JULIA BACHILLER. Las dudas de los vecinos y contribuyentes sobre la legalidad del cobro de la zona azul, las multas y la grúa se suceden en Majadahonda tras conocerse que el contrato con la adjudicataria Dornier ha caducado y que el Ayuntamiento aprobó este jueves 29 de septiembre (2022) una moción «para la suspensión inmediata del Servicio de Estacionamiento Regulado”. Un abogado de Majadahonda consultado por este medio de comunicación con el cual hemos compartido la información a la que hemos tenido acceso, y cuyo criterio es coincidente con el de otros letrados consultados, ha llegado a una conclusión: “ningún servicio externo al Ayuntamiento puede realizarse sin estar legalmente autorizado”. A la empresa adjudicataria Dornier hace dos años que le venció su contrato e incluso los dos años de prórroga también están vencidos. Por su parte, la concejal responsable de Movilidad y Transportes, Marina Pont (PP), argumenta que este vencimiento coincidió con la Pandemia que paralizó la contratación. También achaca la caducidad del contrato a la posterior baja de la Jefa de Servicio encargada de la renovación, así como la acumulación de trabajo en el servicio de contratación, posibles disculpas que pueden ser veraces.

Lo cierto es que en el momento actual, el nuevo contrato se encuentra en licitación y han sido varias las empresas que se han presentado a ella. La licitación salió a la luz pública en un mes tan inusual como agosto, por lo que aunque la concejal asegura que «en unas semanas» el contrato será formalizado, en fuentes municipales se duda que sea así, ya que una vez adjudicado (proceso que lleva unas determinadas garantías legales que lo hacen más dilatado y más en este caso que está sometido a un severo escrutinio), habrá que otorgar 15 días para que los licitadores puedan presentar los habituales recursos, lo que podría alargar la formalización 1 ó 2 meses más. Y si como asegura el concejal de Vox, existe un informe de Intervención que solicita la interrupción inmediata del servicio desde junio, en el Ayuntamiento nadie entiende a que está esperando el alcalde y la concejal para paralizar este servicio. En estos medios se apunta a que evidentemente las consecuencias políticas y judiciales parecen no importarles y a ello parece no ser ajeno que su incierto futuro político parece ya decidido.

Por otra parte todo son dudas sobre que ocurrirá con los importes abonados por pago de parking, grúas y multas a esta empresa que ha actuado sin contrato, ya que la fecha queda grabada junto a las matrículas de los vehículos en los parquímetros, así como en las aplicaciones de los que han realizado sus pagos por el móvil. También los que han pagado su tarjeta de residente o los que han abonado las sanciones impuestas por aparcar indebidamente en zona azul superando el tiempo de estancia estarían afectados por la suspensión del servicio, algo que el consistorio o la empresa deberían aclarar mejor a los vecinos y usuarios, ya que por el momento solo se tiene conocimiento de un proceder por parte del Ayuntamiento: aunque se haya aprobado una moción «para la suspensión inmediata del Servicio de Estacionamiento Regulado” por 12 votos a favor y 13 abstenciones, “las mociones son instrumentos en los que el Pleno muestra su posición sobre diferentes temas, pero no tienen carácter vinculante”.