SONIA BLUE. «Bruno Hernández, conocido como el descuartizador de Majadahonda, lleva cuatro años en la cárcel, la mayoría sin salir de la enfermería de la prisión de Navalcarnero. Fue condenado a 27 años por matar y descuartizar en una picadora a su tía Liria (2010) y a su inquilina Adriana (2015). Había sido diagnosticado muchos años antes de esquizofrenia paranoide con ideas delirantes; había tenido ingresos en unidades de psiquiatría de varios hospitales pero el Tribunal le consideró imputable y apreció solo una «limitación leve de sus facultades mentales». Es uno de los 1.800 internos con una enfermedad mental grave (esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, depresión mayor…) que ha acabado en una prisión convencional y no en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios: Foncalent y Sevilla». Cruz Morcillo vuelve a poner de actualidad al descuartizador del barrio de La Sacedilla (Majadahonda) y entrevista a Bárbara, pareja de Bruno Hernández, que «lleva cuatro años peleando para que él sea tratado como lo que es: un enfermo. «Necesita un tratamiento que sí tiene, pero también atención psicológica. Solo está en la enfermería. Al gimnasio no tiene fuerzas para ir por la medicación y la biblioteca se la prohibieron porque escribía la sílaba «ER» (su permanente obsesión) en todos los libros. Los enfermeros se portan muy bien con él, pero el psiquiatra lo ve una vez al mes».

«El 30% de los presos españoles padece algún tipo de trastorno mental», explica a ABC Julián Sanz, jefe de servicio de Drogodependencias de Instituciones Penitenciarias, pero «no todos ellos tienen trastornos graves». Los que sí los tienen representan alrededor del 4,2% de los internos: 1.800 personas. Un 15% de estos pasan sus días en las enfermerías de los centros penitenciarios, como Bruno. El 40% han sido destinados a módulos de respeto o unidades terapéuticas y el resto está en cualquier tipo de módulo. «Hay que desterrar la idea que vincula delito y enfermedad mental, esa relación es falsa; los casos son excepcionales», reivindica Sanz. Y aporta más cifras: solo un 5% de todos los delitos violentos los comete una persona con una patología mental», señala el reportaje.

Y concluye: «La realidad es que hay falta de medios. Se olvida el tratamiento en pro del castigo. Si tiene usted que acabar en aislamiento o en la enfermería, acaba», asegura Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense que asesora a los jueces de Vigilancia Penitenciaria desde 1996 y es miembro del foro de discapacidad del CGPJ. «Tenemos que exigir más medios para atender la discapacidad cognitiva en prisión. Solo hay módulos específicos en Segovia y Estremera. Son presos con una capacidad intelectual por debajo de la media y/o con alteraciones sensitivas y cognitivas, que pueden tener reacciones agresivas porque no se enteran, no entienden las órdenes o las normas y a veces creen que se burlan de ellos». «No podemos seguir con el mito de que el enfermo mental es peligroso, es un estigma injusto y falso», reitera De la Torre. Leer más.