Este martes comenzó el juicio por la muerte de 5 chicas que fallecieron por aplastamiento en el recinto municipal “Madrid Arena” durante la trágica noche de Halloween el 1 de noviembre de 2012. El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, explicaron este lunes durante una rueda de prensa el porqué de las penas pedidas pero a ellos les respondió la madre de una de las víctimas, Isabel de la Fuente, que asistirá a algunas sesiones -“no a todas, porque eso no hay quien lo aguante”-, y que considera que en el banquillo no están todos los que deberían: “Echo de menos a algún político entre los acusados”, aseguró De la Fuente, quien cree que los dirigentes “no solo deben estar ahí para cobrar, sino también para asumir sus responsabilidades”. En concreto, la madre de la fallecida Cristina Arce se refiere a la entonces concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Fátima Núñez, quien a su juicio «debería estar ahora mismo sentada en el banquillo”, informa el periodista Roberto R. Ballesteros de “El Confidencial.com”, que la ha entrevistado por este motivo. Fátima Núñez (PP) es ahora la concejala de Educación, Cultura y Juventud de Majadahonda y fue cesada entonces como responsable de Seguridad y sustituida por Enrique Núñez. No renunció a su acta de concejal pero fue enviada a la Junta de Carabanchel. Luego fue desimputada por el juez y Esperanza Aguirre la envió a Majadahonda. Este lunes, consultada por MJD Magazin, no quiso hacer declaraciones aunque en medios municipales del PP insistieron en que Fátima Núñez “no tiene imputación alguna”.
Fátima Núñez, hoy en Majadahonda
Cuando durante la instrucción del sumario compareció ante el juez, Fátima Núñez sostuvo que su cargo era únicamente «de carácter político» y tenía la función de transmitir a la Policía Municipal y los servicios de urgencias las «directrices generales» del programa electoral de su partido, según reveló su abogado Rodríguez Ramos. La concejala argumentó que, desde el punto de vista de la normativa municipal, el Thriller Music Park fue «una fiesta privada» porque el acceso estaba limitado a los que pagaron la entrada, tenía seguridad interior y contaba con un servicio sanitario propio. «En consecuencia, ni el Samur tiene que estar ahí presente ni la Policía Municipal tiene que estar dentro del recinto», sino que únicamente debe velar por la seguridad en los ámbitos de la vía pública próximos al espectáculo, subrayó su letrado. La hoy concejala majariega explicó que, según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los problemas de orden público corresponden a la Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno. Y su abogado dijo que buscar responsabilidades en ella era «una pretensión imposible, como buscar agua en el desierto. Ya está bien de perder el tiempo distrayendo la instrucción de quiénes generaron los riesgos y quiénes no los evitaron”.
Las 5 víctimas del Madrid-Arena
Sin embargo Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, otra de las jovenes fallecidas, acusó a Fátima Núñez de “falta de respeto absoluta a las víctimas y a lo que pasó en el Madrid Arena el 1 de noviembre” porque se limitó a explicar en sede judicial su «programa político», además de afirmar que su función en la Concejalía era dar «instrucciones políticas» y que tanto la Policía Municipal como los servicios de Emergencias son «autónomos». Felipe Moreno, el letrado de la familia de Rocío Oña, otra de las jovenes muertas, también expresó su «malestar profundo» por «la falta de respeto total y absoluto a las víctimas» de Fátima Núñez en su declaración judicial, «eludiendo todas las preguntas que se le formularon y defendiendo postulados políticos». Asimismo, María José Siñeriz, la representante legal de la familia de Cristina Arce, otra de las víctimas, también abandonó la declaración de Fátima Núñez «por vergüenza torera», porque dio «un mitin político, echó balones fuera y no contestó a nada de lo que se le había preguntado».
“¿Por qué no hay ningún político sentado en el banquillo?”, se ha preguntado el diario “El Mundo”. Y responde: “No se apreció ningún tipo de responsabilidad penal entre los políticos aunque la tragedia sí le costó el puesto a tres concejales de la corporación: Miguel Ángel Villanueva, Fátima Núñez y Pedro Calvo. Antonio de Guindos también dimitió tras ser imputado en un primer lugar aunque fue luego exculpado por el magistrado”. Mientras las madres de las víctimas reclaman ese ya imposible procesamiento de los cargos políticos y la prensa se pregunta por la ausencia de éstos en el juicio, los fiscales son claros: «En primer lugar, queremos expresar el inequívoco compromiso del ministerio fiscal con las víctimas y sus familiares», ha afirmado Caballero Klink. «Las circunstancias de los hechos y la edad de las víctimas hacen que este compromiso se acentúe. La posición del ministerio fiscal está inspirada en el principio de legalidad y parcialidad, aunque esta posición de garante de la legalidad lo es incluso en contra de nuestra posición personal», añadía después. Tres chicas de 18 años (Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce) murieron aquella misma noche a consecuecia de una avalancha dentro del recinto, que duplicaba de largo, según el recuento policial, su aforo permitido. Otras dos jóvenes, Teresa Alonso, de 20 años, y Belén Langdon, de 17, tuvieron que ser ingresadas en estado grave y murieron días después.
