J. FEDERICO MTNEZ. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado un requerimiento al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid en el que interesa una reordenación de las 16 piezas separadas de las Diligencias Previas 85/2014, más conocido como ‘Caso Púnica’, para imputar a Esperanza Aguirre pero el comunicado emitido por este órgano judicial alude específicamente a Majadahonda en un asunto específico relacionado con los negocios que hizo el informático Alejandro de Pedro en el Ayuntamiento de Majadahonda. Es la temida «Pieza 10«, en la que además los fiscales anticorrupción avisan: «En sucesivos escritos se concretarán de la misma forma los hechos relacionados con las piezas 4, 5, 7 y 10«. El Ministerio Público reclama que la ex presidenta madrileña sea incluida en la pieza separada en la que se investiga “la supuesta financiación ilegal del PP madrileño”, una de las 16 ramas en que se han dividido la instrucción, que se inició en 2014 y debería estar concluida antes del 6 de junio de 2020. La Guardia Civil ya implicó el pasado mes de marzo, por primera vez a Aguirre en la trama corrupta liderada por el ex consejero y antiguo número 2 del PP regional Francisco Granados. En su comunicado, Anticorrupción explica que el objetivo de dividir la macrocausa en 11 piezas es «simplificar e impulsar el procedimiento, facilitando las aperturas de juicio oral por los hechos acreditados, que demandan tiempos distintos». Y eso, matiza, «pese a la conexidad existente entre todos los delitos que se investigan, por la existencia de una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos«.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la ex dirigente madrileña por este mismo asunto.

COMUNICADO DE LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN: «En los informes definitivos de la Guardia Civil, se analizan los indicios de criminalidad existentes hasta la fecha y el resultado todavía provisional, de la investigación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 762.6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la propuesta de división de piezas que permitiría un enjuiciamiento independiente se concreta en los siguientes puntos:

– Pieza 1, revelación de secretos. Concluida por sentencia condenatoria firme (Sentencia del Tribunal Supremo 138/2019, de 13-3).
– Pieza 2, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso, en la Diputación de León. Fue presentado escrito de acusación el 14-3-2018.
– Pieza 3, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los anteriores investigados en Murcia. Concluida por auto de incoación de procedimiento abreviado de 15-4-2019, que ha sido recurrido.
– Pieza 4, hechos concernientes al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales.
– Pieza 5, hechos referentes a la contratación menor local en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

– Pieza 6, hechos relativos a la contratación de COFELY ESPAÑA S.A.
– Pieza 7, hechos relativos a la contratación de la empresa WAITER MUSIC.
– Pieza 8, hechos relativos a la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid.
– Pieza 9, hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
– Pieza 10, hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y terceros países.
– Pieza 11, hechos relativos a la contratación de ALFEDEL S.L.

Al escrito se adjuntan también los anexos en los que se describen más minuciosamente los hechos correspondientes a las piezas 6 (Anexo I), 8 (Anexo II), 9 (Anexo III) y 11 (Anexo IV) de la causa, a la vista de los cuales se interesa la práctica de diversas diligencias, entre ellas declaraciones de investigados, testigos y la aportación de diferente documentación. En sucesivos escritos se concretarán de la misma forma los hechos relacionados con las piezas 4, 5, 7 y 10.

La Razón (Ricardo Coarasa): «La Fiscalía Anticorrupción quiere que las ex presidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes declaren como investigadas en una pieza del «caso Púnica» en la que se indaga en la supuesta financiación irregular del PP madrileño, según han confirmado fuentes del Ministerio Público. Así se lo han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del procedimiento, las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez, a la vez que trasladan al magistrado una «reordenación» de las distintas investigaciones derivadas de la «trama Púnica«, que pasarían así de 16 a 11, una tarea que el propio García Castellón les encomendó el pasado enero para impulsar esta macrocausa en la que están imputados, entre otros, el también ex presidente madrileño, Ignacio González, y el que fuera secretario general del PP de Madrid, y vicepresidente regional, Francisco Granados«.

El Confidencial (Beatriz Parera Y Pablo Gabilondo): «La continuidad en el tiempo de estos pagos ilegales habría sido posible por la implicación en la trama de los máximos dirigentes del Gobierno regional y del PP madrileño. La UCO recuerda en las conclusiones del informe la declaración que prestó en sede judicial Isabel Gallego, antigua directora general de Medios. Gallego manifestó que se celebraron reuniones en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, con los empresarios involucrados en el desvío de fondos, y desveló que en algunos de esos encuentros participó la propia Esperanza Aguirre, pero aseguró en todo momento que en dichos encuentros no se habló de donaciones ilegales. La Guardia Civil sitúa también a la ex presidenta madrileña en reuniones en las que se sospecha que adjudicaron contratos de forma irregular a una empresa de publicidad que trabajó para ellos en las campañas electorales de 2003 y 2007. En concreto, a las sociedades del empresario Daniel Horacio Mercado, ya imputado en el caso por ser uno de los supuestos beneficiados de esta trama de corrupción. Para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre habría modificó en 2006 varias leyes autonómicas con el objetivo de que cualquier adjudicación tuviese que pasar antes por las manos de la Vicepresidencia, que en esos años ocupaba Ignacio González, también imputado en el caso Púnica«.