El letrado Marcos García Montes
J. ALVAREZ DE TOLEDO. El juez autorizó a la Guardia Civil a que su psicóloga analizara en la cárcel al «descuartizador» de Majadahonda, a pesar de que el abogado de Bruno Hernández Vega, actualmente encarcelado por la desaparición de su inquilina Adriana Gioiosa, de nacionalidad argentina, ha denunciado en el juzgado la presunta vulnerabilidad de sus derechos tras conocerse una reunión entre Bruno y su familia con la citada psicóloga de la Guardia Civil. En dicha reunión la psicóloga trató de convencerle de que se declarara culpable. El letrado Marcos García Montes, uno de los letrados más mediáticos del país y célebre por sus incursiones en los programas televisivos «basura», añade que esta mujer se reencontró con el acusado en la cárcel de Valdemoro en un vis a vis. García Montes no sólo ve irregularidades en dicho encuentro, sino que además duda de que la mujer sea realmente quien afirma ser. «Se han violentado los derechos humanos en la investigación», afirma el letrado.
La Guardia Civil ha explicado en un comunicado que «existen dos autos del juzgado» que avalan el interrogatorio psicológico al acusado por parte de un especialista. Esto quiere decir que, por orden del juez, se ordena la elaboración de un informe psicológico y psiquiátrico y la entrada de éste en la prisión de Valdemoro. En el primero de ellos, con fecha del 15 de abril, se concreta la necesidad de un perfil psicológico de Bruno pues, si su salud mental reflejara algún tipo de enfermedad, sus acciones serían inimputables. Para lograr este objetivo se necesita no sólo conversar con el acusado sino también con el entorno que le rodea.
El segundo auto, fechado el 27 de abril, 2 semanas después del primero, informaba de que una psicóloga de la Guardia Civil visitaría al «descuartizador» durante su estancia en Valdemoro. «Esta actuación es perfectamente legal», aseguraron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, y confirmaron que «todo fue ordenado y autorizado por el juez». Asimismo estos mimos medios de la benemérita niegan que el acusado fuera presionado para que autoinculpara de los hechos sucedidos en la casa del barrio de La Sacedilla de Majadahonda.
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