Juicios desde Majadahonda y en Galicia por falsificación de marcas de ropa

«@YoSoyOriginal_ falsificaciones financiando EI. La falsificación es un robo y el que compra objetos robados comete delito… Majadahonda», se quejan los fabricantes de las grandes marcas. Precisamente Majadahonda se ha convertido en uno de los epicentros de la lucha contra la falsificación de ropa tras producirse desde los juzgados de esta ciudad la declaración de la responsable legal de Ralph Lauren en el juicio de una estudiante acusada de vender en un mercadillo gallego 461 prendas de vestir falsas con estampaciones del logotipo de distintas marcas. En su declaración señaló que cada «polo legal valía entre 85 y 105 euros pero se vendían clandestinamente en los mercadillos de Galicia». A pesar de que el proceso implicaba a varias marcas, algunas de las afectadas han rechazado solicitar una reclamación por las prendas falsificadas vendidas en este mercadillo gallego. Entre ellas se encuentran Levis, Burberry, Boss, Carolina Herrera y Guess. Uno de los aduaneros cuyo testimonio fue clave para el desarrollo de la investigación señaló que las prendas prendas falsas eran «200 o 300» y que «algunas aparecían vinculadas también a otros puestos».

«Una joven que estudiaba el bachillerato en el 2012 aseguró ayer en un juicio que no sabía nada sobre las 461 prendas de marca falsificadas que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) descubrió en un puesto del mercado de A Pedra, del cual ella era la titular. Alega que no tenía ni idea de que ella figurase como la responsable de la tienda porque nunca había firmado ningún documento ni trabajado allí pues tenía que ir a estudiar al instituto. Cree que el negocio lo llevaban sus familiares. Ni siquiera estuvo en el registro del puesto cuando los agentes descubrieron la ropa pirata. Fueron su madre y su abuela las que presenciaron cómo se decomisaba el género. La Fiscalía pidió inicialmente para la acusada un año y 9 meses de prisión por un delito contra la propiedad industrial, una multa de 6.480 euros y el pago de 18.774 euros de indemnización a las marcas perjudicadas. No obstante, al final del juicio, la Fiscalía matizó su postura y recomendó que se impusiese la «pena mínima» a la sospechosa«, relata la Voz de Galicia. Esta es su historia:

«Todo empezó el 26 de julio del 2012 cuando los aduaneros hicieron una redada contra el contrabando de tabaco en el mercado vigués. De casualidad, en uno de los registros, los agentes hallaron hasta 461 prendas de vestir con estampaciones del logotipo de diversas marcas registradas. Todas habían sido fabricadas sin autorización de los titulares de las multinacionales. Los agentes encontraron cinco camisetas falsas de Burberry, otras once de Carolina Herrera, un pantalón Guess, otros 37 de Levis Strauss, 46 camisetas de La Martina, dos pantalones de Quicksilver, 96 polos de Ralph Lauren, seis jerséis de Star Raw y tres camisetas Tous.

La chica, al parecer, fue utilizada por su propia familia como testaferro sin que ella supiera nada, pues solo se dedica a estudiar. La joven acusada G.R.M. aseguró que ella nunca gestionó el puesto ni firmó nada «que yo recuerde». Insistió en que no trabajaba en A Pedra, «no sé si mis padres trabajaban allí». Respecto al registro, «me comentaron mi madre y la abuela que lo hubo pero yo no estaba». «Me dedicaba a estudiar, nunca compré ropa ni llevé la contabilidad del puesto», aseguró ayer en el juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 3 de Vigo. Su abogada pidió la nulidad de la investigación e impugnó los informes periciales sobre la ropa decomisada. Les restó validez porque fueron elaborados solo por la parte contraria. Recalcó que la acusada estudió bachillerato hasta el 2013 y en el 2012 también iba a la Escuela de Idiomas. «Mi patrocinada para nada se dedicaba a la actividad de venta de ropa; al año siguiente se fue a la universidad y ni siquiera vivía con sus padres», dijo la letrada. Añadió que los registros se estaban realizando por contrabando de tabaco y no por ropa pero un agente de la SVA aclaró en el juicio que pidieron una autorización extra al juzgado», concluye.

Fuente:

La Voz de Galicia