JORGE RUBIO. Sergio Jiménez, analista web especialista en Administraciones Públicas, denuncia en la web jurídica Legal Today la existencia de «proveedores de servicios públicos en Internet que se mueven en el espacio indeterminado de usar un nombre y estética «similar al legítimo» que suponen «costes adicionales», como ocurre en el caso de los certificados de nacimiento en Majadahonda. Una investigación en la que denuncia la existencia de una web fraudulenta que bajo el encabezamiento de «Registro Civil Majadahonda» cobra a su juicio de forma irregular por unos servicios que son públicos. Y advierte: «De hecho, me temo que hoy en día es más fácil que te de una alerta de seguridad la web del Ministerio de Justicia por el certificado digital, que la web «Registro Civil Majadahonda». No puedo decir que Google y demás estén haciendo un buen trabajo con esta materia. Y esto sin hablar de la publicidad… Es más fácil anunciar tasas ficticias que unas zapatillas con un nombre comercial registrado». Un fraude sobre el que concluye lo siguiente: «Así que abramos los ojos, estemos atentos y denunciemos esto… porque un mundo en el que los servicios públicos no son seguros, es un mundo donde los servicios públicos no se usan«.

«Hace unas semanas decidí descargarme la App de hacienda para probarla y analizarla. La búsqueda en la tienda de Google me dio el resultado «bueno» y algunos malos. Esto me llamó la atención y probé con otros servicios como «vida laboral» con iguales resultados. Además, esto me hizo recordar que, cuando estaba investigando la obtención de certificados de nacimiento en el móvil, muchos resultados muy bien posicionados llevaban a webs de gestoras que cobraban por tramitar un documento gratuito si se hacía de la debida manera», escribe Sergio Jiménez. Y concluye: «En resumen, mientras que tenemos un modelo cada vez más amplio de servicios públicos, en entornos más fragmentados (múltiples administraciones, webs, dispositivos, soluciones…) la acción general de la Administración (y demás actores) es muy residual y reactiva. En términos generales, la Policía, la Agencia Tributaria u otras organizaciones tienen un papel de difusión de alertas cuando hay una campaña específica. Es decir, si hay una serie de correos diciendo que entres tus datos para que la Agencia Tributaria te devuelva este dinero, sí se hace una difusión (con más o menos éxito) del caso».

«Sin embargo, me temo que en este ecosistema de «servicios aparentemente públicos» encontramos, en el mejor de los casos, avisos puntuales sobre lo que ocurre, pero desde luego, si hay una acción sistemática, no está siendo muy eficaz. La página de «Registro Civil de Majadahonda» está por lo menos activa desde julio. ¿Es culpa del gobierno, de los proveedores, o de quién? Pues bien, igual que, como dice el refrán «criar a un niño lleva el esfuerzo de toda una tribu», este tipo de fraudes «lleva la indiferencia de todo el ecosistema digital», señala el bloguero de la web jurídica Legal Today, que finaliza diciendo que el responsable es «Quien no lo denuncia» pero precisa: «Vale, tendría que denunciarlo, pero en verdad, no tengo ni idea de cómo hacerlo. En el caso del phising (si tuviera la sospecha de que «vida laboral» lo hace, iría a la policía), pero, ¿y cuando no es delito? ¿A quién le digo que hay una página que literalmente se llama «Registro Civil de Majadahonda» y que no lo es? No sé a quién, pero tampoco he buscado demasiado, debo confesar. Quien no normaliza esto. Miedo me da llamar al legislador en estos temas, porque suele campar como un elefante en una cacharrería, pero algo debe de hacer con determinados nombres, estéticas y elementos que pueden llamar al equívoco. Más aún en un mundo tan dinámico como este».