AGENCIA EFE. El Ministerio de Justicia ha exigido al Consejo General de la Abogacía que justifique que los certificados que le ha remitido para el pago de los abogados de oficio se corresponden con casos que tienen derecho a la justicia gratuita, tras descubrir irregularidades en el juicio de la Gürtel. Al analizar ese caso, se comprobó que se había pagado abogado de oficio a personas que no tenían derecho a la justicia gratuita (que cubre la defensa de quien acredita insuficiencia de recursos), como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, y a empresas, que tampoco pueden contar con el turno de oficio.

Según informan a Efe fuentes de Justicia, tanto la Abogacía del Estado como la Intervención delegada han advertido a los responsables del Ministerio de la irregularidad que se cometería si se siguieran cubriendo este tipo de expedientes, y se informó de ello al Consejo. Se le envió un oficio el pasado 21 de octubre en el que se instaba a que las certificaciones mensuales que remite a Justicia para el pago del turno de oficio se restringieran a los casos que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, lo que exige que una comisión los valide como tales. Pero el Consejo solicitó el pago del mes de octubre sin avalar ese extremo, por lo que el 21 de noviembre Justicia le reclamó que le enviara la «documentación complementaria» exigida, «con la finalidad de poder tramitar y abonar la mencionada certificación, antes del cierre contable de este ejercicio 2019, como es la «voluntad» del Ministerio. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía rechaza este trámite en otro comunicado. Sostiene que Justicia debe pagar a todos los abogados de oficio que se hacen cargo de la defensa de un acusado por mandato de un juez, aunque no estén amparados por la carencia de recursos económicos, y subraya que el Ministerio lleva años haciéndolo. «Si se ha hecho antes mal, se investigará», aseguran fuentes de Justicia, que insisten es la propia Abogacía del Estado y la Intervención quienes han dejado claro que ese proceder es irregular. Esta situación está bloqueando los pagos de octubre y no es el primer choque entre el Consejo de la Abogacía y el Ministerio desde que está al frente Dolores Delgado.

EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA DECIDIO EL VIERNES ACUDIR A LOS TRIBUNALES MIENTRAS EL OBSERVATORIO DE JUSTICIA VE FRAUDE ENTRE EL 5%Y 17% DE LOS EXPEDIENTES: «El aviso saltó, apuntan fuentes de este departamento, tras revisarse el convenio suscrito por el anterior gobierno, con Rafael Catalá como ministro, para cubrir las minutas de los abogados de oficio del caso Gürtel, trama de corrupción que golpeó al PP. Se había pagado, por ejemplo, la defensa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, la del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega o la de varias empresas implicadas, que no pueden contar con el turno de oficio. Según Justicia, con esas advertencias sobre la mesa no pueden seguir pagando el turno del oficio de personas que no tengan reconocido formalmente el derecho a la asistencia gratuita y, de hecho, la Intervención delegada ha pedido que se audite ese servicio en años previos a las irregularidades detectadas, informa el diario Mallorca Viva.

Y desvela que entre un 5% y 17% de los expedientes no tienen derecho a la percepción de dinero público:en un pleno celebrado el viernes, el Consejo General de la Abogacía Española decidió acudir a los tribunales desde el convencimiento de que el Gobierno «no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años». No dudó además en pedir la dimisión «inmediata» de Delgado ante una decisión que consideran «incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por su carácter unilateral». De acuerdo con los expedientes remitidos por los colegios a Justicia cumpliendo las nuevas reglas, los correspondientes a octubre, el Ministerio ha señalado que abonará algo más de 4 millones de euros para sufragar el servicio prestado ese mes, el 95 % de lo reclamado inicialmente por los abogados. Según el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita, en 2018 las comisiones de asistencia jurídica gratuita en los territorios dependientes del Ministerio confirmaron el 83 % de los expedientes presentados. El presupuesto de Justicia para el turno de oficio este año se fijó en un máximo de 48,68 millones de euros».