El arquitecto compareció ante el juez y reconoció que había existido un «error del Ayuntamiento en la descripción de lo que había que demoler», lo que había provocado una «concatenación de errores en el expediente», concluye la noticia. Un Policía Local de Las Rozas, llamado a declarar como testigo, verificó la existencia de un trastero anexo que es lo que él vio, pero no pudo precisar más sobre otras construcciones.

MARIANA BENITO. (30 de julio de 2025). El Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda ha archivado un procedimiento por un presunto delito de desobediencia contra L.F.V. y F.L.G., vecinos de Las Rozas, tras constatar un error en la identificación de una infracción urbanística por parte del propio Ayuntamiento de la localidad, informa la web de Lawandtrends.com. El caso, que comenzó con la denuncia de unas vecinas por la construcción de un trastero, ha puesto de manifiesto la importancia de la precisión en los expedientes administrativos. Tras la denuncia de dos vecinas, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra L.F.V. y F.L.G. por una supuesta construcción ilegal, que culminó en una multa de 3.000 euros y una orden de demolición de la construcción ilegal en el plazo de un mes. Al no proceder a la demolición, el Ayuntamiento de Las Rozas, no solo inició gestiones para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, sino que también remitió las actuaciones al Ministerio Fiscal por si los hechos eran constitutivos de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal. Esto llevó al Ministerio Fiscal a interponer una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Majadahonda, que motivó que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda (antes de su conversión en sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia) revocara la decisión administrativa. «Ante esta evidencia, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda procedió al archivo del procedimiento, al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito de desobediencia. Este desenlace subraya la importancia de la rigurosidad administrativa para evitar consecuencias judiciales innecesarias para los ciudadanos», señala la web.

Ricardo Agud Spillard

La clave del caso llegó días después, cuando el arquitecto del Ayuntamiento de Las Rozas, acompañado por operarios, acudió al domicilio para iniciar la demolición. Sorprendentemente, comenzaron a derribar la entrada principal de la vivienda, no el trastero. Fue la intervención de F.L.G., explicando que era la única entrada y que se estaba cometiendo un error, lo que hizo que el arquitecto verificara la situación. Al constatar que efectivamente era la única entrada y que continuar la demolición causaría daños irreparables, el arquitecto detuvo los trabajos y reconstruyó la parte demolida. Fue en ese momento cuando el arquitecto se percató de la existencia de un trastero anexo que no coincidía con la descripción inicial de la construcción ilegal en el expediente, decidiendo abrir un nuevo expediente urbanístico.

«Ante esta evidencia, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda procedió al archivo del procedimiento, al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito de desobediencia. Este desenlace subraya la importancia de la rigurosidad administrativa para evitar consecuencias judiciales innecesarias para los ciudadanos»

«Durante las declaraciones como investigados, L.F.V. y F.L.G., bajo la dirección letrada de Ricardo Agud Spillard, Director de Escudo Legal, negaron que la construcción que el Ayuntamiento pretendía demoler la hubieran construido ellos. Argumentaron que lo que se les exigía derribar era una zona de acceso a la vivienda que ya existía cuando adquirieron la casa 15 años atrás. Un Policía Local de Las Rozas, llamado a declarar como testigo, verificó la existencia de un trastero anexo que es lo que él vio, pero no pudo precisar más sobre otras construcciones. Esta crucial circunstancia fue rápidamente comunicada al Juzgado por el Letrado Ricardo Agud Spillard, solicitando que se llamase a declarar como testigo-perito al arquitecto del Ayuntamiento. El arquitecto compareció ante el juez y reconoció que había existido un «error del Ayuntamiento en la descripción de lo que había que demoler», lo que había provocado una «concatenación de errores en el expediente«, concluye la noticia.