De derecha a izquierda, los ex alcaldes del PP Guillermo Ortega (Majadahonda), alias «Willy», Jesús Sepúlveda «el del Jaguar» (Pozuelo de Alarcón) y Arturo González Panero «el albondiguilla» (Boadilla del Monte) en la única foto que existe en la que posaron juntos

MANU RAMOS. El último juicio de Gürtel comienza este lunes 20 de octubre de 2025 en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), marcado por la confesión de sus principales cabecillas. Francisco Correa y Pablo Crespo, que disfrutan desde hace tiempo del tercer grado tras cumplir la mitad de su condena efectiva, han admitido las imputaciones en sendos escritos enviados al tribunal en las últimas semanas, pero la Fiscalía pide para Correa 77 años de prisión. Correa ha confesado que reconoce cobros en negro del PP por 45.000 euros y el abono de regalos y prebendas a cargos del partido por más de 220.000 euros. «La trama realizó pagos al Partido Popular a cambio de la obtención de obra pública, como 28.000 euros para la campaña electoral de 2003 en Pozuelo. Que regó con viajes y otros regalos, como joyas y relojes a alcaldes y diputados en Madrid, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, al ex tesorero Bárcenas y a su hermano por más de 220.000 euros en total. Y que el entramado criminal recibió pagos en negro del Partido Popular de Madrid, Cataluña y Valencia por 45.539 euros en 2003 y 2004. Todos estos pagos y cobros ya han sido acreditados en juicios anteriores. Cobran ahora de nuevo relevancia porque la trama no tributó esos conceptos y el juicio que este lunes comienza analizará el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Manu Ramos

LOS TRES ALCALDES CORRUPTOS DEL PP EN EL OESTE DE MADRID. Así, al menos una decena (de los 26 acusados) han hecho ya lo mismo en busca de un pacto con la Fiscalía para ver atenuadas las penas que reclaman para ellos: entre estos se encuentran diputados autonómicos del PP como Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y ex alcaldes madrileños como Guillermo Ortega (Majadahonda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) Arturo González Panero (Boadilla del Monte) y Ginés López (Arganda del Rey). Y hay muchos más: José Luis Izquierdo, el llamado contable de la trama, al que la policía encontró en uno de sus bolsillos, 65.000 euros en billetes de 500 euros y Javier Nombela, trabajador de Gürtel y ex asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid. El tribunal ha reservado 5 semanas para la celebración del juicio, cuyo final se ha previsto para el 20 de noviembre y numerosos periodistas se han acreditado para su seguimiento, aunque de mmento solo 3 se han anticipado a lo que puede ocurrir: Miguel Ángel Campos (Cadena SER), David Fernández (Infobae) y J. J. Gálvez (El País).

«Una empresa española tenía como accionista a otra en Portugal, esta a otra en Reino Unido, y esta última a otra en la Isla de Nevis, una isla caribeña considerada paraíso fiscal. Correa tenía la ayuda para configurar este entramado societario del abogado Luis de Miguel Pérez y del fiscalista Ramón Blanco Balín, que también serán juzgados». «Willy» Ortega (Majadahonda) también tiene allí el dinero pero han encontrado la forma de incautarlo. El juicio aportará luz.

«LA PREGUNTA QUE SE HACEN LOS INVESTIGADORES ES SI HAN DESCUBIERTO REALMENTE TODO EL DINERO QUE LOS PROCESADOS ESCONDÍAN EN EL EXTRANJERO. Muchas de las empresas que Correa y su gente creó en España tenían como accionistas “a compañías ubicadas en territorios ‘offshore’, si bien se interponen distintas entidades instrumentales ubicadas en países de la Unión Europea”. Por ejemplo, una empresa española tenía como accionista a otra en Portugal, esta a otra en Reino Unido, y esta última a otra en la Isla de Nevis, una isla caribeña considerada paraíso fiscal. Correa tenía la ayuda para configurar este entramado societario del abogado Luis de Miguel Pérez y del fiscalista Ramón Blanco Balín, que también serán juzgados», señala el periodista David Fernández. En la Isla de Nevis es donde tiene sus cuentas también «Willy» Ortega tras su enorme desfalco realizado en el Ayuntamiento de Majadahonda: «Con un procedimiento parecido se habrían transferido a entidades bancarias helvéticas fondos del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, correspondientes a las sociedades Tranquil Sea Inc y Midcourt Ltd, radicadas en el paraíso fiscal de la isla de Nevis«, informaba entonces la agencia Europa Press.

