MANU RAMOS. «El Ministerio de Justicia pagó durante la etapa de Rafael Catalá (PP) a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama Gürtel que no tenían reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción que anidó en la formación conservadora, según la documentación y relación de pagos a la que tuvo acceso El País. Una presunta irregularidad de 800.000 euros que ha provocado que el actual equipo haya abierto una investigación interna». Así presentan los periodistas Fernando J. Pérez y J.J. Gálvez la noticia de la que se hace eco gran parte de la prensa española y que desvela cómo «según la relación de gastos, la defensa de Guillermo Ortega («Willy», ex alcalde de Majadahonda), condenado a 38 años de prisión —la mayor pena del juicio central de Gürtel—, también fue pagada por el departamento que dirigía Catalá, con 38.348 euros; y la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como partícipe a título lucrativo, para la que se giraron minutas por un total de 56.987 euros. En el caso de este matrimonio, la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita había acordado en mayo de 2015 denegarles la prestación, que sin embargo acabó siendo abonada».

Según la relación de gastos, Justicia abonó en la etapa de Catalá «cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el ex alcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en una de las mayores tramas de corrupción del país, cuya red de empresas anidó en el PP nacional durante el aznarismo. Estos importes se desembolsaron a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita, pese a que legalmente no tenían reconocido el derecho, reservado a quienes acreditan que carecen de medios materiales para costearse una defensa».

LA VERSIÓN DE LA MINISTRA DE JUSTICIA DEL PSOE. A preguntas de este diario, el actual equipo de Justicia repite que, «desde que llegó la actual ministra Dolores Delgado con el PSOE, no se ha destinado ni un solo euro al convenio. A su vez, ha admitido que se ha abierto una investigación interna para reconstruir el expediente que validó los pagos. Entre otras partidas bajo sospecha, se encuentran 56.987 euros destinados a la defensa de Inmaculada Mostaza, empleada de la trama finalmente absuelta, que fue beneficiaria de la asistencia gratuita. Y las dirigidas a sufragar los abogados de 11 mercantiles de los acusados, entre ellas algunas de las principales de la trama, como las de Correa: Pasadena Viajes (56.987 euros), Good and Better (76.311 euros) o Special Events (56.987 euros), todas ellas bajo administración judicial. También figura la sociedad limitada Cresva, del número dos de Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, también condenado. Y la sociedad pantalla Alcancía Corporate 02, que según datos del registro sigue perteneciendo a Ortega».

LA VERSIÓN DEL MINISTRO DEL PP RAFAEL CATALÁ: «Fuentes del equipo del ministerio en época del PP señalan que son los colegios de abogados, en este caso el de Madrid, el que gestionaba las solicitudes y quien tiene que rendir cuentas sobre cómo aplica los criterios de concesión de la asistencia gratuita. Además, estas mismas fuentes insisten en que la gestión del convenio se realizó en escalones inferiores del ministerio, a nivel de subdirectores generales. A preguntas de El País, el consejo defiende los pagos a los letrados de oficio de Gürtel e insiste en que la ley prevé que todos los acusados en un proceso penal deben tener un abogado de oficio —incluidas las personas jurídicas, si así lo decreta un juez— y critica que estos no cobren por meses de trabajo, porque muchas de esas empresas se encuentran en situación de insolvencia. Ante esto, el consejo afirma que lo normal es que los colegios abonen las minutas a los abogados de oficio y, si el letrado consigue después que el cliente le pague, las devuelve. Fuentes de Justicia niegan ese mecanismo. Y fuentes del equipo del PP señalan, por su parte, que si no se cumplieron las condiciones se deben iniciar expedientes de reintegro. Fuentes de la etapa de Catalá, sobre el hecho de que se superase el tope de 570.000 euros, reconocen un posible «fallo de control». No obstante, explican que, aunque el convenio fija un límite, los fondos salen de un crédito general del ministerio contra el que todos los colegios facturan. «Parece que las facturas iban llegando y se iban pagando con la partida global, pero el exceso se debía haber identificado. No se encendió la alarma».

EL ABOGADO DEL ESTADO Y EL INTERVENTOR RECHAZARON LOS PAGOS. La Abogacía del Estado emitió en abril un informe, al que ha accedido El País, donde alertaba de que «no tendría justificación» legal una asistencia jurídica gratuita como la otorgada en época del PP a empresas de la Gürtel para su defensa en el juicio. El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para esclarecer los pagos en la anterior etapa a los abogados de oficio de implicados en la red de corrupción, que acabó con la condena del propio PP. En un informe del 30 de abril, la Abogacía del Estado advirtió de que es irregular financiar el abogado de oficio de sociedades limitadas. La ley excluye a estas compañías de la asistencia jurídica gratuita, reservada solo a personas físicas y a algunas jurídicas —como fundaciones y asociaciones de utilidad pública— que carezcan de medios para costearse su defensa. Según la relación de pagos a la que accedió este diario, el Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá (PP) costeó la defensa de 11 sociedades limitadas implicadas en la trama Gürtel.

«Además de la Abogacía del Estado, la Intervención fiscal también puso reparos al convenio de 2016 (y a su ampliación) que amparó la excepcionalidad de la asistencia jurídica gratuita del caso Gürtel. En un documento interno, al que accedió este periódico, el órgano subraya que las sociedades limitadas imputadas en la trama no pueden gozar de este beneficio: «Carece de amparo legal«. A preguntas de este diario, el actual equipo del Ministerio de Justicia indicó la pasada semana que desde la llegada de Dolores Delgado a la cartera no se ha destinado un solo euro a este acuerdo, y que se ha abierto una investigación interna para reconstruir el expediente que validó estos abonos de dinero. Además, insistió en que, si se detecta algún indicio de delito, se llevará el caso a la Fiscalía General del Estado. Un paso que Ciudadanos ya pidió dar este domingo. Edmundo Bal, ex abogado del Estado, apuntó que se trataría de un delito de malversación al destinarse «dinero de todos a beneficiar a determinadas personas que no tenían derecho a justicia gratuita», informan los periodistas J. J. Gálvez y Fernando J. Pérez.

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