La zona azul de Majadahonda: historia de un fracaso de gestión con “irregularidades” que quedaron impunes

El 15 de marzo de 1993 el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda acordó la constitución de una Sociedad Mercantil de capital mixto, denominada Empresa Mixta de Tráfico y Aparcamiento de Majadahonda, S.A. (EMTAMSA), para la gestión de los Servicios Asociados de Tráfico y Aparcamiento. Dicha empresa mixta se constituyó con la siguiente participación: 70% de la sociedad se atribuyó a Compañía de Aparcamiento Regulado, S.A. (CARSA), 30% de la sociedad se adjudicó al Ayuntamiento de Majadahonda, que aportó la concesión administrativa de la gestión de los aparcamientos de la Plaza de Colón y Casa de la Cultura, servicio O.R.A., servicio de retirada y custodia de vehículos y servicio de su inmovilización por valor de 27.000 euros (4.500.000 pesetas).

La sociedad comenzó sus operaciones el 23 de junio de 1993, constituyéndose por un período de 10 años, señalándose en el artículo 3 de sus Estatutos que este plazo “podrá ser objeto de prórroga, no pudiendo superar, en todo caso, incluidas las sucesivas prórrogas, el límite máximo de 50 años señalado en el artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.” Esto es, la sociedad, salvo prórroga, expiraba el 23 de junio de 2003.

Pero todo terminó en un fracaso de gestión y un agujero económico: En la Junta de Liquidadores de la compañía del 14 de octubre de 2004, celebrada para la aprobación del balance de liquidación, se manifestó la oposición del liquidador designado por el Ayuntamiento de Majadahonda a la referida aprobación, “por no constarle con la debida certeza que ese balance refleje la situación económica real de la sociedad, habida cuenta de las numerosas irregularidades de gestión que parecen desprenderse de las cuentas de los últimos ejercicios, conforme al estudio económico que ha realizado para instruirse lo mejor posible sobre este particular. Este voto de discrepancia y su negativa a la firma del balance se basa, además, en que considera necesario que la comisión liquidadora debiera haber solicitado la correspondiente declaración judicial de concurso”.

El acuerdo disolutorio se adoptó simplemente por el voto manifestado por el presidente del Consejo de Administración de EMTAMSA en representación de CARSA, titular del 70% de la empresa EMTAMSA y accionista mayoritario. Dicha mayoría, aun siendo amplia, era insuficiente para la validez de los acuerdos adoptados. Sin embargo, “a la vista de todo lo señalado y teniendo en cuenta que desde que la sentencia ha adquirido firmeza se le ha producido un perjuicio económico al Ayuntamiento, que en ejecución de la misma se va a ver obligado a abonar casi 600.000 euros a la entidad SETEX, se considera oportuno el estudio de la viabilidad de plantear una reclamación de responsabilidad al Administrador de ambas sociedades, por medio del ejercicio de una acción individual de responsabilidad”, decían los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Nunca se pidieron esas responsabilidades.

El Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y Seguridad, de 19 de febrero de 2013, aclara que en el año 2004 se produjo la liquidación de la Empresa Mixta y el Ayuntamiento, en la Junta General de Accionistas, se opuso a esa liquidación por entender que existieron “algunas irregularidades en la gestión pero la mayoría de dicha Junta aprueba, en contra de la voluntad de este Ayuntamiento, la liquidación que se produjo el 14 de octubre de 2004. Indica que este Ayuntamiento debería haber impugnado ese acuerdo pero en ese momento no lo hizo”.

El dictamen añade que “toda esta situación se genera porque esa empresa, prácticamente al comienzo de prestar servicios, entra en pérdidas y lo hace con la forma de empresa mixta, forma que desde entonces no ha vuelto a aplicarse en este Ayuntamiento para la gestión de ningún servicio público». Y concluye: «viendo los resultados que dicha empresa consiguió, este Ayuntamiento optó por las concesiones administrativas que, desde un punto de vista jurídico y económico, protegen mucho mejor los intereses de este Ayuntamiento y de los vecinos y son, desde el punto de vista del equipo de gobierno, mucho más eficaces para gestionar determinados servicios públicos”.