La trama había captado a un inspector de Hacienda como asesor financiero: fue Ramón Blanco Balín quien ideó la salida del dinero a paraisos fiscales como la Isla de Nevis (Caribe) donde aún permanece oculto y no ha sido repatriado, aunque los políticos corruptos están pidiendo redenciones de penas por confesar sus delitos

«ECONOMISTA Y ASESOR FISCAL, RAMÓN BLANCO BALÍN ERA EL CEREBRO FINANCIERO DE LA TRAMA, un experto en blanqueo de capitales. Inspector de finanzas del Estado. Amigo de José María Aznar, con grandes contactos en el mundo empresarial. Su currículo es brillante. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorporó a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombró su segundo y en 2002 fue elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). También ha mandado a la Audiencia una confesión, asegurando que conoció a Correa a través de Alejandro Agag, yerno de Aznar, y que empezó a trabajar para ellos porque le “indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”, añade.

Los ex concejales del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas (indultado) y Juan José Moreno, que no llegó a firmar la denuncia que desbarató la trama Gürtel «por miedo», lo que le ha supuesto 10 años más de cárcel

OTRO PROTAGONISTA ES EL EX CONCEJAL DEL PP EN MAJADAHONDA, JOSÉ LUIS PEÑAS, que «dio hace dos décadas un paso que cambiaría su vida y la historia reciente de España cuando comenzó a grabar en secreto al empresario Francisco Correa y a otros miembros de la trama Gürtel, con los que había trazado amistad. La iniciativa de Peñas, que en 2007 llevó a la Policía Nacional los audios que había recopilado, desataría un enorme terremoto político, que se cobraría la pieza mayor en 2018 (la caída del Gobierno de Mariano Rajoy tras la primera sentencia que condenó al partido conservador por beneficiarse de la red de corrupción); y cuyos ecos aún resuenan a día de hoy. A partir de este lunes, la Audiencia Nacional se dispone a poner el punto final al caso Gürtel con el comienzo del último juicio que queda pendiente, marcado por la confesión definitiva de sus principales cabecillas. “Se cierra así una etapa”, incide Peñas al echar ahora la vista atrás: “No me arrepiento de nada. Mil veces que naciera, mil veces que lo volvería a hacer”, ha declarado al periodista J. J. Gálvez.

«Después de que la propia Audiencia lo condenase a casi 5 años de cárcel por beneficiarse de la red, José Luis Peñas (PP Majadahonda) declara: “Lo único que siento es no haber podido demostrar al tribunal que yo no cogí dinero, que yo no estafé a nadie. Que yo estaba muy cerca de Gürtel, pero que yo no era Gürtel”

“PARA MÍ ES UN ORGULLO SER EL DENUNCIANTE DE ESTA TRAMA”, prosigue el ex edil popular, que recibió el pasado año un indulto parcial del Gobierno después de que la propia Audiencia lo condenase a casi 5 años de cárcel por beneficiarse de la red. “Lo único que siento es no haber podido demostrar al tribunal que yo no cogí dinero, que yo no estafé a nadie. Que yo estaba muy cerca de Gürtel, pero que yo no era Gürtel”, remacha Peñas al referirse a esa sentencia; que, pese al castigo, le reconocía su papel clave para sacar a la luz uno de los mayores casos de corrupción de la actual etapa democrática. Los datos así lo demuestran: a falta de conocer el resultado de la última vista oral que arranca este lunes, se han celebrado ya otros 11 juicios sobre la trama; se han dictado 22 sentencias (ocho de ellas, por el Tribunal Supremo); se han impuesto penas a 94 personas que suman más de 750 años de prisión. Entre ellas se sentará en el banquillo el poderoso empresario de prensa José Luis Ulibarri, que tiene el 50% de la televisión de Castilla y León y es propietario de varios medios en esa región, entre ellos ‘El Mundo de Castilla y León’ y varias cabeceras locales. Ya fue condenado en otra de las piezas del caso, y en este la Fiscalía pide para él 14 años de prisión, multas de 20 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años.