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El profesor del colegio público Federico García Lorca de Majadahonda (Madrid) acusado de presuntos abusos sexuales a cinco alumnos de dicho centro educativo ha sido trasladado de la prisión madrileña de Soto del Real a la cárcel salmantina de Topas, informa el periódico «El Norte de Castilla». El docente actualmente se encuentra en régimen de prisión preventiva incondicional a la espera de que se celebre el juicio por los casos de supuestos abusos que se le imputan. Un suceso que cogió por sorpresa a este centro educativo majariego ya que «no se tenía conocimiento de las denuncias tramitadas por las familias de los alumnos, y su equipo directivo y su claustro de profesores se enteraron de lo acontecido después de la detención de su compañero». Ante estos hechos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid abrió un expediente al profesor de inglés, quien fue suspendido de manera cautelar de empleo y sueldo, nada más tener constancia de la detención y de los delitos por los que se le acusaba. Además de este caso, el profesor ya había sido investigado previamente en 2013 tras la denuncia de una madre que aseguraba que “M. M.” había abusado de su hijo de 12 años “tras ir con él al cine y luego a su casa”.
La Guardia Civil continúa investigando estos abusos y todavía no se descarta que pueda aflorar algún caso más. Los agentes han señalado que no se han producido violaciones, sino “abusos y tocamientos”, hecho que siendo muy grave reviste algo menos daño psicológico hacia las víctimas. Por eso la jueza de guardia de Majadahonda no dudó en decretar prisión sin fianza a la vista de la investigación realizada y las pruebas aportadas, entre las que figura el interrogatorio al profesor. Los “tocamientos” que han adquirido la categoría de “abusos” fueron constatados al menos en dos casos de forma fehaciente, según la Guardia Civil. Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones y la alarma social que generan, el Congreso de los Diputados aprobó hace un año la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales con el fin de evitar que personas con condenas por este tipo de delitos puedan trabajar con menores de edad. Este registro fue creado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, y en esta instancia debe solicitarse el llamado Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que se exige a los profesionales que quieren trabajan con menores, como profesores o monitores deportivos.
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