Majadahonda: La residencia municipal de mayores recibe 6 quejas y 1 millón € en reformas

J. RUBIO/ P. BERBELL. Majadahonda controlará más de cerca la gestión de la contrata de la residencia municipal de mayores “Valle de la Oliva”, según acordaron este martes en el pleno del Ayuntamiento los grupos municipales de la Oposición con el voto en contra del Grupo Popular. Y éste, a cambio, mejorará la instalación invirtiendo 1 millón de euros en su reforma. La concejala María José Montón (PP) fue la encargada de defender la posición del Ayuntamiento y aseguró que las quejas no son ciertas: “en 2016 no se ha producido ni una» mientras que sí admitió que en 2015 “se produjeron 6”. Además, la edil “popular” recordó que la Concejalía recibe informes “trimestrales, semestrales y anuales” de la concesionaria: “somos exigentes con la gestión y ésta se cumple de acuerdo a las necesidades” pero ante los requerimientos de los grupos para que entregara dichos dossieres al recibirlos, sin necesidad de que se los pidan, Montón respondió: “ustedes no tienen interés en el funcionamiento de la residencia y yo no voy a trabajar para darle el trabajo hecho a la Oposición”. Algo de esto reconoció la concejala Irene Salcedo cuando admitió que “por falta de tiempo no hemos podido disponer de dichos informes” y elogió la disposición de la edil popular a proporcionarlos. Controversias aparte, la moción finalmente consiguió salir adelante con 14 votos a favor (Ciudadanos, PSOE, Somos, IU y Centristas) y 11 votos en contra (PP).

“Poner una queja en el propio servicio cuando se tiene una persona dependiente en uno de estos centros es muy complicado porque los mismos a los que denuncias los atienden luego” por lo que “la ciudadanía opta por la denuncia pública pero se la transmiten a los grupos municipales” para que sean estos quienes la formulen. Así argumentaba Irene Salcedo (Somos Majadahonda) su exposición en el pleno del Ayuntamiento de una moción destinada a conocer el estado de la residencia municipal de ancianos “Valle de la Oliva”, que la nueva contratante “heredó” tras la suspensión del contrato de la anterior beneficiaria. Mercedes Pedreira (Centristas) indicaba a su vez que “a veces estas personas no están capacitadas para denunciar” debido a su senilidad. Y así las cosas, ¿cuales son entonces las quejas y denuncias si los ancianos o los familiares no las señalan? ¿Cual es el coste público de estos servicios o cuanto pagan los usuarios? ¿hay criterios objetivos para evaluar la calidad de la gestión? ¿Cuantas reformas lleva ya esta residencia? Y algo más: ¿son ciertas las denuncias o pueden ser acreditadas? De nada de ello se habló en el debate municipal.

«Esta moción viene motivada por la situación de la población mayor que cada día es más grande. Las necesidades de estas personas son cada vez más complejas y más amplias, ya que aumenta la esperanza de vida”. Según Salcedo, el estado de conservación no es el adecuado y lo ilustró con algunas fotografías correspondientes a las zonas ajardinadas de esta residencia de ancianos: “bancos rotos, periódicos y compresas en el jardín de nuestros abuelos”, dijo la concejala, que reclamó una simple “poda” en el jardín, que padece un estado “lamentable”. «En las ultimas semanas hemos recibido quejas vecinales sobre el servicio que prestaba”, añadió Salcedo, que instó al Equipo de Gobierno a realizar las «inspecciones cuando sean necesarias para supervisar el cumplimiento del servicio y en caso de detectar incumplimiento, penalizar» porque “nos conformamos con la información que proporciona la empresa”. Pero el Ayuntamiento, siempre dispuesto a arreglar con obras las quejas vecinales, se empleará en una reforma en la que gastará el citado millón de euros.

Alfonso Reina (Ciudadanos) fue especialmente duro en su intervención y señaló que «observamos inoperancia, falta vigilancia en los contratos, actitud, agilidad y soluciones”, al tiempo que puso de relevancia la “falta de información” de la que disponen el resto de grupos municipales para desempeñar su papel. Mercedes Pedreira (Centristas) mostró su conformidad con la moción y destacó que la residencia «tiene la obligación de señalizar que es una concesión municipal” y añadió que “todo lo que sea controlar las concesiones municipales tiene mi apoyo”. Juancho Santana (IU) indicó que «con esta residencia tenemos que estar especialmente vigilantes para que no pase lo ocurrido en el pasado», una posición similar a la de Elisa Piñana (PSOE) que sostuvo que «es un tema muy urgente porque el deterioro de la residencia es muy grande» y «debe hacerse un seguimiento muy sensible».

Fotos de la residencia proporcionadas por la empresa: