ANGELA GALARZA. Las elecciones locales celebradas el pasado 26 de mayo de 2019 trajeron como novedad, además de la irrupción en el panorama local de Vox y la desaparición de los partidos a la izquierda del PSOE, un remozado y suculento reparto de las asignaciones a los concejales del Ayuntamiento de Majadahonda. Y lo más curioso es que Vox Majadahonda llevaba en su programa electoral hasta 17 medidas de «regeneración» en las que bajo el título de «Un Gobierno municipal guiado por la ejemplaridad» se comprometían a realizar cambios como «anular las subvenciones a los partidos políticos» (medida nº 5), «Reducción del número de concejalías: hay 13 y son excesivas» (medida nº 19); «Solo habrá un Teniente de Alcalde en los Ayuntamientos en los que VOX gobierne» (medida nº 20); «Las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva nunca serán superiores a las de los funcionarios (medida nº 21); «VOX se compromete a que en Majadahonda sólo los concejales con cargo y el cabeza de lista de VOX tengan dedicación exclusiva. El resto de concejales no tendrán más que un 50% de dedicación» (medida nº 22). De estas 4 primeras medidas, Vox solo ha cumplido 1: no ha «anulado» las subvenciones a los grupos políticos y de hecho ya ha cobrado la primera; hay 3 tenientes de alcalde y no 1 como prometían; el sueldo de los 2 concejales en el Gobierno (que además se lo han subido nada más llegar) es de 58.637 euros anuales (4.886 euros al mes) claramente superior al de la media de un funcionario; el compromiso de que el tercer concejal de Vox sin dedicación exclusiva cobre solo el 50% del sueldo se ha incumplido: cobra el 75%. Lo único cumplido ha sido bajar las 13 concejalías, aunque la reducción es meramente simbólica: ahora son 12.

Los incumplimientos del programa electoral de Vox Majadahonda no paran ahí: «Deberán publicarse íntegramente las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias. A efectos de alcanzar una mayor transparencia y un conocimiento general de la ciudadanía, se publicará un anuncio indicativo en el diario local de mayor difusión. Asimismo se publicará con carácter permanente esta información en la página web del Ayuntamiento en lugar bien visible» (medida nº 24). Ni «anuncio indicativo» en diario local de mayor difusión ni «lugar bien visible» en la página web. La medida nº 26 decía: «VOX creará en cada entidad local un código disciplinario para los miembros electos de las Corporaciones Locales. Su regulación responde a la necesidad de conseguir que la mala praxis o ciertas conductas de los representantes públicos locales tengan consecuencias en los políticos«. Ni rastro del Código Disciplinario para los concejales que incumplan el programa electoral del partido.

La medida nº 28 prometía la «eliminación de los coches oficiales. Los desplazamientos podrán hacerse con los taxis con licencia de la zona», sin embargo sigue habiendo un coche oficial en el que se desplaza el alcalde. «No queremos enchufados, VOX se compromete a que con carácter general, los puestos de trabajo sean desempeñados por personal funcionario o personal laboral. Por ello se procederá a la eliminación del personal de confianza de libre designación. Se contratará por concurso de méritos«, decía la medida nº 49. Sin embargo, el militante Federico Fernández de la Puente Isusi ya representa al Grupo Municipal como responsable de prensa. Y además posee otra jefa de prensa compartida con el PP para promocionar las labores del pacto de Gobierno, aunque se había comprometido también durante la campaña electoral a la «neutralidad institucional».

En esta materia, Vox Majadahonda preconizaba la «desaparición de los 2 a 14 auxiliares administrativas/técnicos de libre designación que cada partido político tiene. VOX renunciará a estos puestos de libre designación» (medida nº 53), aunque se ignora como se retribuye a su militante Federico Fernández de la Puente Isusi y si se han buscado «resquicios» legales a través de la subvención al grupo municipal o lo han contratado directamente porque no han dado información al respecto. «Se reducirán los puestos municipales de carácter político al alcalde y los concejales en número proporcional al número de habitantes y de contribuyentes, siendo el resto de puestos cubiertos por funcionarios de oposición pública o personal laboral contratado siempre por concursos públicos con absoluta transparencia y objetividad, reduciendo hasta su eliminación total los puestos de interinos y designación directa, ascendiendo los últimos a más de 13 en la actualidad», decía la medida nº 54. El Gobierno PP-Vox posee los mismos asesores que antes (12), aunque se registró la dimisión de 1, que fue sustituido rápidamente por la hija del ex alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano.

