JORGE RUBIO. El devenir del denominado «caso Haití» o «caso Villar» prosigue y nuevos detalles de la investigación ponen de manifiesto el poder e influencia que poseía el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol. Las escuchas telefónicas realizadas por la UCO han desvelado que Ángel María Villar podría haber tenido un «topo» dentro de los juzgados de Majadahonda. Al menos eso es lo que se desprende de algunas conversaciones intervenidas en las que se afirma reiteradamente esa circunstancia: “Está en un Juzgado donde tengo una persona”, refleja una de ellas. El 16 de junio a las 20:22 Vicente Temprado (presidente Territorial de la Federación de Madrid) llama a Villar y le pone al teléfono con Federico Romero, presidente del Comité de Árbitros de Madrid, que dice: “El tema Haití ha caído en un Juzgado donde yo tengo a una persona… e interesa que no salga”. Villar contesta: “No te entiendo”. Y Romero responde: “¿Que salga lo más tarde posible, no? Villar: “Sí, sí, sí…”. Romero: “Vale, pues le vamos poniendo papeles para que se retrase lo posible”, reproduce así una de las conversaciones intervenidas el periodista del diario AS Joaquín Maroto.
«“Con discreción, que esto es muy grave”. Vicente Temprado le dice a Villar el 28 de junio que va a montar una reunión con dos jueces que conocen el tema Haití. El 4 de julio le convoca a una reunión para 48 horas después “con discreción, que es muy grave”. El 6 de julio la Guardia Civil graba y hace fotografías en un restaurante de Madrid a Villar, a Cortés Elvira y al juez Juan Antonio Toro Peña«, detalla otra conversación. El juez Juan Antonio Toro Peña se reunió con Villar poco antes de su detención para ofrecerle su ayuda por el Caso Haití. En dicho restaurante, el magistrado ofreció su ayuda «incondicional» al entonces presidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, el supuesto trato de favor hacia Villar no se limita a esa ocasión, ya que según los periodistas diario El Mundo Pablo Herraiz y Quico Alsedo este juez «había archivado previamente la querella presentada contra Villar por la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la Federación el 2 de enero de 2012, en un proceso tildado por sus opositores en la institución de fraudulento y clandestino».
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