SONIA BLUE. «Cuando el resto de herederos denunciaran los hechos, Rubén Parra fue detenido en Majadahonda (Madrid) el 5 de octubre de 2011 llevando consigo una fotocopia plastificada del DNI de su tío con una foto suya que había incorporado al documento original antes de fotocopiarlo para cometer los hechos. El hombre fue puesto en libertad y aprovechó para fugarse a Brasil. En 2015 se acordó la detención internacional del acusado y fue extraditado a España. Desde entonces ha estado en prisión. Durante el juicio, el hombre reconoció los hechos y aceptó la condena impuesta. El único debate por el que los hechos tuvieron que ser expuestos en Sala surgió porque las entidades bancarias no se consideraban responsables subsidiarias de los hechos. Finalmente, el Tribunal ha considerado que sí lo eran». Carmen Lucas-Torres de «El Español» describe como fue la estafa que el majariego Rubén Parra Alonso le hizo a su tío abuelo de 90 años. Tras fugarse a Brasil fue extraditado y ahora purga sus fechorías en la cárcel.


«El sobrino nieto llegó a hacer transferencias de más de 6.000 euros en días sucesivos o muy próximos, e incluso realizó una transferencia de 75.000 euros «que salió de la cuenta de Bonifacio para ingresarse en una cuenta de éste y más tarde en la cuenta del acusado en dos transferencias realizadas en el mismo día». Según la resolución, las dos entidades conocían personalmente al afectado. De hecho, fue trabajador del BBVA hasta su jubilación. Lo llamativo de la sentencia de los magistrados Caridad Hernández, Eduardo de Urbano y Ana María Pérez Marugán es que no sólo han condenado al autor confeso de la estafa, sino también a las entidades bancarias, como pidieron los herederos del anciano ya fallecido que ejercen la acusación. El Tribunal sí que afea la «actuación descuidada» de los empleados y directores de las entidades que, a pesar de observar «movimientos absolutamente extravagantes para el patrón operativo habitual, constante y desde hace años realizado por Bonifacio (el fallecido) no adoptaron medidas de seguridad ni se pusieron en contacto telefónico con el cliente». Por estos hechos, el BBVA deberá pagar 140.642 euros y el Santander, 76.878″, concluye la noticia.

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