MANU RAMOS. El juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo el «caso Púnica», Manuel García Castellón, ha emitido un auto al que ha tenido acceso MJD Magazin, en el que incorpora lo que la Guardia Civil califica como «factura falsa» para estafar a los cooperativistas del Colegio Caude de Majadahonda por valor de 806.200 €. El dúo compuesto por el vicepresidente autonómico del PP, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza (este último «arrepentido» y colaborando con la Justicia) incorporaron la citada factura por la que Granados cobró 60.000 euros de una comisión por llamar por teléfono al entonces alcalde, Narciso de Foxá, que ignoraba el trapicheo, pues de hecho no figura en la relación de alcaldes que presuntamente cobraron mordidas. La llamada trataba de “conseguir la adjudicación de la parcela” del Colegio Caude, algo que finalmente se consiguió. Según el texto de las diligencias previas, los profesores cooperativistas del Colegio Caude de Majadahonda pagaron 1.392.000 euros a la empresa Alfedel por la construcción del colegio, pero de los 3 párrafos del auto del juez relativos a Majadahonda se deduce que a los cooperativistas del Caude el sobrecoste del colegio les costó 1,392 millones de euros cuando valía 866.000 euros menos. Esta cifra se deduce del coste total que los presuntos estafadores cobraron, descontando las comisiones y facturas falsas: (806.200 € + 60.000 €). Según las cifras de este documento, el coste real del colegio tendría que haber sido de 525.800 € pero los profesores pagaron finalmente esos 1.392.000 €.

El caso en la prensa: unanimidad, los profesores fueron estafados. CADENA SER: «La Púnica puso el ojo en la escuela concertada. El juez de la Audiencia Nacional que está llevando el caso, Manuel García Castellón, ha concluido que la trama estafó supuestamente 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de siete centros concertados. Según ha avanzado la Cadena SER, el sumario ha señalado a Francisco Granados como el impulsor de esta parte de la trama corrupta entre 2002 y 2014. En este sentido, el exconsejero madrileño utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados. De esta manera, la Púnica contactó con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel para construir los centros. Y después de ceder suelo a bajo precio, ambas partes inflaban los costes de edificación y pagaban supuestas comisiones a políticos. Todo a través de empresas instrumentales de David Marjaliza«, reseña el diario El Boletín.

«La estafa llegaba al ver que todos estos gastos extras eran soportados por los profesores cooperativistas. Obviamente sin ellos saberlo. Incluso, según el relato judicial, tuvieron que pedir préstamos personales para afrontar estos pagos. Las comisiones a los políticos subieron hasta los 2,2 millones de euros. Los pagos detectados indican que Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda; el alcalde de Aranjuez percibió 400.000 euros; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa, recogió 939.000 euros; y aún quedan determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).

RTVE (Rocío Gil Grande): «El engaño a los profesores«. Una vez asegurándose los terrenos, Ferrón se dedicó a promover la construcción de las cooperativas de profesores, detalla el auto. A ellos les engañó para otorgarle amplios poderes, haciéndoles creer que, para llevar a buen término la preparación del concurso público, obtención de licencias y construcción de los colegios, era preciso que los cooperativistas otorgasen amplias facultades a su promotora. Estos poderes iban desde la autorización para contratar servicios hasta firmar en su nombre en las cuentas bancarias para pagarlos. Después venía el saqueo a las cooperativas«.

«Para ello, utilizaba los poderes otorgados por las cooperativas para firmar en su nombre contratos ficticios con las sociedades de David Marjaliza -Servicios Logísticos Inmobiliarios S.A.- y José Luis Capta -TPC Valparaíso. Contratos para labores de asesoramiento del proyecto con el objetivo de la adjudicación de las parcelas para la construcción de los proyectos, beneficiándose estos tres empresarios del dinero de los cooperativistas. A través de esos contratos, expone el documento, elaboró facturas falsas con las que enmascaró las “suculentas comisiones” que iban destinadas a los alcaldes y cargos públicos involucrados en la cesión fraudulenta de los terrenos a su empresa».