MANU RAMOS. La seguridad en Majadahonda, a pesar de poseer un destacamento de la Guardia Civil y otro de Policía Municipal, suspende en prevención y eficacia. El Ministerio del Interior acaba de hacer públicos los datos relativos al primer trimestre de 2019 (enero a marzo) y el panorama no puede ser más desolador: en 3 meses se han asaltado 68 casas en Majadahonda (robos con fuerza en domicilios (+30,8%) y 20 comercios (robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones (+33,3%). También se han producido 12 robos con violencia e intimidación (-47,8%) y 348 hurtos (-7,9%) además de 10 sustracciones de vehículos (+100%). Por si fuera poco, han existido 3 homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (+100%), 5 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias (-50%) y 4 delitos por tráfico de drogas (+300%). Las mujeres y menores tampoco están a salvo: 7 delitos contra la libertad e indemnidad sexual (+40%) hacen que el total de infracciones penales sea de 997 (-0,6%), ya que se perpetraron otros 520 delitos tipificados como «resto de infracciones penales» (+1%). Demasiado para una ciudad tranquila y apacible como Majadahonda, ya que eso supone que se producen 11 delitos al día.

EDITORIAL. La Seguridad en Majadahonda es quizás la primera asignatura pendiente de la nueva corporación y los datos del Ministerio del Interior son clamorosos. Los responsables de tan alarmante número de delitos en solo 3 meses son únicamente los malhechores y delincuentes (esto hay que tenerlo muy claro), que se benefician de una legislación laxa que no disuade, penalizando los lógicos mecanismos de autodefensa en los asaltos a la propiedad privada ni tipifica la multirreincidencia. La saturación carcelaria y judicial también abona esta catastrófica situación, al igual que la sensación de impunidad o castigo «low cost» que pueden tener los ladrones, homicidas, abusadores sexuales, violentos y desquiciados que pululan por nuestras calles. Urge abordar el tema y para ello la Junta de Seguridad de Majadahonda debe ser más diligente: necesitamos saber quienes son los grupos de riesgo, las horas de máxima alarma, las situaciones de impunidad que se producen… Los agentes se quejan de falta de efectivos y de pésima coordinación y distribución de funciones. La Justicia está desbordada y es hipergarantista. Y la transparencia en esto es fundamental, cuando en la legislatura que termina todo han sido opacidades, trabas, obstáculos y actitudes que en varias ocasiones han rozado la inconstitucionalidad por parte de algunos de sus mandos.

¿Que barrios y urbanizaciones han sido los más asaltados? ¿A que horas? ¿nocturnas, vespertinas o diurnas? ¿Que comercios, bares, restaurantes o bancos? ¿Eran menores, extranjeros, indocumentados o reincidentes los agresores? ¿Que tipo de coches roban, a que horas y en que lugares? ¿Quienes son las víctimas de las agresiones sexuales y en que circunstancias? ¿Los hurtos donde se producen y sobre que grupos de riesgo? ¿Usamos a la prensa local para lanzar campañas de concienciación y prevención? ¿Trabajamos la complicidad de los medios para ayudar a capturar a los malos? Con la Justicia la colaboración es ejemplar, pero ¿puede decir lo mismo Policía Municipal y Guardia Civil? El Colectivo Profesional de Policía de Majadahonda (CPPM) se ha desgañitado clamando más eficacia y ha puesto el dedo en la llaga de los errores de algunos de sus mandos, que piensan más en salir en la televisión para su promoción personal o en la jubilación, antes que en la delicada tarea que tienen entre manos. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exactamente igual.

Teniendo un apoyo tan mayoritario e incondicional de la prensa y de la sociedad civil, no es de recibo tan alta tasa de delincuencia en un municipio tolerante y abierto cuyas salidas viarias podrían ser fácilmente bloqueadas y cuya tecnología (cámaras) debería servir para inhibir o disuadir a los malhechores. ¿Detenciones? Ni siquiera figuran en el balance y convendría un mayor seguimiento sobre la eficacia policial. Falla también la comunicación estrepitosamente y los mandos tampoco están preparados para ello, dejándose llevar por el amateurismo. La anterior corporación basó su política de seguridad en negar las estadísticas y meter los datos debajo de la alfombra. Hoy es ya un secreto a voces que Majadahonda, con tan alta tasa de delincuencia, no es una ciudad segura. Es urgente abordar la reorganización de los cuerpos y fuerzas de seguridad porque el suspenso es clamoroso.