La prensa cree que la trama Gürtel copió el «modelo Majadahonda» en Pozuelo pero también en Valencia

«Es difícil desligar la rama valenciana de la primera época de Gürtel (1999-2005) que abarca la presunta financiación irregular del Partido Popular en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, así como de Estepona (Málaga). Precisamente habrían sido las mismas personas, Francisco Correa y Álvaro Pérez, a través de la misma empresa Orange Market, quienes se habrían ocupado también de orquestar la presunta financiación irregular del PP a través de otras empresas. El juicio se extenderá durante cinco sesiones en enero, con horarios de mañana y tarde, otras ocho en febrero, seis en marzo y tres en abril, durante las que se escucharán los testimonios de los principales responsables de aquellos años en el PP de la Comunidad Valenciana, como Ricardo Costa (exsecretario general del partido) o Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat valenciana), así como los empresarios a los que habrían utilizado, presuntamente, para financiar irregularmente el partido a través de sus compañías. Carmen Lucas-Torres en El Español y el diario Público recuerdan que otro que declarará como testigo es José Luis Peñas, «ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que grabó las escuchas a Francisco Correa que destaparon la trama Gürtel«.

«Precisamente Costa solicitó que se aportaran al caso los testimonios de los responsables del PP nacional en otras piezas de Gürtel, como los de Mariano Rajoy, Javier Arenas, Ángel Acebes o Rodrigo Rato. El juez, en una reciente providencia, abre la puerta a que no se aporten testificales, sino que sean ellos mismos los que vayan a declarar de nuevo, por lo que existe la posibilidad de que el presidente del Gobierno tenga que asistir como testigo. Todos tendrán que explicar su responsabilidad en el presunto desvío de hasta 25 millones de euros para la financiación irregular del partido. Los nueve empresarios que están investigados también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocen la financiación irregular a cambio de penas que no superen los dos años de prisión», concluye El Español.