En el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Majadahonda celebrado el pasado día 1 de julio, Vox acordó un provechoso reparto en virtud del cual se determinó que las dedicaciones exclusivas se extendían más allá del equipo de gobierno, formado por PP y Vox. Los tres concejales «voxeros» votaban también a favor de esos sueldos para dos concejales de Ciudadanos y otros dos del PSOE. Y por si fuera poco, apoyaron dedicaciones parciales para la práctica totalidad del resto de los representantes: dos con el 75% (uno del PP y otro de Vox) y cinco con el 50% (cuatro de Ciudadanos y uno del PSOE). Con ello se garantizaban el «pacto de silencio» con los otros grupos y que no les afearan su conducta, contraria a lo que habían dicho y prometido en la campaña electoral. Es de destacar, por otra parte, que las dedicaciones parciales, ya sean al 50% o al 75%, son perfectamente compatibles con cualquier otra actividad privada. Y además Vox Majadahonda también ha votado a favor de subir las dietas correspondientes a asistencias a Plenos y a Comisiones. Y los que las cobren no van a salir mal parados, puesto que tales asignaciones se han visto incrementadas en esta legislatura nada menos que un 25% respecto a la pasada. Así, la asistencia a un Pleno ha pasado de 390 € euros a nada menos que 450 €, mientras que las Comisiones Informativas, de 200 € a 250 €.

El acuerdo de Pleno que establece todas estas asignaciones y que fue publicado en el BOCAM el día 1 de agosto de 2019 (una fecha que no es la más propicia para la transparencia y la publicidad), prevé además un aumento generalizado de un 4% en las nóminas de los miembros del equipo de gobierno (PP y Vox) respecto a la legislatura pasada. De esta forma, el alcalde actual cobrará 68.985 euros, mientras que Narciso de Foxá percibía 66.635 euros, los tenientes de alcalde pasan de ganar 63.301 a 65.536 euros y los concejales con delegación de Alcaldía pasan de 56.640 a 58.637 euros. Ahí están los 2 de Vox que querían acabar con los «privilegios» políticos. En la práctica, estos incrementos retributivos, sin contar con los costes adicionales de Seguridad Social y otros, provocan que, cuando concluya la actual legislatura, se hayan pagado en sueldos a concejales con alguna dedicación la friolera de 4,3 millones de euros, mientras que en la pasada el coste fue de 3,5 millones, lo que significa un aumento en el capítulo retributivo de un 25%.

A las retribuciones de los políticos locales hay que añadir dos sumandos más: el coste de los asesores y las asignaciones a cada uno de los grupos municipales. Del segundo, el portal de transparencia del Ayuntamiento no facilita información alguna, pero sí de los asesores, de manera que sabemos que su número, de acuerdo con lo permitido por la ley, permanece en 12 en total, distribuidos en 10 para el equipo de gobierno (PP y Vox), 1 para Ciudadanos y 1 para PSOE. El coste por este concepto, sin Seguridad Social y otros, asciende a los 537.000 euros por año, es decir 2,1 millones al final de la legislatura. En definitiva, el coste para toda la legislatura de la actividad política municipal (sin contar las asignaciones a los grupos municipales para sus gastos de funcionamiento ni las dietas por asistencia a Plenos y Comisiones de los concejales sin dedicación) asciende a 6,4 millones de euros, sumando los sueldos de los representantes políticos (4,3 millones) y los de sus asesores (2,1 millones). Si a esos 6,4 millones le sumamos los costes laborales (Seguridad Social y resto) nos encontraremos con que los majariegos habrán pagado al final de estos cuatro años a sus políticos unos 8,6 millones de euros.