«España debe reparar íntegramente al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón», declara el ministro de Justicia del primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil: argumenta que los hechos le han dado la razón con la contundente condena del alcalde de Majadahonda, «Willy» Ortega

TARSO GENRO. *Ministro de Justicia del primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil, ha sido Gobernador del Estado de Río Grande del Sur y Alcalde de Porto Alegre. Actualmente, ejerce como abogado y es autor de libros y artículos sobre Derecho y teoría política. Las condenas originadas en un «entramado» de procedimientos judiciales, que se aplicaron en el Caso Gürtel, fueron elevadas: al cabecilla de la red de corrupción del «Caso Gürtel», Francisco Correa (51 años y 11 meses); Pablo Crespo, ex secretario del PP de Galicia (37 años y 6 meses); Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (38 años y 3 meses); y Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y principal imputado en otra causa (33 años y 4 meses de prisión más una multa de 44 millones de euros). Los derechos humanos como derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico racional y democrático son «fundamentalmente derechos de todos contra todos, (lo que) añade una universalidad de validez, (…) definida por su fundamentalidad ante cada persona que acepta un fundamento racional». España le debe al mundo democrático la devolución de Garzón a la magistratura, que le fue arrebatada en un proceso cuando menos tortuoso, y que careció del derecho fundamental de apelación a un tribunal superior, como es universal en los sistemas de justicia civilizados.


El Gobernador del Estado de Río Grande del Sur y acalde de Porto Alegre, Tarso Genro, fue ministro de Justicia del primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil: en la foto, Lula junto al juez Garzón

Los casos sometidos a la jurisdicción de Garzón afectaron a diversos grupos políticos, internos y externos al «Partido Popular», heredero de buena parte de la ideología y cultura del franquismo, que, en el largo y complejo proceso de transición a la democracia en España, aglutinó a los grupos de poder más significativos de la élite española, con su vocación arbitraria heredada de la prepotencia del franquismo. El 21 de agosto de este año 2023, el diario La Vanguardia publicaba un importantísimo reportaje sobre una clarísima decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un fallo histórico que reiteraba «que España debe reparar íntegramente al Honorable Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón». Los derechos humanos como derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico racional y democrático son «fundamentalmente derechos de todos contra todos, (lo que) añade una universalidad de validez, (…) definida por su fundamentalidad ante cada persona que acepta un fundamento racional». España le debe al mundo democrático la devolución de Garzón a la magistratura, que le fue arrebatada en un proceso cuando menos tortuoso, y que careció del derecho fundamental de apelación a un tribunal superior, como es universal en los sistemas de justicia civilizados. Lea el artículo completo publicado este 12 septiembre (2023) en Diario Jurídico.

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