el 7 de junio de 2013 dictó sentencia y decía qué era lo que teníamos que pagar», ha alegado.
De hecho, el director del Canal ha indicado que tras las supuestas irregularidades con Joca fue despedido al director de la obra y otros tres sufrieron una pérdida de empleo y sueldo por varios meses. «Se abrió expediente y dio las oportunas explicaciones. Hicimos una auditoría del Canal de todas las obras, que hizo una empresa externa. Y de ese informe se deducía que no había ninguna obra que tuviese un hecho relevante«, ha dicho. Respecto a la obra en sí concertada con Joca en Majadahonda, el máximo responsable de la empresa pública encargada del ciclo integral de agua de la región sólo ha revelado que se trató de salvar un encinar. «Teníamos todos los permisos pero cuando llegan al encinar te piden que si puedes salvarlo y si tenemos alguna posibilidad dentro de unos márgenes, lo hacemos», ha apuntado.
No obstante, Martín ha aseverado que esta empresa no ha vuelto a presentarse a licitaciones con el Canal y que la empresa pública de aguas tiene buena imagen entre los madrileños, como dicen las encuestas realizadas. «Los ciudadanos vemos que es la mejor empresae de España. Hay personas, entes y partidos que tienen cierto interés que las cosas estén muy mal. Yo no, me remito a las encuestas», ha apuntado.
Por su parte, el diario Publico.es fue el primero en recoger esta noticia en una información realizada por la periodista Alicia Ibarra, que revelaba que «el Canal de Isabel II sólo sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses a los altos cargos de la empresa pública responsables del pago de los 1,4 millones “por obras no realizadas” a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A, en concurso de acreedores. Así lo ha admitido el actual director general de la empresa encargada del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Adrián Martín López de las Huertas, durante la sesión parlamentaria de la comisión de deuda».
«Tres técnicos del Canal de Isabel II certificaron indebidamente que unos servicios contratados se habían cumplido e hicieron que la empresa pública pagase 1,4 millones por unas obras que no se llevaron a cabo entre mayo y agosto de 2011 en Majadahonda. En aquellos años, Adrián Martín era el director de ingeniería del Canal y por sus manos pasó el informe en el que se solicitaba el pago millonario a la compañía privada. “Se necesitó su aprobación para que el Canal pagase esos 1,4 millones”, ha puntualizado el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez. También pasó por su mesa el documento disciplinario llevado a cabo por una empresa externa al Canal, Inncive S.L, que no derivó a ningún órgano superior que pudiera investigar esta cuestión».
«PSOE y Podemos han acusado en la sesión de la comisión de deuda a Adrián Martín de conocer y no denunciar ante la Fiscalía el pago “por obras no realizadas” y la actuación de sus tres técnicos. “Al jefe y a la subjefa de departamento sólo se les suspendió de empleo y sueldo durante tres meses y al otro técnico, que tenía un puesto inferior de director de obra, directamente se le echó de la compañía”, ha señalado el diputado socialista Pedro Santín. En su declaración, Adrián Martín no ha negado que se pagase esa cantidad millonaria a Joca Ingeniería y Construcciones S.A y ha admitido que la empresa privada exigió mucho más al Canal. La compañía demandó a la encargada del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y exigió –ante el Juzgado Mercantil nº1 de Badajoz, lugar en el que se encuentra la sede de Joca– que el Canal les pagara otros 3 millones más por una modificación en los contratos de obra. El director general no ha aclarado si finalmente se pagaron o no».
“No sé si hay muchas irregularidades o no, pero siempre les damos la vuelta a las mismas”, ha declarado el alto cargo de la empresa pública respecto a su gestión. Según este responsable, él no tenía por qué saber “todo lo que pasaba en el Canal” ni tampoco si Joca estaba en concurso de acreedores. También ha negado que la compañía privada haya vuelto a trabajar con ellos. Los dos partidos de la oposición, Podemos y PSOE, también han criticado a la dirección del Canal de Isabel II por no haberse personado en el concurso de acreedores de la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A, para que se devuelva ese dinero a los contribuyentes y han incidido en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que toda persona que tenga conocimiento de conductas presuntamente delictivas tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades», concluye la información de Ana Ibarra.
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