AGENCIA EFE. La Fiscalía de Madrid ha pedido este martes 5 de julio (2022) dos años y medio de cárcel al ex alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), por permitir que el Hospital Puerta de Hierro funcionase 7 años sin licencia, que fue finalmente concedida a una empresa pese a contar con informes que alertaban de deficiencias relativas a protección contra incendios. El hospital, explica la Fiscalía, comenzó a funcionar sin haber obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia de primera ocupación y, cuando se solicitó, en junio de 2008, se produjeron diversas visitas de inspección e informes de los servicios técnicos municipales que alertaron de 66 deficiencias, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios». Por estos hechos se sentarán en el banquillo (en una fecha aún por determinar) el ex alcalde y los ex concejales Juan Carlos Pérez y Carmen Menéndez, acusados de un delito sobre ordenación del territorio por haber concedido a la Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S.A. (responsable de la construcción y explotación del centro) dicha licencia pese a las deficiencias advertidas por los servicios municipales.

Según la Fiscalía, el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada desde septiembre de 2008 hasta abril de 2015, tiempo en el que «no se adoptó por los acusados ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora». Explica el ministerio público que el hospital continuó su actividad sin que la empresa comunicara la subsanación de las deficiencias advertidas y, dado que la situación se prolongaba, el 18 de diciembre de 2012, los responsables del Servicio de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento pusieron «expresamente de manifiesto» al Servicio Jurídico de la Concejalía de Urbanismo que la actividad estaba funcionando sin la correspondiente licencia de primera ocupación, «y por consiguiente sin licencia de funcionamiento».

Pidieron un informe sobre las medidas que se deberían adoptar y el entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Pérez, contestó solicitando otro informe, que después remitió al Negociado de Urbanismo y Vivienda «sin dar respuesta alguna y sin adoptar tampoco medida alguna». Hasta el 2 de diciembre de 2014 la representación de la citada empresa se abstuvo de contestar a todos los requerimientos «manifestando haber procedido a la subsanación de las deficiencias», una respuesta que originó nuevas visitas de inspección, que así lo constataron, y que motivó que se emitieran informes favorables a la concesión de la licencia. Explica también la Fiscalía que en marzo de 2007 la sociedad concesionaria solicitó al Ayuntamiento una licencia de apertura y ejercicio de actividades para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad de hospital. En ese momento los servicios técnicos municipales volvieron a advertir de una serie de deficiencias, que no se subsanaron hasta abril de 2015.

EUROPA PRESS. La Fiscalía de Madrid solicita 30 meses de prisión para el exalcalde de Majadahonda Narciso de Foxá Alfaro y para dos de sus concejales por un delito sobre ordenación de territorio por permitir al Hospital Puerta de Hierro funcionar sin licencia desde 2008. Se les acusa de haber concedido a la Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S. A. la licencia de primera ocupación a pesar de haber recibido informes de los servicios técnicos municipales en los que les alertaba sobre la existencia de varias deficiencias en el centro sanitario, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios». El escrito de acusación recuerda que en 2008 comenzó a funcionar el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda cuya actividad sanitaria era responsabilidad del Servicio Madrileño de Salud, mientras que su construcción y explotación lo era de la empresa concesionaria «Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda, S.A.».

Así, para desarrollar tal actividad había obtenido Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y por Decreto de la Concejal Delegada de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda se le había concedido licencia de obra mayor para la construcción del hospital. Sin embargo, la Fiscalía explica que el hospital comenzó sus actividades sin haber obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia de primera ocupación. Dicha licencia fue solicitada el 16 de junio de 2008, lo que dio lugar a diversas visitas de inspección e informes de los servicios técnicos municipales en los que se pusieron de manifiesto un total de 66 deficiencias, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios». Tras efectuarse sendos requerimientos de subsanación al solicitante, el hospital continuó su actividad, «que no cesó en ningún momento», sin que la empresa comunicara haber procedido a la corrección de tales deficiencias. Dado que tal situación se prolongaba, el 18 de diciembre de 2012 los responsables del Servicio de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda pusieron «expresamente de manifiesto» al Servicio Jurídico de la Concejalía de Urbanismo que la actividad estaba funcionando sin la correspondiente licencia de primera ocupación, «y por consiguiente sin licencia de funcionamiento».

A continuación, solicitaron un informe sobre las medidas que se deberían adoptar al respecto, a lo que J. C. P. G., (Juan Carlos Pérez) en ese momento Concejal de Urbanismo del citado Ayuntamiento, contestó en un primer momento solicitando otro informe sobre los pasos dados en dicho expediente y justificación del tiempo transcurrido en su tramitación. Una vez elaborado el informe, el concejal lo remitió al Negociado de Urbanismo y Vivienda «sin dar respuesta alguna y sin adoptar tampoco medida alguna». Hasta el 2 de diciembre de 2014 la representación de «Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda, S.A.» se abstuvo de contestar a todos los requerimientos «manifestando haber procedido a la subsanación de las deficiencias». Esa respuesta originó nuevas visitas de inspección de los servicios técnicos «constatando la subsanación de tales deficiencias» lo que, a su vez, motivó que se emitieran sendos informes favorables a la concesión de la licencia de primera ocupación, que fue concedida por resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, que en aquellos momentos era P. G. C. Por otra parte, en marzo de 2007 la sociedad concesionaria solicitó al Ayuntamiento una licencia de apertura y ejercicio de actividades para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad de hospital.

Fue entonces cuando los servicios técnicos municipales volvieron a poner de manifiesto una serie de deficiencias, al tiempo que requirieron al solicitante para que las subsanara, algo que no ocurrió hasta el 9 de abril de 2015 cuando se emitió informe jurídico favorable y por resolución del concejal Delegado de Urbanismo de 29-4-2015 en el que se concedía la licencia de apertura de actividad calificada para el ejercicio de hospital. La Fiscalía pone de manifiesto que mientras el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada (de septiembre de 2008 a abril de 2015), «no se adoptó por los acusados ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora». En su opinión, la adopción de tales medidas correspondían al entonces alcalde, así como a J. C. P. G. (Juan Carlos Pérez González) y C. M. R. (Carmen Menéndez Rodríguez) en su condición de concejales delegados de Urbanismo ya que «pese a que se había puesto en conocimiento de tales acusados que el hospital se encontraba funcionando sin las preceptivas licencias, así como la necesidad de adoptar las referidas medidas».