LIDIA GARCIA. «El Ministerio de Justicia reclama al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) más de un millón de euros por dinero abonado durante el gobierno de Mariano Rajoy a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama Gürtel que no tenían reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción». Así resume la periodista Reyes Rincón del diario «El País» lo que en fuentes del Gobierno señalan: que el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, firmó este jueves 7 de abril (2022) una resolución que pone fin al expediente abierto hace casi cuatro años por Justicia después de que se detectaran irregularidades en los pagos a los abogados de varios imputados en la red corrupta de la que, según ha sentenciado este viernes por tercera vez la Audiencia Nacional, se benefició el PP.

Una vez terminada la vista del juicio central de Gürtel —la llamada Época 1— y hechos los pagos, el Ministerio de Justicia, ya durante la etapa de Dolores Delgado como ministra, detectó que algunos abogados habían sobrepasado el máximo de 30.000 euros fijados. Además, según las certificaciones de pagos, se costeó la defensa de procesados que no la tenían concedida, como el propio Francisco Correa, cuyos tres letrados de oficio recibieron 67.506 euros. «También se corrió con los gastos de los letrados del ex alcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega», condenado en aquel juicio a 38 años de prisión y cuya defensa recibió del departamento que entonces dirigía el ministro del PP, Rafael Catalá, un total de 38.348 euros, así como la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como partícipe a título lucrativo, para la que se abonaron 56.987 euros.

Estos pagos se consumaron pese a que la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita había acordado en mayo de 2015 denegarles la prestación. La investigación abierta por el Ministerio de Justicia tras detectar las irregularidades cifró en 365.812,50 euros el dinero pagado de más a abogados de acusados y en 529.509 la cantidad abonada irregularmente por la defensa de empresas implicadas en la trama, por lo que se inició un expediente de reintegro que ha concluido ahora. «La reclamación del departamento que dirige Pilar Llop, según confirman fuentes del Gobierno, asciende a 1.025.321,5 euros, tras sumar, a las cantidades que el ministerio considera mal abonadas, intereses de demora por importe de 130.356,74″, concluye la noticia.