LIDIA GARCIA. «No me creo que no inventen con el demonio para seguir con los chollos. Lo sacarán del recibo si no queda más remedio, pero lo camuflarán artísticamente como otro concepto». La ex concejala de UPyD Majadahonda, Carmina Madrigal, ha comentado así la noticia en las redes sociales sobre una decisión que debe tomar la ministra socialista Teresa Ribera, también afincada también en Majadahonda: El 1 de enero de 2020 la Unión Europea obliga a «limpiar» el recibo de la luz de conceptos que no estén relacionados con la oferta, la demanda y el precio de la energía. El recibo de la luz tendrá que reflejar costes reales y no incluir otras cargas. A cinco meses de la entrada en vigor de la norma y con un Gobierno en funciones, el Ministerio de Transición Ecológica tiene que decidir qué hace con los cargos que ahora pesan sobre el recibo de la luz: 7.000 millones para las renovables, 2.800 millones para hacer frente a la deuda acumulada y otros 1.600 para compensar las actividades de las eléctricas en las islas Baleares y Canarias. Esto supone el 59,55% del coste de la factura.

Teresa Ribera en un acto del PSOE de Majadahonda

«La que sí ha dado un paso en la dirección que marcan la directiva y el reglamento de la UE ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La Comisión y el Gobierno se reparten la gestión de 17.800 millones de la tarifa eléctrica. Competencia decide sobre 7.150 millones de peajes -costes de acceso a las redes- y el Gobierno sobre 10.600. «El plazo para transponer las normas sobre el mercado de electricidad es de cinco meses para el reglamento y de año y medio para la directiva. Pero España se toma las obligaciones comunitarias con calma. El país tiene más de 30 expedientes abiertos, sobre todo por incumplimientos de directivas relacionadas con el medio ambiente. En el caso de la eficiencia energética, España lleva más de 7 años de retraso en la adopción de la directiva a la legislación nacional», concluye la noticia. Leer más.