LIDIA GARCIA. De las 9 personas que tiene el Grupo Popular como «personal de confianza» o asesor, 2 no cumplen los requisitos legales de inclusión en el Portal de Transparencia, según han indicado a este periódico fuentes municipales. La primera de ellas es la nueva asesora Marina Arines, de la que está su nombramiento, pero no su ficha con nombre y apellidos, cargo y sueldo, lo que supone un incumplimiento legal. La segunda irregularidad corresponde al también asesor José Francisco Pérez Rodríguez (PP de Murcia), del que no consta en la web del Ayuntamiento ni el nombramiento ni sus datos, lo que supone otro incumplimiento legal, ya que sí ha accedido a las dependencias municipales en calidad de asesor y «coordinador de atención ciudadana». De hecho, su nombramiento está en el BOE, pero no consta en el Portal de Transparencia. Tres fuentes internas del Ayuntamiento señalan que este asesor, licenciado en Derecho, se está dedicando a «estudiar oposiciones» para judicatura, lo que es juzgado como una situación «lamentable», ya que accede descaradamente al Ayuntamiento «con su mochila y los libros y apuntes de esa oposición», aunque su sueldo es de 40.000 € anuales y se le paga por trabajar. Su situación se compara en el seno del Grupo Popular con la que ya le ocurrió al anterior concejal, Ricardo Riquelme, «que se sacó la carrera de Derecho siendo concejal y eso se puede comprobar cotejando fechas», cuestión a la que se achacan los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. Tanto del ex-alcalde murciano como de la asesora de la Comunidad de Madrid apenas hay referencias en prensa de sus antecedentes, pero las que existen no son muy positivas. 

Respecto a la afiliada al PP Marina Arines, lo único que se conoce es su anterior sueldo como jefa de gabinete en la Consejería Políticas Sociales, con un salario bruto mensual de 4.711 euros y un salario bruto anual de 65.965 euros. Licenciada en Periodismo y Derecho por la UCM, figura como administradora de fincas y agente inmobiliario, máster en gestión y dirección de recursos humanos, según la web Sueldode.org. Por su parte, el diario «La Verdad» de Murcia recuerda que José Francisco Pérez Rodríguez logró deshacerse de los concejales del PP que denunciaban corrupción en su partido: «Premiados con el cese. Esta es la recompensa que han obtenido los vocales de la Junta Municipal del PP en Era Alta que denunciaron supuestas irregularidades en el funcionamiento de este órgano descentralizado del Ayuntamiento que preside José Francisco Pérez Rodríguez en calidad de alcalde pedáneo. «La Verdad» se hizo eco de la descomposición del partido en la población y José Francisco Pérez Rodríguez solo contaba con el apoyo de un vocal, Abel Pérez Rodríguez, su hermano. Los cinco restantes estaban en contra de su «autoritaria gestión».

Cansados de que el hoy asesor del PP de Majadahonda, «no les convocara a las sesiones de los plenos, de que no diera cuentas de los gastos con cargo al presupuesto que tiene asignado la Junta, de que tomara en solitario todas las decisiones de tipo económico, y de que no respondiera a ninguna de las peticiones de sus propios compañeros de filas, 4 de los vocales del PP descontentos presentaron su dimisión motivada. La 5ª vocal no lo hizo de forma oficial, pero apoyaba a los anteriores. Los vocales hacían constar en el texto de su dimisión que no querían sentirse implicados y que no querían ser señalados por la opinión pública como responsables de posibles irregularidades». De hecho, en varias ocasiones pidieron «el presupuesto, las cuentas y el cierre de ejercicio de los años 2011, 2012 y 2013, aunque nunca tuvieron acceso a ellos», añade el artículo.

Sin embargo, «los 5 vocales críticos con el funcionamiento de la Junta fueron sustituidos de forma inminente y se le comunicó el cese, aunque decidieron presentar una denuncia en la Fiscalía Superior de Justicia de la Región exponiendo su situación. Los denunciantes aseguran sentirse «ignorados, humillados en los plenos y castigados con el cese por pedir que se aplique el Reglamento de Participación Ciudadana». Aseguran que el Pleno acordó no celebrar la cabalgata de Reyes como medida de austeridad pero «se aprobaron varias partidas de langostinos, roscones, juguetes, alimentos, golosinas, remolque y sonido por 3.508 euros«. Los denunciantes pidieron al fiscal «la impugnación de los plenos celebrados desde febrero de 2013 e investigar posibles desviaciones en las cuentas locales». José Francisco Pérez alegó: «Siempre hay disputas, pequeños enfados, gente que no puede compatibilizar su trabajo con la política, y lo que ha hecho el alcalde es una renovación», concluye.