La Guardia Civil, a las puertas del Ayuntamiento de Majadahonda: en las otras imágenes, la sal amontonada que sobró tras la compra a precios más altos, según la Oposición, particulares retirando nieve pese a la contratación de excavadoras de Murcia y la célebre foto del alcalde y concejala exhibiendo los medios con los que pensaban combatir el temporal «Filomena»

JULIA BACHILLER. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha pedido documentación al Ayuntamiento de Majadahonda sobre los contratos públicos realizados a causa del temporal «Filomena«, según pudo saber este periódico en fuentes municipales. Este miércoles 23 de noviembre (2022) recibíamos la confirmación por parte del gabinete de prensa del Ayuntamiento de esta información que recientemente llegó hasta nuestra redacción y que ha causado consternación en diferentes departamentos y Concejalías, ya que no se producía una «visita» (en este caso «virtual») de las fuerzas y cuerpos de Seguridad (en aquel caso de la Guardia Civil) desde los tiempos de corrupción de los casos «Gurtel» y «Púnica«. El motivo por el cual la UDEF interviene requiriendo este tipo de información y documentación según el gabinete de prensa del Ayuntamiento, es que se ha debido «a la posible denuncia que ya algún grupo municipal anunció que iba a interponer sobre este asunto”. Y como nota aclaratoria añade: “este tipo de peticiones son trámites habituales, rutinarios y previos a la apertura o no de cualquier tipo de investigación”. La versión oficial del Equipo de Gobierno PP-Vox finaliza afirmando que “como no puede ser de otra manera, se ha facilitado todo lo requerido con la máxima diligencia”. Ante estos hechos y como bien apunta el comunicado de prensa, habrá que esperar el veredicto de la UDEF, nuestro cometido no es otro que tener informados a nuestros lectores y agradecer al gabinete de prensa la verificación por su parte de lo acontecido.

La actuación de las excavadoras quitanieves recibió numerosas quejas en Majadahonda por su escasa operatividad y su alto coste

SILENCIO DE LA OPOSICION. Como puede apreciarse en esta comunicación oficial, el consistorio elude señalar a ninguno de los grupos municipales de la oposición, Ciudadanos o PSOE, como posibles demandantes en la denuncia interpuesta, de ahí que destaque el silencio mantenido ante un suceso de esta índole, cuando uno de sus reclamos es siempre que los vecinos estén informados con la máxima trasparencia. Recordemos como el 28 de enero de 2021 el Grupo Municipal Socialista presentaba una propuesta en una “Moción de Urgencia» que presentaba al Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda relativa a la creación de una «Comisión Especial Filomena» para analizar las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para paliar los efectos de la borrasca”, la cual fue rechazada por los votos en contra del gobierno municipal PP-Vox.

Cuando lectores de MJD Magazin descubrieron donde escondía el Ayuntamiento las toneladas de sal sobrante, el Equipo de Gobierno la cambió de lugar, pero fue nuevamente localizada, como muestran las fotos

LAS MOCIONES DE LOS GRUPOS. Por su parte Ciudadanos, en el Pleno del 29 de abril de 2021, presentaba otra moción para «exigir información y documentación sobre los contratos tramitados de emergencia como consecuencia del temporal “Filomena”, la cual obtuvo la aprobación por unanimidad de todos los grupos. En días previos a ese Pleno, concretamente el 26 de abril, Cs lanzaba un comunicado que finalizaba diciendo: “desde Ciudadanos vamos a investigar en profundidad todo lo que rodea a estos contratos que han supuesto un desembolso millonario para el Ayuntamiento de Majadahonda”. El 10 de junio de 2022 este mismo grupo enviaba un comunicado a los medios en el cual aseguraba:  “Nosotros seguimos investigando y cuestionando públicamente algunos contratos (revista municipal mayo 2021), aunque con muchas dificultades ya que el Gobierno de PP y Vox siempre nos ha puesto muchas pegas para el acceso a los expedientes y documentos relativos a esas contrataciones”. El comunicado revelaba que “en octubre de 2021 recibimos una demanda por intromisión en el derecho al honor de una de las empresas, Vin Doré 24K. Paradójicamente, fue la recepción de esa demanda la que nos facilitó el acceso libre a la documentación que nos estaban limitando puesto que, si bien estaban boicoteando nuestro trabajo como Oposición, de ninguna manera podían PP y Vox impedir nuestro derecho a la defensa jurídica”.

¿QUE ES LA UDEF?. Tan solo finalizar con una breve explicación de que es la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según información que aporta el Ministerio del Interior en su apartado de Policía Nacional: “Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales”. De esta Unidad dependen “la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a la que le corresponde la investigación de los delitos relacionados contra las Haciendas Públicas, contra la Seguridad Social, sus Entidades Gestoras en sus distintas modalidades, y los delitos contra los derechos de los trabajadores, fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles, espionaje industrial y estafas de especial trascendencia”.

LA CORRUPCION POLITICA. Además la  componen la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la Brigada Central de Inteligencia Financiera, la Brigada de Investigación del Banco de España y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Debido a la corrupción política en España, es muy común escuchar el nombre de la UDEF en la investigación de diversos casos de malversación de fondos o delitos de índole económico como son el «Caso Púnica», «Trama Gürtel», «Caso ERE» en Andalucía y más recientemente en el caso de la adquisición de mascarillas de la Comunidad de Madrid, a través del hermano de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aunque este caso que fue finalmente archivado en junio de 2022, concluyendo que ni la tramitación ni la ejecución del contrato incurrieron en “ilegalidad alguna”.