Miguel Angel Flores, el organizador de la fiesta
Según el juez instructor, “lo sucedido en el Madrid Arena fue un proceso de integración y concurrencia de codicias, negligencias, dejación de funciones y, permítase la expresión, actuaciones irracionales y temerarias que dieron como el resultado el fallecimiento de cinco jóvenes, casi niñas, que pudo y debió haberse evitado”. Según los fiscales, hubo “una serie de hechos nucleares, de elementos coadyuvantes”, entre los que han citado esta mañana “la falta absoluta de control en la seguridad”, “un desmesurado sobreaforo” y “una falta de atención médica adecuada”. Sobre el aforo, los fiscales han recalcado que el organizador, Miguel Angel Flores, previó una cifra “falsa” de 7.000 entradas y se diseñó el dispositivo de seguridad de acuerdo con esa previsión cuando al final “hubo 20.000 personas” en la fiesta. En realidad, esa cifra también está por determinar, como han insistido los fiscales. Se imprimieron 17.500 entradas, se vendieron más de 5.000 a través de Internet, y “se calcula que pudo haber 23.000 personas” en una fiesta que “se había organizado para 7.000”. Lo que sí parece claro para los fiscales es que el aforo “fue desbordado de manera negligente”, lo que produjo “un riesgo cierto de que algo pudiera ocurrir”. Sin embargo, “no se puede ligar de forma directa” a la muerte de las jóvenes, según la fiscalía”, es “una causa importante pero no determinante”. “Si no, acusaríamos a Flores de homicidio”, han concluido los fiscales.
Fátima Núñez a la salida de los juzgados
El Juzgado 51 de Madrid procesó a Miguel Ángel Flores, pero archivó la causa, sin embargo, contra José María Flores, Jorge Rodrigo Domínguez, José Luis Rodríguez Caamaño, José Ángel Rivero, Iván Somontes, Segundo Eladio, Antonio de Guindos, Alfonso del Álamo y la mencionada Fátima Núñez. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial juzga por lo tanto únicamente a los 15 procesados, después de más de dos años de instrucción, 14.800 folios de causa y una polémica política que se ha alargado en paralelo a la investigación. Esta controversia trasladada a los medios ha provocado que durante este tiempo las autoridades hayan hecho más hincapié en las medidas de seguridad que se tomaban en la organización de macrofiestas. “Ha servido para que haya más control, pero no para cerrar el Madrid Arena”, cosa que según la madre Isabel de la Fuente debería haber ocurrido hace meses. “Los políticos parece que solo están preocupados por hacer caja y por eso han mantenido abierto el recinto a pesar de que no tiene licencia; debería estar cerrado hasta que se la den”, asegura la madre de Cristina Arce.
Flores, el concejal Villanueva y Alaska en una de sus fiestas
A las acusaciones de Flores y Monteagudo, hay que sumar al director general de Diviertt, empresa organizadora de la fiesta, Santiago Rojo Buendía y el jefe de personal de la misma Miguel Ángel Morcillo Pedregal. Asimismo, acudirán en calidad de acusados el exjefe de Seguridad de Madrid Destino, Rafael Pastor Martín, y el excoordinador de operaciones y proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Francisco del Amo López. Completan la lista el que fuera jefe de Operaciones de Madridec, José Ruíz Ayuso; los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde, y el vigilante de seguridad de la misma empresa, Roberto Mateos; el jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero, y los socios de Control 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard. Por otra parte, los médicos Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals Larruga, al frente de los servicios médicos la noche de los hechos, se enfrentan a penas de 2 años y 6 meses de prisión por realizar «insuficientes y deficientes compresiones torácicas» sobre dos de las fallecidas a la vez que «omitieron varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad».
Las sesiones de este juicio oral se celebran en la ‘sala Cero’ de la Audiencia Provincial todos los martes, miércoles y jueves hasta el día 4 de febrero para el interrogatorio de los acusados y las cuestiones previas. A partir del 9 de febrero está previsto que comience la prueba testifical, a la que acuden más de un centenar de testigos. Las sesiones –hay acreditados más de 200 periodistas de 60 medios de comunicación– concluyen a finales de mayo, cuando se prevé que el proceso quede visto para sentencia. Además de los 15 acusados, hay cuatro responsables civiles directos y cinco responsables civiles subsidiarios, siete acusaciones particulares, dos populares (Manos Limpias y el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid) y más de un centenar de testigos que comparecerán para explicar lo que vieron aquella noche (testigos presenciales, familiares, miembros de las fuerzas de seguridad, personal médico, vigilantes de seguridad, etc.).
Fuentes:
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