J. FEDERICO MTNEZ. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha emitido una nota de prensa fechada en Madrid este martes 19 de julio (2022) que informa que tras la fase de instrucción de la pieza número 9 del «caso Púnica» ha presentado un informe final de valoración jurídica de lo instruido en el que «se analizan pormenorizadamente cada uno de los hechos y la participación de las personas afectadas». El resultado final ha sido un informe de 860 páginas, elaborado por el Fiscal Alejandro Cabaleiro Armesto y estructurado de la siguiente forma: «un primer apartado comprensivo de la formación de la pieza separada, folios que la componen y principales aspectos procesales. Una segunda parte, propiamente de informe jurídico, en que se analizan las elecciones del 2007, 2008 y 2011, seguido de las diferentes adjudicaciones en materia de contratación pública y encargos en materia de posicionamiento on line. En la tercera parte se analizan las personas, tanto físicas como jurídicas, desde una perspectiva procesal y de posible responsabilidad penal y, finalmente, una última parte en que se exponen los requerimientos de documentación, tanto a empresas privadas como administraciones públicas».

«Igualmente se mantiene el carácter delictivo asociado a los trabajos de reputación on line para diferentes políticos, motivo por el que se interesa que continúen las actuaciones frente a Isabel Gallego Navarrete (directora general de Medios), Salvador Victoria Bolivar (exconsejero de Presidencia y Justicia), Borja Sarasola Júdenes ( ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial  y José Martínez Nicolás (consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, así como frente a Alejandro De Pedro Llorca (informático y cerebro de la Púnica), Diego Mora Borobia (ex presidente de Indra), María Luisa De Madariaga (agencia El Laboratorio de Almagro) y Francisco Lobo Montalvan (ex secretario general técnico de la Consejería de Sanidad), por delitos de prevaricación y malversación. En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías), se aclara su situación procesal y, respecto de aquellas que constan como investigadas, se interesa el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación, lo que se explica de forma detallada e individualizada en el escrito», concluye la nota.

LA «REPUTACION ON LINE» DE LA PIEZA 9: Fuentes judiciales señalan que el juez ha tomado en consideración la declaración de Silvano Corujo, ex directivo de la agencia pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) y que colabora actualmente con la Fiscalía Anticorrupción en los casos Púnica y Lezo, quien denunció en septiembre de 2019 que recibió amenazas «por haber destapado las mordidas que afectan al PP de Madrid y al ex presidente madrileño Ignacio González«. Según manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, el 17 de abril de 2018 un hombre se le acercó en la calle, le tocó el hombro y le dijo “búscate protección”. Corujo afirmó que había gente que le seguía por lo que decidió cambiar de vivienda y ahora vive en un domicilio secreto, según revelaron fuentes presentes en la tercera sesión de interrogatorios a imputados en la pieza 9 del caso Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño.

El ex directivo fue preguntado por el juez en relación con un supuesto acuerdo de 2011 entre su jefe, José Martínez Nicolás, la entonces directora general de Medios de la Comunidad, Isabel Gallego y el ex consejero Salvador Victoria, para que el ICM adjudicara a dedo a la mercantil Indra un contrato de 202.844 euros. Según el juez instructor, este contrato llevaba estipulado que Indra contratase con la mercantil Eico, del informático Alejandro de Pedro un servicio de consultoría sobre el cumplimiento de las estipulaciones del propio contrato de ICM. «En realidad, lo que hacía Eico a cambio de esos fondos no era vigilar la efectividad del contrato sino realizar labores para mejorar la reputación on line de dirigentes del PP como Ignacio González o los ex consejeros Borja Sarasola o Salvador Victoria», algo que negaron los ahora procesados. Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaron el 2 de agosto de 2019 un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordenaban esta macrocausa, que se investiga desde 2014. El ministerio público dejaba en 11 las 16 piezas en las que se había desgajado la investigación del ‘caso Púnica’. Entre los fiscales se hace el siguiente pronóstico sobre el orden de terminación de la instrucción:

nº 1 (caso cerrado): condena de Granados y 2 guardias civiles por «revelación de secretos» en filtraciones del caso
nº 2 (León): el juicio está fijado para el 9 de noviembre (2022)
nº 3 (Murcia): ya ha definido sus acusaciones.
nº 4 (Valdemoro blanqueo): ampliada instrucción.
nº 5 (Valdemoro contratación): instrucción casi concluida.
nº 6 (Cofely): definidas acusaciones.
nº 7 (Waiter Music): instrucción casi concluida
nº 8 (Granados): ampliada instrucción
nº 9 (financiación PP): definidas acusaciones
nº 10 (Valencia, Majadahonda, Exterior): instrucción casi concluida
nº 11 (Colegios): ampliada instrucción